Luego de haber adherido hace días a la propuesta del PRD y del PAN para poder entrar en el debate sobre el tema, el grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa presentó  su propia Iniciativa de Ley para expedir la Ley Electoral de la Ciudad de México.

Entre sus ejes, el proyecto plantea encarcelar sin derecho a fianza a quien compre el voto, así como la cancelación del registro al partido político al que pertenezca el infractor de la norma. En dialogo con La Politica Online, el coordinador de la bancada en Donceles, César Cravioto, aseguró: "Ya existen procesos probados de ese delito, pero no hubo nunca sanciones al respecto. En nuestra propuesta, sería el Instituto Electoral de la CDMX el responsable de aplicar las penalidades", dijo.

Entre los casos a los que se refiere, Cravioto destacó "la entrega de tinacos o despensas, o programas en zonas vulnerables, como lo que el PRI estaria haciendo ahora en Edomex".

La Iniciativa establece, además, destituir e inhabilitar al servidor público que indebidamente intervenga en procesos electorales y evitar candidaturas heredadas de funcionarios a sus parientes. "Planteamos que, si algún funcionario quiere formar parte de campaña o militancia, pueda hacerlo, pero los fines de semana fuera de su horario laboral", explicó.

Además, piden sancionar a quien incumpla con los compromisos de campaña, para que exista "congruencia entre el contenido de la plataforma electoral y el programa de gobierno".

Agregó que para ampliar los derechos de participación ciudadana, pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las alcaldías, "antes de adoptar medidas administrativas o legislativas que pudieran afectarlos".

"Queremos impulsar consultas ciudadanas cuando se trate, por ejemplo de obras de gran escala como la del CETRAM, que quieren privatizar para explotación privada y afectaría a miles de vecinos", especificó 

Ademas, solicitan realizar referendums para la revocación de mandato cada tres años. "No estamos de acuerdo con la cantidad de requisitos que piden otros partidos para poder quitar de su puesto a quien no cumpla con sus compromisos o no cumpla con la expectativa ciudadana. Queremos que el proceso sea más accesible tanto para jefes de gobierno, como diputados o alcaldes", señaló Cravioto.