A casi 12 años de que Mexicana de Aviación dejara de volar por la quiebra, sus 8,500 empleados y 650 jubilados, 37 de ellos ya fallecidos, siguen sin recibir sus compensaciones económicas y sus diferencias con la secretaria de Trabajo Luisa María Alcalde, no han sido escuchadas, lo que pronostica un panorama de más retrasos y trabas.

En diálogo con LPO, el sobrecargo Fausto Guerrero Díaz, Presidente de la Asociación de jubilados, trabajadores y extrabajadores de la aviación mexicana (AJTEAM), habló sobre los laudos dictados en 2016 y 2019 para los ex trabajadores de la aerolínea, su rechazada propuesta de una cooperativa impulsada con el dinero que quedó y las diferencias entre los sindicatos y la autoridad para que puedan recibir su dinero.

El proceso jurídico se ha visto entorpecido por la disparidad de opiniones entre los sindicatos, una percepción de favoritismo para unos y la injustificada desaparición de cerca de 600 millones de pesos de la propiedad de Mexicana de Aviación que quedó tras su extinción, pues el síndico a cargo, Alfonso Ascencio Triujeque, no ha dado explicaciones y se ha negado a reunirse con los afectados.

¿Qué pasó tras la caída de Mexicana de Aviación?

Los juicios que se llevaron a cabo para poder tener acceso a una parte de los bienes de Mexicana, desencadenaron en laudos, el primer laudo que salió que se inició fue el nuestro, el de los jubilados, desde el 2 de septiembre de 2016. Derivado de esa situación pues nosotros llevamos a cabo el proceso de embargos, de los bienes para poder rematarlos para cubrir el tema de nuestra pensión, sin embargo, con el tiempo la propia junta fue deteniendo nuestro juicio porque si se hubiera ejecutado, los jubilados nos habríamos llevado todo el dinero, hay que decirlo fuerte y claro, porque de los bienes de mexicana queda muy poco. Para los siguientes laudos ya no habría quedado nada, lo entendemos perfectamente.

¿Cómo procedió la autoridad?

Nos pusieron trabas, el propio síndico que es administrador de los bienes de Mexicana de Aviación, nos puso un sinfín de recursos jurídicos migratorios que no iban a modificar nada, pero simple y sencillamente eran para alargar el proceso. Mexicana de Aviación estaba compuesta por tres sindicatos, el de pilotos, el de empleados de tierra, y el de sobrecargos, al cual nosotros pertenecemos; pero adicionalmente tenían empleados de confianza que formaron una coalición y de esa forma fueron representados ante la Junta Federal, todos los trabajadores activos obtuvieron un laudo también en junio de 2019 y embargaron los mismos bienes que nosotros. La junta sacó una resolución completa englobándolos a todos y emitió un laudo de 5,500 millones de pesos, que incluye una indemnización por 24 meses a cada trabajador, dependiendo de su salario. Este grupo está encabezado por Arturo Alcalde, padre de la secretaria de Trabajo Luisa María Alcalde. Lo que nosotros percibimos es un total favoritismo. Mientras a nosotros nos pusieron un sinfín de trabas para que no se pudiera ejecutar nuestro laudo, a ellos les dieron luz verde de tal forma que en el 2019 la propia Junta les iba a rematar los bienes y liquidarlos. En cambio a nosotros, con el pretexto de que había recursos jurídicos por resolver, nos estaban dejando a un lado. En consecuencia, hicimos presión social, cerramos la Secretaría (del trabajo) y la Junta federal. De ahí la propia junta general nos invitaron a dialogar para encontrar un punto de acuerdo de cómo se repartirían los recursos provenientes del remate de los bienes.

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¿Por qué se negó el desahogo de los laudos que ya se habían pactado?

El síndico en aquel entonces nos informó que de los bienes de Mexicana quedaba ya muy poco, quedaban las marcas, un concepto de adiestramiento, dos almacenes fiscales, un edificio en México, uno en Guadalajara y muebles varios por un monto aproximado de 1,100 millones de pesos. Evidentemente si tenemos un laudo para los trabajadores que vale 5,500 y otro laudo de los jubilados que valen 3,000 millones, estamos hablando prácticamente de 9,000 millones de pesos. Si solo hay 1,100 pues evidentemente no alcanza para cumplir los laudos de nadie, así que debíamos ponernos de acuerdo.

¿Cuál es su última propuesta para resolver el conflicto?

Nuestra última propuesta fue ejecutar los laudos, sabemos que no nos va a alcanzar, pero hasta donde se pueda. Es decir, si alcanza para cinco meses, que así sea para todos y se reparta de forma equitativa. La respuesta de los sindicatos, comandados por Arturo Alcalde, fue que, si alcanzaba para cinco meses, deberían ser ocho meses para ellos y dos meses para nosotros. Todo esto con el argumento de que tienen un mejor derecho, él planteó la ruta y dijo que la Ley Federal de Trabajo establece que primero van los trabajadores y luego los jubilados en orden de atención, así que de acuerdo con Don Arturo se tendrá que cubrir el laudo de los trabajadores y si alcanza, será para los jubilados, si no alcanza nada pues no tendremos nada. Nuestra postura jurídica, y la vamos a defender, es que somos trabajadores en retiro, porque así está establecido en el laudo, y el primero en tiempo, primero en derecho. Nuestra resolución se dio en 2016, el de ellos lo iniciaron tres años después, en 2019. Esto implica que nos vayamos a un juicio largo donde una autoridad que no sea la junta federal, en el que el Poder Judicial lo va a resolver. Lamentablemente no llegamos a ningún acuerdo.

¿Por qué no se concretó?

El 17 de febrero, como la Junta de Trabajo ya no nos contestaba las llamadas ni los escritos, solicitamos por escrito una respuesta. Preguntamos que qué se había resuelto, el tiempo seguía pasando y los compañeros seguían falleciendo, el centro de adiestramiento de Mexicana está trabajando al 100% y de ese dinero nosotros no recibimos ni un solo centavo. Por eso exigimos que se reinstalara esto. Fuimos atendidos por la Secretaría de Trabajo, llevamos dos reuniones, se nos prometió que en la tercera reunión los sindicatos se iban a sentar a la mesa con una nueva propuesta, pero no asistieron, tampoco hubo otra propuesta.

Lo más grave de todo es que de esos 1,100 millones, según el síndico, Alfonso Ascencio Triujeque, ahora resulta que solo hay 440. Hay 600 millones de pesos perdidos. Nosotros le pedimos a la Secretaría de Trabajo que el síndico entregue un listado de los bienes y que explique cómo es que de 1100 solo hay 440. La respuesta de la Secretaría del Trabajo fue que el síndico no le había dado la información. Entonces cerramos la última reunión. Esperaremos que el proceso jurídico avance y se determine quien tiene ese "mejor derecho". Ahora depende de la Secretaría esclarecer con el síndico cuáles son esos bienes. ¿Dónde quedaron esos millones? Hasta este 18 de abril le mandé un nuevo mensaje y no nos han contestado absolutamente nada. Solo él tiene el listado de las propiedades, jurídicamente es el único que tiene la autoridad para custodiarlos, administrarlos y en su momento rematarlos. Fue él mismo el que dio la cifra oficial y el que después declaró que solo había 440 millones de pesos. Fue citado a una reunión en marzo y no acudió, y la Secretaría de Trabajó se declaró incompetente para exigirle al síndico explicaciones.

¿Cree que hay alguna intención escondida entre Alfonso Ascencio Triujeque y los sindicatos dirigidos por Arturo Alcalde?

Arturo Alcalde quiere desconocer nuestro laudo para favorecer el de sus representados. Nuestra hipótesis es que en una cooperativa los sindicatos no tienen cabida. No hay cuotas sindicales, no hay poder ni económico ni político y por otro lado suponemos que ellos ya tienen clientes para comprar los bienes a precio de remate, de esa forma seguir el pasivo laboral. Lo que están pidiendo ellos es que los apoyen para sacar adelante una nueva empresa, pero ya sin beneficiar a sus trabajadores y jubilados, si no a un pequeño grupo. Insisto, es una hipótesis, no lo puedo probar. Nosotros propusimos la cooperativa y ellos dijeron que no ¿entonces que quieren? Porque para echar a andar esa empresa se van a ver en un problema por los litigios que tenemos. Parece que pretenden darnos estas migajas, que nos demos por liquidados y ya se limpia el problema y así pueden echar a andar la nueva empresa.

Esa es la triste realidad de Mexicana de Aviación en la que los trabajadores fuimos robados por Gastón Azcárraga y su grupo Posadas, en complacencia con el gobierno de Calderón y en donde Peña Nieto lejos de resolver el problema solo administró. En este gobierno nos brindan una de las oportunidades más claras para echar adelante la empresa y las diferencias sindicales niegan o rechazan o desprecian el apoyo del presidente.

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¿Qué se necesita para que se resuelva su propuesta del desahogo de los laudos?

Que echen a andar el trámite de los laudos. Tiene que venir un avalúo por parte de la junta federal, posteriormente el remate de los bienes y luego la repartición. Si no nos dan razón de lo que pasó con los 600 millones que faltan haremos un escrito a la secretaria Luisa María Alcalde y si no nos da una respuesta nos veremos obligados nuevamente a salir a protestar a las calles.

¿Ha habido comunicación con Luisa Alcalde?

Si, hubo una reunión. Quiero decirle que fue muy corta, quizá hasta muy poco amigable y sensible con el tema de los jubilados. Solo nos preguntó qué necesitábamos y le dijimos que caminara el tema jurídico y que por supuesto nos estábamos de acuerdo con la postura de su papá de desconocer nuestro proceso jurídico.

¿Ha habido otra respuesta por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador?

Hemos mandado varios escritos, pero lamentablemente no hemos tenido respuesta. Los jubilados estamos en el limbo. Llevamos una carrera contra el tiempo por las edades. Entre más pasa el tiempo más compañeros fallecen. Hago un llamado a la secretaria Luisa María Alcalde para que en apoyo al presidente no permita que se tuerza la ley y se beneficien unos grupos sobre otros. A nosotros los jubilados nos queda perfectamente claro que el que nos robó fue Azcárraga y finalmente no tendríamos por qué luchar entre nosotros. Hay laudos que se mantienen firmes y solicitamos que se cumplan hasta donde alcancen los recursos. Nosotros los jubilados continuamos en la mejor disposición de entregar los bienes embargados al Gobierno Federal a efecto de crear una mejor opción que la de rematar los bienes de Mexicana de Aviación y beneficiar a un tercero.