Guillermo Lasso tiene un pie afuera del gobierno de Ecuador. La Corte Constitucional dio luz verde al pedido de la Asamblea Nacional para llevar a juicio político al presidente ecuatoriano por el delito de peculado contra la administración pública.

El pleno del máximo tribunal admitió el posible delito de peculado pero rechazo otras dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión impulsado por la mayoría opositora liderada por el correísmo y la derecha tradicional y ex aliada de Lasso del Partido Social Cristiano.

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Como adelantó LPO, la oposición asegura contar con los 92 votos que se requieren para la censura y destitución del Jefe de Estado y abre el juego para que quien asuma el cargo sea el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. "La idea es que el vicepresidente pueda ejercer un gobierno de transición y unidad nacional hasta las elecciones de 2025", detalló a LPO una fuente que empuja la salida de Lasso.

Ahora, la Asamblea Nacional tendrá entre 40 y 45 días para notificar a Lasso del inicio del proceso de juicio político y otorgarle el derecho de defensa en un plazo de 10 días, la presentación de pruebas, la entrega del informe finalmente la votación. 

Las fuerzas políticas opositoras a las que consultó LPO dan por hecho que Lasso dejará de ser el presidente: "Ya está caído, solo falta enterrarlo. La presión es enorme y por todos lados. No tiene salida", enfatizan. Sin embargo, no descartan movimientos rápidos del Gobierno para comprar voluntades y "estirar la agonía" o directamente que el propio Lasso aplique la llamada muerte cruzada para cerrar el Parlamento y convocar nuevamente a elecciones, en ese caso, sin chances de poder hacerse con la victoria. 

Ya está caído, solo falta enterrarlo. La presión es enorme y por todos lados. No tiene salida

 La Asamblea Nacional dominada por la oposición correísta, indígena y de derecha no oficialista, investiga la responsabilidad de Lasso en el caso llamado "El Gran Padrino", una presunta red de corrupción y narcotráfico en empresas públicas de Ecuador que tendría involucrado al entorno más cercano del Jefe de Estado. 

También se denuncia la existencia de una estructura con ciudadanos albaneses que habrían realizado sus operaciones en Manta y Guayaquil e instalado escuelas de reclutamiento de sicarios, en un contexto de aumento de la violencia de las bandas narcos en Ecuador.

Viviana Veloz, la correísta que presidente la comisión de Juicio Político. 

La presidenta de la Comisión que investiga a Lasso, Viviana Veloz, acusó al presidente de querer obstruir la investigación de la Asamblea y la Fiscalía y afirmó que quien está a cargo de todo ese esquema es Danilo Carrera, cuñado del Jefe de Estado. A su vez, dijo tener en su poder más de 42 mil documentos.

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Según la investigación en curso, Danilo Carrera designa a los responsables de todas las empresas públicas de Ecuador, todos ex funcionarios del Banco de Guayaquil que supo estar bajo la gestión de Lasso. Carrera tenía ese poder gracias a un decreto presidencial que unificó a todas las empresas del Estado en un solo holding en el que nombraron a Hernán Luque, ex vicepresidente del Banco de Guayaquil. Quien pide por Luque es Rubén Cherres Faggion, investigado por su nexo con la mafia albanesa e íntimo amigo de Danilo Carrera. 

La gestión de Lasso nació débil. Nunca tuvo mayoría en la Asamblea Nacional, rompió rápidamente con los partido que lo apoyaron para derrotar al correísmo, tiene a la izquierda, la derecha y los indígenas en contra y viene de una dura derrota en el referéndum que buscara cambiar algunos aspectos claves de la Constitución. La victoria del No puso de manifiesto la mala imagen del Presidente y la profunda crisis social y económica que atraviesa el país.