En Murcia, Vox obtuvo 9 diputados en las comicios autonómicos del pasado domingo. La ultraderecha duplicó sus escaños (4 en 2019), crecimiento que quiere traducir en poder, más cuando el PP necesita apoyos para formar gobierno.

José Ángel Antelo, alfil de Santiago Abascal en esta región, puso en las últimas horas una condición "indispensable" para facilitar la conformación del nuevo Ejecutivo: que los populares se comprometan a derogar la Ley de Protección del Mar Menor, normativa sancionada por el Congreso en 2022 que busca la protección, conservación y mantenimiento de este amenazado ecosistema. 

El ejemplo sirve, según el consenso de expertos en materia energética y ecológica, para poner de relieve un "riesgo" del que se ha hablado poco tras el 28M: la parálisis, estancamiento y retroceso de las transiciones que ya están en marcha.

LPO consultó a cinco voces calificadas para dimensionar los impactos que tiene la modificación del mapa político autonómico y municipal en la descarbonización del transporte, el despliegue de las renovables, la preservación de los ecosistemas o la adaptación de las ciudades al cambio climático.

Las respuestas coinciden: los Ejecutivos locales tienen competencias claves para consumar dos transiciones que necesitan acelerarse a fondo en los próximos cuatro años, por lo que gobiernos "retardistas" o "negacionistas" pueden causar un "fuerte daño".

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Un ejemplo: el PP y Vox tienen ahora en sus manos la tramitación de miles de megavatios de renovables que se tienen que conectar en algo más de dos años. Aragón, Valencia y Extremadura, regiones que pasarán a gobernar, tienen cientos de proyectos en marcha aprobados por más de 20.000 MW.

El ambientólogo y consultor en sostenibilidad Andreu Escrivà sostiene que "el panorama es muy preocupante" porque los gobiernos locales "son decisivos".

"Hay que entender que el poder autonómico y local ha pasado a estar en manos de quienes actúan al margen de la cuestión climática y ambiental, quienes no priorizan los costes ambientales en sus modelos de comunidades y de ciudades, quienes sólo propondrán medidas de pura cosmética. Peor aún: el poder ha pasado a manos de partidos directamente negacionistas del cambio climático que niegan la ciencia y que además rechazan e impugnan los criterios de desarrollo sostenibles que ya son muy blanditos y de consenso sobre una mejor vida, mejor trabajo, mejor salud, mejor espacios naturales", explica.

Esto -agrega- es "muy peligroso" porque en España están transferidas las competencias ambientales. "La transición ecológica se decide en las autonomías y en los municipios", subraya.  

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A su juicio, se abre un escenario repleto de incertidumbres en un momento en que las transiciones se tienen que "acelerar al máximo porque el panorama es crítico y no se puede perder tiempo".

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Europa Press

No sólo para los objetivos marcados de 2030 y 2050, también para el presente, para el mañana. "Si se paraliza la adaptación al cambio climático vamos a seguir muriendo por contaminación atmosférica, por olas de calor. Hay que que empezar hablar de esto con dureza y no banalizar este cambio. Hay que dejar claro que las políticas de lucha del cambio climático, tanto de mitigación como de adaptación, no son negociables y que deberían acelerarse, lo que parece improbable con este giro electoral", lamenta.

Esta transición se dará sí o sí, pero el cómo se transite y el hacia dónde está sujeto a un amplio abanico de percepciones políticas. Y lo más importante: no solo percibimos el mundo de maneras diferenciadas, trabajamos para que el mundo encaje en nuestras percepciones. Esto es algo que Vox y el PP han llevado a un extremo que roza el delirio" 

El diputado de Más Madrid y asesor en materia de transición energética de esta formación, Héctor Tejero, es igual de escéptico sobre el horizonte que se abre con el avance territorial del PP y Vox. Califica al resultado electoral de "nefasto" para estas dos transiciones. 

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"Los Ejecutivos locales, tanto comunidades autonómicas como ayuntamientos, tienen muchísimas competencias que son claves para que no sólo ocurran las transiciones energéticas y ecológica, también para que sean justas", señala.

Por eso, en su opinión, las elecciones generales del 23J "son un plebiscito por el clima". "No nos podemos permitir cuatro años de retardismo y negacionismo en todas las instituciones", asegura.

Tejero augura "disputas dentro de las propias derechas" que gobiernen las comunidades que han cambiado de signo político, debido a que "la transición energética viene con un impulso muy fuerte debido al avance tecnológico y a las imposiciones de la UE".

"Pero nada asegura que esas imposiciones de Bruselas o que las nuevas tecnologías, como el vehículo eléctrico o como las renovables, tengan un despliegue justo y razonable. Si a este avance territorial de la derecha le sumamos el gobierno central en las elecciones de julio nos vamos a enfrentar a un modelo que va a juntar lo peor de los dos mundos: la peor transición ecológica posible y el peor retardismo energético posible", concluye.

Alberto Coronel, Doctor en Filosofía e Investigador de Ecología Política en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), aclara que "la situación anterior no era idónea, ni mucho menos", pero que "el giro a la derecha de tantos gobiernos municipales y autonómicos es una pésima noticia para ese conjunto de medidas a las que damos el nombre de transición".

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"Esta transición se dará sí o sí, pero el cómo se transite y el hacia dónde está sujeto a un amplio abanico de percepciones políticas. Y lo más importante: no solo percibimos el mundo de maneras diferenciadas, trabajamos para que el mundo encaje en nuestras percepciones. Esto es algo que Vox y el PP han llevado a un extremo que roza el delirio", analiza.

El PP es percibido como hostil a las renovables por su pasado con la moratoria y el impuesto al sol, pero si no altera la política de promoción de renovales, incluso si consigue desatascar su tramitación en algunas CCAA donde el desarrollo ha sido escaso, podría limpiar esa imagen y apuntarse un tanto político 

Ante la falta de agua, por ejemplo, las gestiones políticas puedan "dejar de despilfarrarla, cambiar las formas de agricultura más dañinas, hacer caso a los científicos que llevan décadas advirtiendo el problema y proponiendo soluciones", o pueden hacer otra cosa, "lo que prefiere la derecha española: hacer que todos los problemas ecológicos sean percibidos como problemas políticos con los que poder sacar algún tipo de rédito electoral". 

Santiago Abascal junto a Carlos Flores, su alfil en Valencia, con posibilidades de entrar en el gobierno regional.

"Vox ha ganado en 13 municipios, y en 6 comunidades el PP depende de Vox para gobernar. ¿Y cuál es su discurso? Que el PSOE ha "traicionado" al campo, y que quien se oponga a la política de trasvases será expulsado de Vox", apunta.

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Y agrega: "Nos jugamos que las instituciones al alcance de la gente sean utilizadas como palancas para una transición política basada en el odio, o como puntos de apoyo para la transición ecológica que permita hacer un uso más racional de los recursos nacionales".

Coronel también pone la lupa sobre los fondos europeos y estatales que llegan a las autonomías y a los municipios para plasmar medidas en pos de acelerar estas transiciones. 

"Si uno ha ganado diciendo que el calentamiento climático es un invento, usar los fondos para adaptar una población local al calentamiento sería reconocer que se ha mentido. Y esto es lo más grave, que los políticos son rehenes de sus propios discursos, y los presupuestos locales son rehenes de sus políticos", advierte.

Para Xan López, experto en ecología política y miembro del colectivo Contra el diluvio, la revista Corriente Cálida y autor de la newsletter Amalgama, el mayor riesgo a nivel municipal será "la falta de adaptación de los entornos a eventos meteorológicos extremos (cada vez más comunes, sean sequías, olas de calor, lluvias torrenciales, nevadas descomunales) y al aumento medio de la temperatura".

Hay que dejar claro que las políticas de lucha del cambio climático, tanto de mitigación como de adaptación, no son negociables y que deberían acelerarse, lo que parece improbable con este giro electoral

Mientras que a nivel autonómico, la "falta de refuerzo y adaptación de los sistemas públicos que hacen de red de apoyo universal" y también el "retardismo, la desidia y la dejadez a la hora de aceptar, canalizar y hacer operativos los fondos o partidas que hay o puedan haber en el futuro para proyectos de mitigación y adaptación".

"Y esto es asumiendo un escenario de cierto empuje progresista en el Estado y la UE, que entre julio de este año y mayo de 2024 puede que se evapore también. Si cambia lo segundo ya es diferente el análisis porque ya no es un problema solo de ruptura en la última milla del proceso digamos, ya vendría desde arriba del todo el retardismo/negacionismo", resume.

Menos contundente y menos disruptivo se muestra Pedro Fresco, ex director general de Transición Ecológica de Valencia. Coincide que el rol determinante de las gobiernos autonómicos (instalación de renovables) y de los Ejecutivos locales (movilidad).

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Pero cree que el clima de época va a ser más determinante que la ideología. "Si miramos a Europa, muchos gobiernos liberales y conservadores apuestan por la transición energética. Lo ven como una cuestión de época, no tanto como una cuestión ideológica", comenta.

Esto sitúa "al PP ante una oportunidad, agrega. "Es generalmente percibido como hostil a las renovables por su pasado con la moratoria y el impuesto al sol, pero si no altera la política de promoción de renovales, incluso si consigue desatascar su tramitación en algunas CCAA donde el desarrollo ha sido escaso, podría limpiar esa imagen y apuntarse un tanto político"

Y finaliza: "A nivel de movilidad sería inteligente no alterar los cambios producidos. Va en el mismo sentido de época y lo mejor que puede hacer un gobierno es no alterar cosas que ya han sido ganadas por la opinión pública".