Nadie puede negar que Arturo Zaldívar es un abogado realmente inteligente. Pero para quienes lo conocen bien, saben igualmente que es profundamente cínico y mentiroso, como quedó de manifiesto en la entrevista que le dio a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula la semana pasada como un control de daños a fin de evitar que la caracterización que Andrés Manuel López Obrador hizo de él como cabeza la Suprema Corte de Justicia, dañe su imagen -que es lo que más le preocupa-, y lo muestre como lo que realmente es, cómplice del presidente para la persecución de sus enemigos políticos.

Zaldívar, que fue abogado del empresario preferido de López Obrador, Carlos Slim, al grado incluso de haber litigado algunos de sus asuntos cuando ya era ministro, y que tiene varias investigaciones abiertas en la Suprema Corte por presuntos abusos de autoridad y corrupción, no llegó por este presidente al Poder Judicial sino por Felipe Calderón, pero sí fue durante el actual gobierno donde se realizó una estrategia para hacerlo su máxima autoridad, cuyo de cabildeo político llevó a cabo el ex consejero jurídico Julio Scherer.

En un principio parecía que el objetivo en Palacio Nacional era llevar a un ministro que se había distinguido por sus resoluciones sobre la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo y la secuestradora francesa Florence Cassez, y capitalizar en el gobierno su fama pública. Gradualmente se empezó a ver que, por agradecimiento u oportunismo, Zaldívar fue aceptando cada vez más, participar en acciones que no solo violentaban la autonomía del Poder Judicial, sino que se alineaba al objetivo de López Obrador para atacar el régimen vigente y que para instaurar el suyo, requería del apoyo judicial para perseguir a sus enemigos.

La mayor transgresión al orden democrático mediante la imposición de un modelo autoritario, se dio con la creación del llamado Grupo de Judicialización, una idea de Scherer. Lo adscribió al Centro Nacional de Inteligencia porque originalmente el objetivo era disponer de un cuerpo jurídico altamente especializado que pudiera actuar de manera expedita contra el crimen organizado, con un equipo de ministerios públicos que trabajaran coordinadamente con las áreas de inteligencia del gobierno y con el Poder Judicial. Ese propósito se desvaneció porque el presidente optó por no enfrentar a los cárteles de las drogas.

En seguimiento al comportamiento que estaba teniendo López Obrador, el Grupo de Judicialización cambió su misión. La prioridad se estableció en políticos, funcionarios del pasado y empresarios. En las reuniones semanales que realizaban se escogían los blancos en función de las necesidades políticas del presidente. Santiago Nieto, a la sazón jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, hacía la investigación y le entregaba a la Fiscalía General. El problema, en la mayoría de los casos, es que no se podían judicializar por la deficiente documentación que entregaba Nieto, pero eso era menos importante, porque más que meter a la cárcel a los enemigos de López Obrador, lo que hacía era lincharlos en la mañanera y enjuiciarlos socialmente.

El Grupo de Judicialización sigue siendo uno de los secretos más celosamente guardados del gobierno, por su mecánica de operación. Fue el instrumento para utilizar las leyes con fines políticos, sin importar que fueran violadas en el camino. No había interés en el estado de Derecho, por lo cual se cuidó que su existencia y funcionamiento no trascendiera para mantener el discurso de autonomía de autonomía e independencia de la Fiscalía General y el Poder Judicial. Zaldívar no iba a esas reuniones, pero enviaba a su representante, incondicional colaborador, que también llevaba su voz y voto a las reuniones sobre el Caso Ayotzinapa, donde se construyó con pruebas falsas la versión alterna de la desaparición de los normalistas en Iguala, que tiene metido al presidente en un hoyo histórico.

Zaldívar atendía paralelamente los asuntos personales de Scherer y de Gertz Manero. En el primer caso, reforzaba, a través de sus brazos operativos, las presiones del consejero a jueces y magistrados en el país para que sus fallos se ajustaran a lo que él deseaba. Cuando renunció en septiembre de 2021, en varios juzgados sintieron que respiraban de nuevo, aunque se toparon con la realidad vigente: las amenazas que les enviaba Zaldívar si no atendían la línea que les marcaba era que los trasladarían de juzgados, lejos de donde vivían y a zonas en conflicto. En el segundo caso, Zaldívar apoyó completamente a Gertz Manero en la persecución a su familia política, y cooperaba con enviar otros casos del interés presidencial y del fiscal, a jueces de consigna.

Zaldívar se fue ganando la confianza del presidente por la forma eficiente como ejecutaba sus deseos. En marzo de 2021, a petición de López Obrador, se mostró dispuesto a abrir una investigación contra el juez Segundo de Distrito, Juan Gómez Fierro, por otorgar amparos contra su ley eléctrica, por lo que fue atacado en la mañanera. Antes había forzado a Eduardo Medina Mora a renunciar, en coordinación con la Fiscalía General que lo investigaba por presuntos actos de corrupción, para permitir al presidente ir incorporando a sus ministros y colonizar la Corte.

Zaldívar se fue sumando a las ministras de Palacio, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, para votar de acuerdo a las instrucciones de López Obrador en varios temas, como declarar que el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa era constitucional, o servirle para objetivos de corto plazo, como haber renunciado un año antes de terminar su gestión, para permitirle que pusiera una ministra del ala radical de la cuatroté, Lenia Batres, que será instrumental en la demolición del orden democrático en el país, a partir del edificio democrático que se ha construido por lustros.

López Obrador no ha podido ser más rápido en la regresión democrática del país porque los contrapesos se lo han impedido. Zaldívar buscó que todo fuera expedito, sin alcanzar su objetivo porque la mayoría de los ministros de la Corte actuaron con la autonomía e independencia que el ministro entregó a López Obrador. Ahora, por instrucciones del presidente, pero cobrando en la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, Zaldívar prepara una reforma al Poder Judicial acorde con los deseos y necesidades de López Obrador. Objetivamente hablando, la descripción que hizo el presidente de él, como su operador político en el Poder Judicial, lo descalifica para negociar cualquier reforma, pero Zaldívar es lo suficientemente cínico para querer seguir navegando como si nada hubiera pasado.