El comercio entre Europa y Latinoamérica cambiará radicalmente. El Consejo de la UE dio el último paso que faltaba para aprobar una ley que obligará a las empresas exportadas a garantizar que sus productos no hayan provocado deforestación ni degradación forestal en ningún punto del planeta.

A partir de ahora, como ya adelantó LPO, las compañías internacionales solo podrán vender productos en la UE si el proveedor de los mismos emite una declaración de "diligencia debida", que deberá certificar que el producto no procede de tierras deforestadas ni ha provocado degradación forestal, tampoco de bosques primarios irremplazables, después del 31 de diciembre de 2020.

Los productos que cubre la nueva legislación ecológica -entrará en vigencia veinte días después de que sea publicada en el Diario Oficial de la UE-  son: el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja y la madera, así como los productos que contengan, se hayan alimentado de o se hayan fabricado con estas materias primas (el cuero, el chocolate y los muebles, por citar tres ejemplos).

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Gran parte de esas materias primas Europa las consigue desde hace décadas desde América Latina. Un socio comercial estratégico es Brasil. Lo cierto es que del otro lado del océano, la aprobación definitiva de esta norma no cayó nada bien. No tanto por el fondo -el gobierno de Lula Da Silva promueve la sensibilidad ambiental con un plan de Deforestación Cero para 2030-, sino por las formas -una "decisión unilateral"- y, sobre todo, por el momento: la reapertura de las negociaciones para ratificar el Acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur. 

Días atrás, Lula realizó una gira por Europa (Portugal y España) para restablecer los lazos políticos que rompió Jair Bolsonaro y para pactar una nueva hoja de ruta en las relaciones bilaterales.  "Estamos trabajando para que los socios puedan hacer negocios con toda la tranquilidad necesaria", le dijo, por ejemplo, a los empresarios madrileños.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Europa Press

Para Brasilia, esta ley de la UE, que se plasmó sin consulta alguna con los países proveedores de estos productos, entorpece "el inicio de esta nueva era". "No estamos nada conforme", filtraron este martes los asesores de Lula tras conocerse el visto bueno definitivo de Bruselas. 

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En noviembre, cuando la ley todavía estaba en debate, los principales países productores de materas primas que compra la UE (Brasil, Argentina, Colombia, Indonesia y Malasia, entre otros) enviaron una carta a los líderes de la UE advirtiendo que se trata de una "medida unilateral" con un carácter "discriminatorio y punitivo" del proceso de evaluación de riesgo que establece esta normativa.

Para Brasilia, esta ley de la UE, que se plasmó sin consulta alguna con los países proveedores de estos productos, entorpece "el inicio de esta nueva era". "No estamos nada conforme", filtraron este martes los asesores de Lula tras conocerse el visto bueno definitivo de Bruselas

La Comisión tiene 18 meses para clasificar los países como de "bajo, medio o alto riesgo" mediante una evaluación para determinar el grado de los controles. Bruselas utilizará herramientas de seguimiento por satélite y análisis de ADN para comprobar de dónde proceden los productos.

Por lo pronto, las multas máxima por el incumplimiento de esta normativa será del 4% del volumen de negocios anual total en la UE del operador o comerciante infractor, según se detalla en la ley.

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"Los estantes de nuestros supermercados se llenaban muy a menudo con productos cubiertos por las cenizas de las selvas tropicales calcinadas y los ecosistemas irreversiblemente destruidos, que además habían acabado con los medios de subsistencia de las poblaciones indígenas. Esto sucedía en demasiadas ocasiones sin que los consumidores fueran conscientes. Me tranquiliza saber que los consumidores europeos ya no serán cómplices involuntarios de la deforestación cuando se coman una chocolatina o disfruten de un merecido café", celebró el eurodiputado Christophe Hansen (PPE, Luxemburgo), impulsor del reglamento tras su aprobación.

El entusiasmo europeo contrasta con la incertidumbre de los gobiernos latinoamericanos, muchos de ellos, como el de Gustavo Petro en Colombia, a favor de regular la economía para evitar los impactos del cambio climático y "para que la especie humana siga existiendo".