Más allá de las especulaciones en torno a una presunta "luna de miel" ampliada que, pareciendo confirmar el carácter inédito que el fenómeno Milei genera en la opinión pública, da muestras de trascender ese "periodo de gracia" que analistas políticos e historiadores suelen situar en los 100 primeros días de gestión, es innegable que el gobierno ya comienza a transitar un segundo semestre que se avizora como socialmente crítico.

Más allá de los "éxitos" que el gobierno destaca en la macro (superávit financiero, reducción del déficit, etc.), lo cierto es que los datos de la economía real dan cuentas de que nos adentramos en un contexto muy complejo y desafiante para un gobierno que se encuentra en manifiesta minoría en el Congreso de la Nación, que no tiene inserción territorial en las provincias, y que evidencia una actitud intransigente rayana con el dogmatismo.

El consumo se desploma, y se hace sentir en la recaudación de impuestos como el IVA, los combustibles o el cheque. Varias consultoras dan cuenta de una caída en el consumo de al menos 4% en forma interanual registrada en febrero último, dato que para la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) viene afectando con particular crudeza a las pymes, cuyas ventas disminuyeron el 25,5% en febrero. Un sector que, además, ya comenzó a recibir tarifas eléctricas muy abultadas que amenazan con tornar insostenible muchas de estos emprendimientos y actividades que son tan importantes en lo que respecta a la generación de empleo forma en el país.

Las proyecciones en la industria también son sombrías, ya que en los principales sectores se trabaja muy por debajo de la capacidad instalada. Algunas industrias, como las del complejo automotriz, han parado temporariamente plantas o líneas de producción, lo que implica una reducción de los ingresos de los trabajadores suspendidos. Un escenario que, a la luz de las perspectivas de corto plazo, es el paso previo a los despidos que -según ha trascendido- ya programan muchos sectores industriales.

A todo ello se suma no solo la reducción de contratos y despidos en el Estado, sino también la destrucción del empleo informal a consecuencia de la profundización de la crisis.

Y eso que todavía no se han registrado los efectos más profundos de la profunda recesión que, se estima, representará una caída del producto bruto del 4% para este año.

Frente a este complicado escenario, los anuncios recientes del gobierno nacional no son a todas luces suficientes para intentar compensar, aunque sea parcialmente, la abrupta caída del poder adquisitivo de los salarios que se registra en los últimos meses. Hablamos de los aumentos para la tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo (AUH), los bonos para los jubilados y el confuso decreto que fija un nuevo índice de actualización, o el lanzamiento de los acotados vouchers educativos. A ello habría que añadirle las dificultades que viene evidenciando el Ministerio de Capital Humano para garantizar una amplia cobertura alimentaria, y las evidentes carencias que muestra el Ministerio de Salud para enfrentar la inédita epidemia de dengue.

Sin embargo, el gobierno parece seguir enamorado de esa suerte de gobernabilidad anclada en las encuestas, que el propio Milei comparte asiduamente en sus hiperactivas cuentas en redes sociales. Si bien es cierto que los niveles de aprobación de la gestión y la imagen presidencial se mantienen altos pese al brutal ajuste, y la asignación de las responsabilidades de la crisis parece recaer mayoritariamente aún en el gobierno anterior, algunas encuestas comienzan a mostrar algunos matices que podrían indicar señales de alerta. En particular, cabe mencionar una reciente encuesta de Analogías, que da cuentas de que la percepción mayoritaria es que el ajuste no está recayendo sobre la casta, mantra que constituye el núcleo del relato oficial: así, mientras que para el 55,3%, se está ajustando principalmente a los trabajadores y jubilados, solo el 26% indica que la más perjudicada es la casta.

Así las cosas, en un contexto en el que la licuadora sigue siendo más significativa que la motosierra, y en el que aún prima en la mayoría de la opinión pública una percepción que podría definirse como de "ajuste con expectativas" que todavía apuntala la "tolerancia social" a las políticas de shock, la sostenibilidad en el mediano plazo pareciera depender muy fuertemente de un repunte de la actividad en el segundo semestre.

Aún convencido de que finalmente se materializará su modelo teórico de la V, que indica que tras la abrupta caída sobreviene un repunte de la misma magnitud, la estrategia mileísta de seguir abriendo nuevos focos de conflicto en nombre de su supuesta "batalla cultural" -recientemente el revisionismo con respecto al terrorismo de Estado- sin aún cerrar otros frentes acuciantes que siguen abiertos y sin soluciones a la vista, profundiza los interrogantes.