El presidente Javier Milei encara lo que muchos vaticinan será un segundo trimestre muy complejo en lo económico y altamente desafiante en lo político, con una gobernabilidad que parece anclarse casi exclusivamente en los altos niveles de aprobación de gestión e imagen presidencial.

La última medición nacional de la consultora Aresco, llevada a cabo en un mes de marzo donde ya el escenario recesivo se hizo sentir con fuerza en los bolsillos, es una clara evidencia de ello: no solo el 56% de los argentinos aprueba la gestión, sino que incluso el 57,5% volvería a votar a Milei en un ballotage.

Un fenómeno a todas luces inédito, que da cuenta de que las frustraciones acumuladas, el hastío y el descrédito de los dos últimos gobiernos y de la dirigencia política tradicional, son emociones que calaron muy hondo en amplios sectores de una ciudadanía que parece aferrarse a la idea de cambio a como dé lugar, casi como si se tratara de una "última oportunidad" tanto personal como colectiva, lo que explicaría -en gran medida- los altos niveles de tolerancia a un ajuste percibido como un "sacrificio" inevitable.

Lo cierto es que en este escenario ha venido configurándose una situación anómala y de naturaleza eminentemente paradojal, que podría resumirse en el axioma "ajuste con expectativas". Es en esta dimensión de las expectativas donde, sin lugar a dudas, reside tanto la principal fortaleza actual del gobierno como las potenciales amenazas de cara a un futuro próximo que se revela como mucho más difícil.

Es que, en un escenario donde el efecto combinado de "licuadora" y "motosierra" ya ha hecho estragos en los salarios, las jubilaciones y la actividad económica, y en el que el gobierno no ha logrado aún plasmar los cambios y reformas prometidas en el plano normativo, cada vez resulta más difícil recrear expectativas por fuera de la dimensión simbólica.

Ello explica el uso y abuso que el gobierno viene haciendo de la narrativa anticasta, proponiendo constantemente una interpretación de la realidad y los desafíos que el gobierno enfrenta, basada en el discurso antipolítico. Así, la intransigencia se justifica por el rechazo a los "curros" de la política, el consenso se rechaza por asimilarlo al "contubernio" o las "componendas" de la dirigencia tradicional, y hasta las propias torpezas o errores no forzados se intentan camuflar como "palos en la rueda" de quienes se niegan a ceder en sus privilegios e intereses espurios.

Una narrativa que se procura alimentar con planificadas dosis semanales de "noticias" basadas en el "principio de revelación": resultados de auditorías del Estado, ejemplos de despilfarros en los recursos públicos, privilegios y abusos que se destapan, y otros escándalos que buscan mantener vivas las llamas de la indignación de amplias franjas de la ciudadanía que sufren las consecuencias de un ajuste que se revela como inevitable a la luz de estas conductas de la "casta empobrecedora".

Una narrativa que el mismo presidente se encarga de fogonear en sus cada vez más selectivas apariciones mediáticas, como la entrevista con Oppenheimer para la CNN, en donde aún en medio de un proceso de dialogo en curso con los mandatarios provinciales, el presidente no dudó en calificar como su mayor error en los primeros 100 días de gestión el "hablar con los gobernadores de manera transparente y honesta".

Uno de los tantos problemas del gobierno es, en este sentido, el enamorarse de esta herramienta de comunicación que difícilmente pueda seguir revelándose exitosa en todo momento y lugar. Un recurso que pudo haber sido muy útil para mantener y recrear expectativas en un escenario difícil y con un gobierno que comenzaba su camino con una manifiesta debilidad en términos legislativos y territoriales, pero que hoy tensiona los límites con quienes aún frente a los recurrentes agravios y generalizadas diatribas, parecen dispuestos a brindarle al presidente herramientas para la gobernabilidad, como los legisladores de bloques dialoguistas y gobernadores abiertos al consenso.

Así, mientras el ministro Francos avanza en las negociaciones con los gobernadores, con una legitimidad constantemente horadada no solo por las propias declaraciones de Milei, sino también por algunas medidas de Caputo que avanzan con nuevos recortes sobre las provincias como la poda a las cajas jubilatorias que, sumado a la parálisis en la obra pública, la eliminación del Fondo de Incentivo Docente y del fondo compensador al Transporte, el freno a las transferencias automáticas a las provincias, y la caída de los recursos coparticipables, vuelven a tensar los ánimos y parecen conspirar contra la posibilidad de que el gobierno consiga finalmente su primer gran éxito legislativo antes del anunciado "Pacto de Mayo".

Más allá de algunos gestos gradualistas y pragmáticos como la postergación de aumentos de tarifas de gas y transporte, lo cierto es que es impensable que el ahogo fiscal a las provincias no acabe por afectar también al gobierno nacional. No solo porque en las provincias el mayor peso del ajuste también recae sobre los bolsillos de los ciudadanos de a pie, sino porque allí es donde comienzan a verse con más claridad los límites de la tolerancia social y el germen de algunos conflictos que, hasta ahora, son en gran medida contenidos por los propios municipios y provincias cuya legitimidad el presidente pareciera desdeñar.

Así las cosas, si no se registran evidencias de una pronta recuperación económica, el germen larvado de una conflictividad social latente en los territorios locales que el gobierno nacional "no ve", la tensión social comenzará a crecer en un movimiento desde abajo hacia arriba.