A la par del frente político abierto con el presidente de Andalucía Juanma Moreno por su proyecto de legalizar regadíos en Doñana, el Gobierno presentó en las últimas horas un plan de acción para hacer frente a la escasez crónica de agua que sufrirá la agricultura española por la desertificación y las sequías más recurrentes producto del cambio climático.

El martes, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció los detalles del informe "La Política de Regadío Sostenible en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)", una hoja de ruta que va en sintonía con los planes hidrológicos aprobados en enero por la cartera que dirige Teresa Ribera.

Moncloa apuesta por modernizar los regadíos en lugar de reducirlos (el 85% del agua disponible se destina a fines productivos, según el INE), tal como exigen expertos y científicos especializados en temas hídricos.

"La misión del Gobierno no es reducir la superficie sino reducir los caudales de utilización de las dotaciones de agua y de agua disponible utilizados en la agricultura", aclaró Planas. ¿Su solución? Avanzar en "regadíos sostenibles" para "aprovechar al máximo cada gota de agua".

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El objetivo del Gobierno es "modernizar" 750.000 hectáreas para lograr una "mayor eficiencia": un ahorro del 10 % en el consumo de agua y la reducción tanto del consumo energético como del uso de productos fertilizantes y fitosanitarios.

"El regadío sostenible es clave para afrontar los retos del cambio climático en la agricultura y potenciar un modelo de producción de alimentos que de respuesta a las demandas de la población y contribuya así a la seguridad alimentaria", justificó el ministro. El proyecto demandará una inversión de 2.130 millones de euros hasta 2027, "una inyección sin precedentes históricos".

En realidad, la modernización de regadíos es una medida económica sectorial que aporta ventajas productivas, pero entre estas ventajas no figura la disminución del consumo de agua

La política está siendo aplicada por varias comunidades autónomas. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este jueves que el Consejo de Gobierno aprobó una inversión de 18 millones de euros con este mismo fin: la modernización de los sistemas de riego.  

Los investigadores Francesc La Roca y Julia Martínez, directores del Observatorio de las Políticas del Agua, ente ciudadano dedicado al seguimiento y evaluación de la política de aguas a escala europea y estatal, son dos voces muy calificadas que cuestionan esta "medida estrella".

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La crítica aparece en el informe anual de 2022, presentado en los últimos días, titulado Retos de la planificación y gestión del agua en España". 

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández-Mañueco. 

Europa Press

Los expertos desmienten que la modernización de los regadíos se considere un "plan ambiental" por su supuesto objetivo de ahorrar agua y contribuir a mejorar el estado de las masas. 

"Bajo esta asunción, las modernizaciones de regadíos concentran una parte muy significativa de las inversiones previstas en los programas de medidas. En realidad, la modernización de regadíos es una medida económica sectorial que aporta ventajas productivas, pero entre estas ventajas no figura la disminución del consumo de agua", aclaran los autores. 

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Y detallan con argumentos técnicos: "En primer lugar, la tecnificación minimiza los retornos a ríos y acuíferos, pero también elimina cualquier estrés hídrico a la planta, aumentando la producción y por tanto la evapotranspiración, es decir aumenta el consumo neto de agua. En segundo lugar, la falsa percepción de disponer de más agua (al suprimir los retornos) conduce habitualmente a la intensificación de cultivos mediante dobles cosechas, mayor densidad de plantación, cambios de cultivos y, en algunos casos, aumento de los perímetros regados".

La conclusión del informe es que la modernización de regadíos en muchos casos "no sólo no ahorra agua, sino que contribuye a incrementar su consumo total". Y desde "el punto de vista de la rentabilidad empresarial", esta política solo se sostiene con el auxilio de fondos públicos, denuncian los expertos. 

Resulta preocupante que los nuevos planes sigan incluyendo ampliaciones que dispararán la ya abultada demanda agraria

Por otra parte -agrega el documento-, "también cabe cuestionar los beneficios de los planes de modernización para la calidad del agua porque, aunque se reduce la masa total de contaminantes exportados en los retornos, se reduce en mayor medida el volumen de dichos retornos, por lo que las concentraciones de contaminantes suelen aumentar, lo que afecta negativamente a la calidad de las aguas, especialmente en pequeños cauces con flujos modestos".

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A juicio de estos investigadores, los planes del Gobierno "yerran al considerar la modernización de regadíos como una medida ambiental, al otorgarle unos beneficios ambientales (ahorro de agua) no sustentados por evidencias y al ignorar los impactos ambientales (incremento del consumo y en algunos casos aumento de los problemas de calidad del agua) que con frecuencia ocasionan tales proyectos de modernización".

"Que los planes, contra toda evidencia, consideren la modernización de regadíos como actuación básica frente al cambio climático y reciban una parte sustancial de las inversiones en los programas de medidas, demuestra hasta qué punto los objetivos ambientales se siguen supeditando a la satisfacción de las demandas", lamentan los autores. 

En paralelo a esta fallida política, "resulta preocupante que los nuevos planes sigan incluyendo ampliaciones que dispararán la ya abultada demanda agraria". 

En la demarcación del Ebro, pese a que el índice de explotación hídrica supera el umbral de estrés severo, fijado por la Agencia Europea de Medio Ambiente en el 40%, los planes oficiales prevén la creación de 49.500 nuevas hectáreas de regadío, de las que, además, 31.625 hectáreas (casi dos tercios) no tienen garantizado el suministro de agua, como reconoce el propio Ejecutivo en su plan.

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"Estos nuevos regadíos alejan aún más a la demarcación del Ebro de la senda de la adaptación al cambio climático y de la recuperación del buen estado de las masas a que obliga la Directiva Marco de Agua", denuncia el informe, que pone más ejemplos, como las 15 mil nuevas hectáreas de regadíos proyectadas en la demarcación del Guadiana y las miles planificadas para el Duero, Segura y Júcar. 

La conclusión del informe: "Bajo la hipótesis subyacente de no tocar los usos existentes, no se reducen las demandas hídricas para avanzar en la necesaria adaptación al cambio climático e incluso en algunas demarcaciones dichas demandas, particularmente las agrarias, se incrementan".