VÃctor de Santos (31 años) es un ambientólogo que puso en pausa su trabajo cientÃfico (consultor en una empresa) para dedicarse de lleno al activismo climático, la lucha social contra la alarmante pasividad de los gobiernos ante una emergencia climática que ya no es futurista ni abstracta, que en el aquà y ahora fulmina cosechas, abrasa ciudades, inunda poblaciones enteras y quema millones de hectáreas, entre otros tantos impactos.
Lo sabe su padre que por segundo año consecutivo acaba de perder casi toda su cosecha de cereal, algo que nunca antes le habÃa pasado. Lo saben en su pueblo de Segovia, donde ya no se duerme en verano producto de un calor inédito.
Convencido de que la emergencia climática requiere reformas estructurales y sistémicas, De Santos viajó en octubre del año pasado a Alemania para participar de varias acciones de desobediencia civil organizadas por Extinction Rebellion, un colectivo internacional que busca alertar a la sociedad civil del desastre civilizatorio que se avecina si las economÃas siguen latiendo al ritmo de los combustibles fósiles.
Los cientÃficos irrumpieron en las oficinas del grupo financiero Black Rock (bloquearon la puerta y se pegaron al suelo arrojando melaza que simulaba petróleo), cortaron una carretera en el centro de Múnich y entraron al museo de BMW, donde se pegaron a un coche de lujo.
De Santos y otros 14 activistas fueron detenidos por la policÃa. Estuvieron una semana encerrados: primero en un calabozo y después en el centro penitenciario de Stadelheim, en Baviera, un estado federal al sureste del paÃs.
A poco de cumplirse un año de aquella acción climática, la FiscalÃa de esa región reclama 9.600 euros o 320 dÃas de prisión a cada uno de los cinco cientÃficos climáticos para evitar un juicio penal.
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Es la primera vez que un grupo de activistas españoles queda a las puertas de la cárcel por esta lucha. Vale recordar que en Madrid hay un proceso judicial en curso contra los investigadores de "Rebelión CientÃfica", colectivo hermano de Extinction Rebellion, que en abril del año lanzaron zumo de remolacha sobre la fachada del Congreso de los Diputados.
Se los acusa del delito de "daños a bienes de valor histórico, artÃstico, cientÃfico, cultural o monumental" agravado "por tratarse de daños de especial gravedad por lo "relevante" del bien (el Congreso), que contempla penas de hasta ocho años y medio de prisión.
En diálogo con LPO, De Santos, vÃctima de una infiltración policial, adelanta que tiene la decisión tomada de no pagar ni aceptar los 320 dÃas de cárcel. Dice que si es necesario irá a juicio -con el riesgo de una pena más dura- para defender una lucha pacÃfica que busca despertar conciencias colectivas sobre la deriva climática del sistema capitalista global.
"Me niego a claudicar por alertar de la magnitud de la crisis climática, iré a la cárcel si es necesario. Es un sinsentido que nos quieran meter en presión por una protesta pacÃfica en la que no hicimos daño a nadie y en la que intentamos alertar a la población de la magnitud de esta crisis. La responsabilidad que tenemos como parte de la comunidad cientÃfica es alertar del riesgo de la inacción polÃtica y económica. Eso estamos haciendo", argumenta.
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Reconoce que "ir a juicio conlleva el riesgo de una condena a prisión más larga", pero que no queda otra opción. Lo que el Estado de Baviera no entiende, agrega, es que la "desobediencia civil es imparable".
"No deja de ser paradójico a medida que aumenta las consecuencias de la crisis climática se esté encarcelando a quienes alertan de que hay que tomar cartas en el asunto de forma urgente para evitar más catástrofes", lamenta.
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De Santos advierte que hay un "efecto dominó represivo" en marcha en Europa para frenar las protestas climáticas. España no es la excepción. Pone de ejemplo tanto el juicio en Madrid como el último informe de la FiscalÃa -conocido en estos dÃas-, en la que se considera de "terroristas" a los colectivos que planifican estas acciones.
"Pueden reprimir todo lo que quieren pero no puede evitar que la sociedad se levante ante una sistema que nos lleva a la extinción. No van a poder parar la protesta y el descontento social", aclara.
Y agrega: "Vamos a seguir protestando. Es lo que hay que hacer. Cada vez seremos más. Han perseguido de la misma forma a los obreros que décadas atrás luchaban por la jornada laboral de ocho horas. Hoy los vemos como mártires, pero fueron duramente perseguidos, muchos de ellos con la cárcel".
De Santos maldice que el Estado prefiera "reprimir que cambiar". "Pero el cambio es inevitable. En el futuro veremos que estos años fueron claves para la transformación social. El mundo le agradecerá a los que están luchando. Cada vez más gente comprende que no alcanza con reciclar o coger más la bici, que los esfuerzos individuales son insuficientes, que necesitamos cambios estructurales por supervivencia".
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