La ley que ya rige en la Unión Europea para luchar contra la deforestación empieza a generar rispideces con algunos socios comerciales, entre ellos Indonesia y Malasia, que en las últimas horas han decido romper las alianzas vigentes al considerar esta normativa "punitiva e injusta" por favorecer a las grandes multinacionales.
Días atrás, LPO contó otro malestar, nada menos que el de Lula Da Silva, presidente de Brasil, país clave para el comercio europeo. Voceros de su gobierno transmitieron a Bruselas el enfado por lo que consideran una "medida unilateral" con un carácter "discriminatorio y punitivo", palabras casi exactas a las utilizadas por los países asiáticos.
Los Ejecutivos de Indonesia y Malasia congelaron el comercio con Europa a la espera de buscar un trato más justo para los pequeños productores de aceite de palma afectados por esta reglamentación, según adelanta Financial Time.
El viceprimer ministro indonesio, Airlangga Hartarto, lamentó que esta política favorezca a las "grandes corporaciones o multinacionales" que pueden permitirse el nivel de burocracia que exige la regulación, a diferencia de los exportadores (agricultores) de menor tamaño.
Indonesia lleva negociando con la UE un acuerdo de libre comercio desde hace siete años, pacto que también ha quedado paralizado por este motivo. "Podemos esperar siete años más", advirtió Hartarto.
Indonesia y Malasia representan el 83 por ciento de la producción mundial de aceite de palma, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La UE es su tercer mercado más grande.
La queja es más burocrática que de fondo (la agricultora sostenible). Estos dos países denuncian que con contenedor de aceite de palma podría requerir "millones de documentos" entre los requisitos sanitarios, las declaraciones de aduana y la nueva certificación de sostenibilidad.
Al entrar en vigencia esta ley -mediados de mayo-, las compañías internacionales solo podrán vender productos en la UE si el proveedor de los mismos emite una declaración de "diligencia debida", que deberá certificar que el producto no procede de tierras deforestadas ni ha provocado degradación forestal, tampoco de bosques primarios irremplazables, después del 31 de diciembre de 2020.
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Los productos que cubre la nueva legislación ecológica son: el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja y la madera, así como los productos que contengan, se hayan alimentado de o se hayan fabricado con estas materias primas (el cuero, el chocolate y los muebles, por citar tres ejemplos).
"Estos bienes básicos -explica la Comisión Europea- se han escogido a raíz de una evaluación de impacto exhaustiva que los ha definido como los principales impulsores de la deforestación debida a la expansión agrícola".
La lista de bienes básicos contemplados se revisará y actualizará periódicamente, teniendo en cuenta nuevos datos, por ejemplo, los cambios en los patrones de deforestación.
Las empresas importadoras tendrán que demostrar que sus productos no han contribuido a la deforestación. ¿Cómo? Tendrán que validar que sus materias primas fueron producidas "en tierras que no hayan sido deforestadas después del 31 de diciembre de 2020".
También se exigirá a los agente privados que "recopilen información geográfica precisa sobre las tierras agrícolas en las que han obtenido esos bienes básicos suministrados, a fin de poder comprobar su conformidad". El incumplimiento de esta nueva normas podrá dar lugar a "sanciones efectivas y disuasorias" por parte de los gobiernos europeos.
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"Las nuevas normas no solo reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad, sino que también contribuirán a garantizar los medios de subsistencia de millones de personas, por ejemplo, entre los pueblos indígenas y en las comunidades locales de todo el mundo, que dependen en gran medida de los ecosistemas forestales", explicó la CE.
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