En mayo, LPO adelantó que la ley contra la deforestación había generado el primer cortocircuito entre Lula Da Silva y la UE. El mandatario brasileño le hizo saber a sus principales interlocutores europeos, entre ellos Pedro Sánchez, su disconformidad por la aprobación de una normativa que va a modificar radicalmente el comercio entre ambos bloques. 

"Es unilateral, punitiva y discriminatoria", cuestionó Lula en su última visita al continente. Fuentes del Ejecutivo brasileño confirmaron en aquel viaje que para el Mercosur la ley era un "nuevo escollo" para avanzar en la ratificación del acuerdo comercial entre ambos bloques.

Otros países exportadores de materias primas como Indonesia y Malasia fueron más radicales y optaron por congelar las relaciones comerciales en protesta al nuevo reglamento, una medida que en los últimos meses quedó sin efecto ante la apremiante necesidad de generar divisas en un contexto de crisis global. 

Gobiernos africanos como los de Costa de Marfil, Ghana y Nigeria también plantearon su disconformidad por vías formales. 

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Ahora, en la cuenta atrás para que la ley empiece a aplicarse (2024), los presidentes de todos estos países (17 en total) se han unido y hay redactado una carta dirigida a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para que "reconsidere" el texto y se abra a "modificaciones".

Lula cuanta con el respaldo de los presidente de Argentina (Alberto Fernández), México (Manuel López Obrador) y Colombia (Gustavo Petro), en otros líderes de la región. 

La principal crítica es que "los pequeños productores pueden terminar excluidos de las cadenas de valor internacionales, no porque hayan deforestado sus tierras, sino por su incapacidad para cumplir con los estrictos requisitos impuestos".

Advierten que la Ley de Deforestación de la UE puede tener un impacto "catastrófico" en el comercio mundial

Los mandatarios firmantes, cuyos países exportan materias primas como cacao, café, caucho, ganado, madera, soja, cueros, etc., piden participar de las directrices de implantación para, de mínima, tratar de mitigar sus impactos más dañinos". 

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la Cumbre del G20. 

"Esta legislación ignora las circunstancias y capacidades locales, la legislación nacional y los mecanismos de certificación de los países productores en desarrollo, así como sus esfuerzos para combatir la deforestación y los compromisos asumidos en foros multilaterales", cuestiona la misiva.

La advertencia  es que por sí sola la ley no va a tener un impacto relevante en las tasas de deforestación. Sí, en cambio, va a "tener efectos indeseados como el aumento de la pobreza o una demora en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU".

Si los pequeños productores no pueden cumplir con los requisitos para exportar bienes cubiertos por la ley, corren el riesgo de un círculo vicioso. Una vez que se pierde la participación en el mercado, se pierden los ingresos, entonces habrá mucho aumento de la pobreza y luego una mayor deforestación porque la raíz de la deforestación es la pobreza 

Semanas atrás, la directora del Centro de Comercio Internacional, una agencia conjunta de la ONU y la OMC, anticipó la "interrupción de los flujos comerciales" e impactos "catastróficos" si la normativa no se revisa y modifica.

 El riesgo que se corre es que la prohibición de que los productos relacionados con la deforestación ingresen a la UE favorezca a las grandes empresas que pueden rastrear dónde se cultivaron sus productos, no así los proveedores medianos y pequeños.  

 "Si los pequeños productores no pueden cumplir con los requisitos para exportar bienes cubiertos por la ley, corren el riesgo de un círculo vicioso. Una vez que se pierde la participación en el mercado, se pierden los ingresos, entonces habrá mucho aumento de la pobreza y luego una mayor deforestación porque la raíz de la deforestación es la pobreza", advirtió esta funcionaria internacional.

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La ley obliga a los países exportadores a vender productos en la UE si el proveedor de los mismos emite una declaración de "diligencia debida", que deberá certificar que el producto no procede de tierras deforestadas ni ha provocado degradación forestal, tampoco de bosques primarios irremplazables, después del 31 de diciembre de 2020.  

 Los productos que cubre la nueva legislación ecológica son: el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja y la madera, así como los productos que contengan, se hayan alimentado de o se hayan fabricado con estas materias primas (el cuero, el chocolate y los muebles, por citar tres ejemplos). 

 "Estos bienes básicos -explicó en su día la Comisión Europea- se han escogido a raíz de una evaluación de impacto exhaustiva que los ha definido como los principales impulsores de la deforestación debida a la expansión agrícola".  

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Las empresas importadoras tendrán que demostrar que sus productos no han contribuido a la deforestación. ¿Cómo? Tendrán que validar que sus materias primas fueron producidas "en tierras que no hayan sido deforestadas después del 31 de diciembre de 2020".

También se exigirá a los agente privados que "recopilen información geográfica precisa sobre las tierras agrícolas en las que han obtenido esos bienes básicos suministrados, a fin de poder comprobar su conformidad". El incumplimiento de esta nueva normas podrá dar lugar a "sanciones efectivas y disuasorias" por parte de los gobiernos europeos.