Es un misterio por qué algunos casos logran conmover incluso a las sociedades más anestesiadas. Pero ocurre. La primer reacción de los gobiernos ante una crisis suele ser negarla. "Ya va a pasar", es la receta que sugiere esa mezcla de pereza intelectual y aislamiento que produce la adormidera del poder.

Pero en este caso todo fue y sigue siendo peor. El bloque oficialista -que trasciende largamente al Gobierno e incluye voceros oficiosos- eligió el tortuoso camino de magnificar un supuesto terrorismo mapuche, como una remix solapada del "algo habrán hecho", la misma operación intelectual de desplazar la culpa hacia la víctima.

Es culpable la madre que demora el ADN, son culpables los mapuches que no dejan pasar a los investigadores, es culpable el propio Santiago Maldonado porque viaja a Chile, porque es artesano, porque se cambia el nombre, porque atacó a un puestero o porque simplemente estuvo en el lugar equivocado en el momento menos indicado.

Es culpable la madre que demora el ADN, son culpables los mapuches que no dejan pasar a los investigadores, es culpable el propio Santiago porque viaja a Chile, porque es artesano, porque se cambia de nombre o simplemente por meterse donde no debía.

La ministra Patricia Bullrich acaso creyó que le hacía un favor al Gobierno cuando se cerró en la defensa de la sospechada Gendarmería y dijo en el Senado que lo hacía porque "yo me la banco". Sí, dijo eso.

Es curioso como evolucionan las personas. Como si provenir de la izquierda, incluso revolucionaria, los obligara ya de grandes a sobreactuar una dureza de derechas de caricatura. Como si se vieran obligados a desmontar cada una de aquellas viejas convicciones, en una parábola que no hace sino enhebrar una misma intolerancia.

Nada de todo esto le hace bien al Gobierno, que se cierra sobre una postura que los deja enojados y a la defensiva. Cuando lo más sencillo sería enfrentar el problema: Pudo ser la Gendarmería, lo vamos a investigar y caerán los que tengan que caer. Y sobre todo: Para qué enredarse en la discusión sobre si es o no una desaparición forzada. Los ecos de esa negativa no traen nada bueno. Falta sensibilidad política o sobra revanchismo. En cualquier caso, es nocivo.

Pero la polarización genera estas confusiones. Si los kirchneristas apoyan el reclamo, si los gremios docentes, las Madres, los piqueteros, los actores, hacen del caso una bandera, esto es una maniobra de desestabilización y la mejor manera de desbaratarla es confrontar, cerrar filas y demonizar a los que nos buscan demonizar.

Y así estamos, con un Gobierno acusado de desaparecer gente y una oposición acusada de fomentar el terrorismo. Pero no son los 70, los mapuches no son los Montoneros y Macri no es Videla.

Lo que falta es tan obvio como ausente. Serenarse, regresar al punto de partida, allá en esa estepa desolada, a trabajar profesionalmente en la investigación. Y sobre todo, como Estado, garantizar que no habrá impunidad ni encubrimiento. Algo en ese sentido empezó a transitar Marcos Peña en su exposición ante los diputados.

No se trata de bancarse nada, sino de averiguar donde está Santiago Maldonado y que fue lo que pasó. Se podrían hacer tantas cosas para demostrar esa convicción: Desde nombrar a un fiscal especial, de renombre y prestigio, hasta solicitar la cooperación de fuerzas internacionales de probada capacidad de investigación. Tantas cosas.

Todo hubiera sido más sencillo si al inicio prevalecía el sentido común. Ahora es una crisis de primera magnitud y el desenlace tendrá consecuencias políticas. Pero para eso el presidente tiene ministros, para que absorban el costo de las decisiones equivocadas y el Gobierno pueda corregir y continuar su marcha. 

En los noventa, Carlos Menem tuvo que suprimir el servicio militar obligatorio para salir por arriba del laberinto de la muerte de Carrasco. Fue una respuesta que entendió que por sobre el caso concreto, la crisis había adquirido tal dimensión que era necesario además de investigar, ofrecer una respuesta política de la misma escala.