Arturo Zaldívar cultiva la tesis de que el expediente anónimo en su contra impulsado por Norma Piña, y anticipado en exclusiva por LPO, fue elaborado por Santiago Creel en consonancia con el ministro Luis María Aguilar. Ambos habrían facilitado los datos y las pruebas a Norma Piña que activó la persecución de su antecesor en la presidencia de la Suprema Corte.

Cerca de Zaldívar cuentan que el movimiento también fue propiciado por el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, que en las últimas horas protagonizó un acto con Piña.

Debe decirse: no son planteos ilógicos porque cuando Zaldívar buscaba reelegirse como mandamás de la Corte, desde la embajada de Estados Unidos se registró una fuerte operación para evitar que así sucediera bajo el argumento de que debilitaba la certeza jurídica para los capitales estadounidenses con presencia en México.

Debe agregarse otro detalle: entre los jueces supuestamente presionados por Zaldívar, habría dos casos concretos de funcionarios extremadamente cercanos a la representación diplomática. Uno de ellos muy allegado a la DEA.

Aguilar se jubila en siete meses y Zaldívar cree que su papel en la trama obedece más a algún tipo de consonancia que Aguilar tiene en la 4T y que busca descarrilar cualquier posibilidad en favor de Zaldívar en un eventual sexenio de Claudia Sheinbaum. Evidente: basta con ver quienes aspiran a los mismos cargos que Zaldívar.

Un tamiz similar se puede aplicar en el caso de Creel, que tiene una relación de buen diálogo con Adán Augusto López Hernández y con el general Luis Crescencio Sandoval.