La relación entre el Gobierno e Iberdrola, la principal eléctrica del paÃs y segunda empresa más valiosa del Ibex, está rota. El encono de Moncloa tiene un nombre y un apellido: Ignacio Sánchez Galán, el histórico CEO de la compañÃa (71 años). La disputa no es con el sector eléctrico en general ni con la multinacional. Es con su jefe. Pedro Sánchez entiende que desde su sillón de poder "opera" para desestabilizarlo.
El último encontronazo, el descalificativo ("tontos") que el empresario usó para referirse a las 10 millones de familias que tienen contratada la tarifa regulada que impulsó el Gobierno, fue el más visible.
"Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada del Gobierno, pagan más luz", dijo el empresario entre risas hace algunas semanas en una fábrica de baterÃas de Volkswagen. En Moncloa hicieron fila para cuestionar su desliz. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, criticó la "falta de empatÃa, la ligereza y el tono" de Sánchez Galán.
Mas irónico -pero igual de duro- fue el presidente. "El Gobierno siempre ha elegido proteger a las familias, a las empresas, frente a algunas declaraciones de listillos, que se pasan de listos", deslizó Sánchez al dÃa siguiente durante un mitin en Jaén.
Pero este cruce, aunque mediático y rimbombante, fue el más inocuo de una larga -e invisible- saga de reproches cruzados. La relación, tirante desde que asumió el gobierno de coalición, se resquebrajó por completo a mediados del año pasado.
¿Los detonantes? Dos. La postura polÃtica que adoptó Iberdrola tras los intentos del Ejecutivo de regular el precio de la luz ante la inédita escalada del precio mayorista. Y el sorpresivo fichaje de Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de la compañÃa, un viejo militante del PSOE, exconcejal socialista del Ayuntamiento de Madrid y exdiputado de la Asamblea autonómica.
El nombramiento, del que Ferraz se enteró por la prensa, fue interpretado como una declaración de guerra. La "puerta giratoria" entre la polÃtica y las eléctricas (muchos exfuncionarios forman parte sus consejos directivos) es un talón de aquiles del socialismo, más al compartir gobierno con formaciones de izquierda que desde hace años llevan criticando este "doble mostrador".
No solo eso: Carmona es "enemigo" de Pedro Sánchez, el responsable de su destitución como portavoz del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de la capital en 2015. Lo apartó de la vida orgánica del partido por sus diferencias polÃticas.
"Es una clara maniobra para desprestigiar al gobierno y al presidente", razonaron en aquel momento en los pasillos de Moncloa. La ofensiva de Sánchez Galán quedó al descubierto al dÃa siguiente, cuando dijo que su compañÃa estaba "abierta al diálogo y a alcanzar un marco regulatorio estable y predecible" ante el "terrorÃfico intervencionismo" del Ejecutivo.
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El Gobierno respondió sin medias tintas. Puso en marcha el procedimiento para extinguir la concesión de una de las grandes presas de Iberdrola en el rÃo Duero, una infraestructura que está en manos de la compañÃa desde hace décadas, cuya licitación expira en 2024.
La justificación: que se trata de una presa "estratégica" de la red eléctrica nacional que tiene que ser "revisada" para "aprovechar al máximo" su funcionamiento. La realidad: dejar a Sánchez Galán sin su mayor presa de España.
Las "cuestionables prácticas de explotación" fueron otros de los argumentos que Moncloa puso sobre la mesa para tomar esta medida. En agosto del año pasado, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó de "escandaloso" el vaciado de al menos dos embalses españoles por parte de Iberdrola para reducir sus costes.
"No lo podemos consentir porque no es responsable que se vacÃe un embalse en seis semanas para facilitar el turbinaje", denunció. La ministra anunció la aplicación del artÃculo 55 de la Ley de Aguas para poder recuperar los caudales de los embalses. La normativa permite restringir el uso del agua a las empresas concesionarias para garantizar el consumo humano y los caudales ecológicos. "El caso más escandaloso es el de Zamora. No es tolerable reducir el agua de un embalse en seis semanas en un 70%", despotricó Ribera.
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El nuevo pulso entre Moncloa e Iberdrola es por el cálculo del IPC. El Ministerio de EconomÃa remitió un pedido de información a todas las eléctricas para poder incluir el precio de la luz del mercado libre en el cálculo mensual de la inflación. La firma que preside Sánchez Galán fue la única que no contestó.
"El IPC tiene una sobreponderación del precio del gas, para poder adaptar el IPC y que realmente refleje el precio de la electricidad necesitamos datos de las compañÃas eléctricas, llevamos meses tratando de tener esos datos detallados (...) hay una compañÃa que no ha dado los datos", se quejó Calviño.
Por su parte, Sánchez Galán siguió con su raid de crÃticas al Ejecutivo. Su último cuestionamiento fue el tope ibérico al gas, una medida que el Gobierno anunció con bombos y platillos tras lograr el visto bueno de Bruselas.
"Los mercados financieros miran el riesgo regulatorio constantemente y, en el caso de España, no ayuda tener el gran honor de ser el paÃs con más riesgo regulatorio de Europa", lanzó en una de sus últimas disertaciones públicas.
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El CEO presume de sus "apoyos económicos" para exhibir su fortaleza al frente de la compañÃa. Este jueves, recibió el respaldo de su socio catarÃ, Tamim bin Hamad, principal accionista individual de la compañÃa, con el 8,7% del capital.
El estrechón de mano (el emir catarà estuvo en Madrid) fue interpretado por Iberdrola como un "espaldarazo" del fondo soberano a su mayor inversión en España. También como un gesto de aprobación a la figura de su presidente.
Los vÃnculos de Sánchez Galán con Villarejo
En su embestida contra el presidente de Iberdrola, el Gobierno no utilizó una carta que, por el momento, guarda en su baraja: su espuria -y comprobada- relación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, sÃmbolo de la corrupción del PP.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel GarcÃa Castellón imputó el año pasado a Sánchez Galán por los presuntos encargos ilÃcitos que, durante 13 años, le hizo a este policÃa para espiar a rivales polÃticos y empresariales.
Las pruebas son contundentes: audios, grabaciones y documentos que Villarejo presentó ante el juez sobre todas las operaciones encubiertas financiadas por la eléctrica: espionajes a dirigentes polÃticos, maniobras contra ecologistas y vigilancia de lÃderes sindicales de la propia compañÃa, entre tantas otras.
Según una investigación de El Confidencial, la multinacional pagó a Villarejo más de un millón de euros y otros 407.000 euros a través de una tercera compañÃa para ocultar la relación.
Sánchez Galán está acorralado por esas pruebas y por el testimonio de José Antonio Del Olmo, un exempleado que denunció en informes guardados ante notario la presunta trama de facturas falsas que utilizaban para enmascarar los pagos al comisario.
En su último auto, el juez desestimó su pedido de sobreseimiento porque, aunque afirma que no hay ningún documento que acredite que Villarejo fue contratado por orden suya, "hay indicios de los que puede desprenderse que la iniciativa de llevar a cabo dicha contratación tuvo que partir del presidente de Iberdrola".
Una condena significarÃa el fin de la era Sánchez Galán, quien lleva 21 años sentado en el despacho principal de la mayor eléctrica de España. Entre los popes del Ibex solo lo supera su archienemigo Florentino Pérez -que preside ACS desde 1993-, espiado -justamente-por Villarejo.
Una sentencia marcarÃa, al cabo, el triunfo final del Gobierno en esta guerra.
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