Transición ecológica
Guerra de Ribera con los alcaldes del PP que están tumbando políticas climáticas
La ministra le pide a Badalona (Barcelona) los 2 millones de euros que el Estado nacional transfirió en su dia para la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones, frenada hasta 2027 por el Ejecutivo local.

Elche, Valladolid, Gijón. El cambio de signo político en los ayuntamientos tras el 28M (el mapa territorial quedó prácticamente teñido de azul) ha generado un cambio radical en las políticas ligadas a la transición ecológica, una hoja de ruta defendida a capa y espada por Moncloa y ninguneada por el PP y Vox.

La eliminación de medidas ambientales, retratado por LPO, sumó un nuevo ayuntamiento a la lista. El alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, anunció una moratoria de tres años, hasta el 1 de enero del 2027, en la aplicación de las restricciones de vehículos en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

La aplicación responde a lo marcado en la Ley 7/2021, del Cambio Climático y Transición Energética, que señala que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben de ponerla en marcha en lo que resta del año. En Catalunya, además, el compromiso atañe a los municipios con más de 20.000 habitantes.

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Albiol justificó su decisión por motivos económicos: la defensa de los vecinos que no pueden afrontar un cambio de vehículo.

"No podemos obligar en la situación actual de crisis económica, del incremento de los precios de la cesta de la compra, del aumento de las hipotecas, que los vecinos de Badalona tengan que hacer frente de manera inmediata a un gasto tan importante como la compra de un vehículo", explicó.

El alcalde espera aprobar este aplazamiento en el pleno del próximo 25 de septiembre. En el PP sostienen que cuentan con el "respaldo" mayoritario de los vecinos y que, en la lucha contra el cambio climático, son los Estados los que "tienen que hacer más esfuerzos", no los ciudadanos, el "eslabón más débil de la cadena".

Por lo pronto, el anuncio se topó con el firme rechazo de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), Teresa Ribera, quien no solo cuestionó la medida ("La contaminación del aire mata en Badalona a 200 personas cada año, según cifras del Instituto de Salud Global de Barcelona", aclaró), sino que además anunció que puede llevar el caso a la Justicia y exigir la devolución del dinero (fondos europeos) que Moncloa transfirió en su día para la aplicación de esta normativa nacional.

Le pido a la ministra Ribera que no amenace. Estamos impulsando una medida que favorece a los vecinos que menos recursos tienen, que no pueden cambiarse el coche o la furgoneta que usan para trabajar

"Podemos recurrir ante los tribunales contenciosos y reclamar a Badalona los dos millones de euros de los fondos europeos", afirmó Ribera este martes en declaraciones radiales.

Guerra de Ribera con los alcaldes del PP que están tumbando políticas climáticas

Y cuestionó: "Antes de las elecciones de mayo, el ayuntamiento de Badalona ya había dado pasos importantes en la aplicación de la ZBE. Es un inmenso error con consecuencias. El PP y Vox han llegado a las alcaldías y han tomado esto como un elemento identitario sin importarles ni la salud de los vecinos ni la responsabilidad inversora".

Albiol no se quedó callado ante las críticas de la ministra, recogió el guante y contraatacó. "Le pido a la ministra Ribera que no amenace. Estamos impulsando una medida que favorece a los vecinos que menos recursos tienen, que no pueden cambiarse el coche o la furgoneta que usan para trabajar. No todo el mundo con esta situación de crisis se puede gastar 30 o 40 mil euros en un vehículo nuevo", repitió.

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El alcalde dijo estar "comprometido" con el cambio climático, pero que la lucha "tiene que ser compatible con las necesidades de los vecinos". "Vamos a aplicar una moratoria de tres años para no sancionar a estas personas que no pueden cambiar el coche", insistió sobre los motivos del aplazamiento. 

El popular hizo público su pedido de reunión con la ministra. Fuentes del MITECO sostiene que "hay poco que hablar" y que Badalona o cumple con la normativa o devuelve los fondos europeos transferidos. 

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