Las revueltas sociales por la masiva aprobación de macroproyectos de energía renovable por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico empiezan a replicarse e incrementarse en distintos puntos del país. 

Un caso testigo es el de Castellón (Comunidad Valenciana), una provincia en pie de guerra contra la planta solar "Magda", una gigantesca infraestructura verde que, de construirse, transformará la geografía (suelos, sistemas productivos, paisajes) de diez municipios.

El malestar social, con ramificaciones políticas, ha logrado que los promotores, las firmas Akuo (Francia) y Premier (China), reformulen el proyecto en la búsqueda de algún mínimo consenso con la ciudadanía, imprescindible para poder colocar las placas solares. 

Las compañías han anunciado que, tras reuniones públicas con los residentes locales, el parque fotovoltaico ha sido "optimizado" por lo que ocupará finalmente unas 250 hectáreas (y no cerca de 500 hectáreas como se ha publicado), lo que supone un 40% menos de la superficie inicialmente prevista.

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Para la "buena marcha del proyecto" y su "aceptación local", las empresas descartan además "cualquier expropiación de terrenos para la instalación del parque fotovoltaico", por lo que el proyecto incluirá "exclusiva y únicamente los terrenos firmados con sus propietarios".  

El aval de Ribera a este megaproyecto es un mazazo y una declaración de guerra. Hay veces en las que las políticas del PSOE se parecen sospechosamente a las del PP. Es un auténtico escándalo

Los municipios afectados -Les Coves de Vinromà, Vilanova d'Alcolea, Torre d'en Doménec, Benlloc, Vall d'Alba, Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Castelló de la Plana y Almassora- son escépticos a estos anuncios. 

Exigen que las modificaciones del proyectos queden reflejadas en los organismo oficiales y en el BOE. Sus pobladores aclaran que no van a "bajar la guardia" y que seguirán en la calle defendiendo "sus tierras y sus formas de vida".

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El fin de semana, más de dos mil manifestantes se reunieron en una de estas localidades (Les Coves de Vinromà) para, justamente, reclamar una "implantación racional" de las energías renovables.

La manifestación de este fin de semana en Les Coves de Vinromà. 

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"Se está favoreciendo un modelo que nos empobrece y nos deja indefensos en manos de inversores privados que solo velan por sus intereses económicos", resumió el de Nostra Terra, un colectivo conformado hace un año en oposición al proyecto Magda. 

La organización denuncia que esta megaplanta solar -la más grande de toda la CCAA- generará "más paro, más despoblamiento, y pérdidas irreparables por la agricultura, la ganadería, la biodiversidad y la sostenibilidad".

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De la manifestación participaron representantes de formaciones como Compromís, PSPV-PSOE y PP, además de diputados provinciales, senadores y alcaldes de pueblos vecinos. El profundo malestar social empieza a tener un fuerte eco político. 

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también está molesto por la decisión de Ribera. Reconoció que "la descarbonización es incuestionable, pero pidió "hacer las cosas adecuadamente"

Casi todos los partidos de la Diputación de Castellón rechazan el macroproyecto. Hay pocos antecedentes de un conflicto que haya unido a todo el arco parlamentario, de derecha a izquierda. 

Hasta PSPV (Partido Socialista del País Valenciano) se opone. "Por un mundo de interior vivo, a favor de las energías alternativas y sostenibles y siempre acorde con el territorio, rechazando el proyecto Magda tal y como está planteado", tuiteó el diputado Ernest Blanch tras asistir a la concentración. 

 La semana pasada, se aprobó por unanimidad una moción que exige la paralización de la inversión e insta a la cartera que dirige Teresa Ribera a "reformular" el modelo de energías renovables en la provincia.

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"La ministra debe explicar por qué se ha aprobado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la planta solar fotovoltaica Magda cuando este proyecto supone un golpe letal para la agricultura y la ganadería que son el medio de vida de muchos municipios afectados", sintetizó la portavoz del PP de la provincia y senadora por Castellón, Salomé Pradas.

 El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. 

Europa Press

Todas las críticas apuntan a Ribera. La Generalitat Valenciana viene impugnando el proyecto desde que se presentó en sociedad, a mediados de 2021. La administración regional le recrimina a la central la omisión de trámites y le insta a "revisar y corregir" la declaración positiva de impacto ambiental.

A principio de mes, el director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental, Julio Ramón Gómez, remitió una carta al Ministerio de Transición Ecológica denunciando que la megaplanta solar tiene unos "efectos negativos desde el punto de vista medioambiental" que "quedan fuera de toda duda".

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también está molesto por la decisión de Ribera. Reconoció que "la descarbonización es incuestionable, pero pidió "hacer las cosas adecuadamente".

Ribera aún no se ha pronunciado al respecto. Lo cierto es que el frente de tensión por las renovables crece y amenaza con nacionalizarse

"Ante esta cuestión no se puede ser neutral: o renovables o combustibles fósiles, pero hay que hacer las cosas bien", dijo días atrás cuando le consultaron por el proyecto.

Más directo se pronunció el diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, quien calificó la aprobación de esta inversión de "mazazo y una declaración de guerra" a las comarcas del interior de Castellón. 

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"Es un mazazo a la lucha contra la despoblación, contra la agricultura, contra el paisaje, el uso racional del territorio y la soberanía alimentaria valenciana. Estamos hablando de 260.000 paneles, 500 hectáreas bajo placas solares, 400 hectáreas anegadas de agricultura productiva y, de ellas, 200 hectáreas de agricultura ecológica, de centenares torres para el cableado hasta la costa y de la tala de 60.000 árboles productivos. Hay veces en las que las políticas del PSOE se parecen sospechosamente a las del PP. Es un auténtico escándalo", se quejó. 

Ribera aún no se ha pronunciado al respecto. Lo cierto es que el frente de tensión por las renovables crece y amenaza con nacionalizarse.