No habrá impuesto extraordinario al oligopolio eléctrico en la próxima legislatura. Pedro Sánchez tiene decidido eliminar su principal medida redistributiva, una decisión tomada tras la guerra en Ucrania que generó la ruptura con una parte del IBEX 35.

El Gobierno cree que dos años más tarde, en las puertas del 2024, la "coyuntura es otra", sin una asfixia energética por los elevados precios que las clases medias y populares tuvieron que afrontar luego de la invasión militar de Vladimir Putin. 

Con esa justificación -"el precio de la energía continúa alto, pero se está reduciendo", aclaró este jueves Sánchez-, Moncloa avanzará en los próximos meses en la supresión para 2025 de este gravamen.

Sin embargo, el motivo principal de dar macha atrás con el tributo es la amenaza de las empresas de deslocalizar sus inversiones, una advertencia que vienen lanzando desde 2022, pero que de extenderse el impuesto tiene ahora planes concretos de desinversión.

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Semanas atrás, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, afirmó que la compañía tiene "alternativas" como Portugal, donde se podrían llevar futuros proyectos industriales, después de criticar el mantenimiento del impuesto extraordinario a las empresas eléctricas pactado por PSOE y Sumar, al que tachó de "ilegal", "injusto", "anticonstitucional" y "discriminatorio".

Misma amenaza lanzaron de Iberdrola, Cepsa y Naturgy. "Vamos a perder muchísimo más con estas desinversiones que lo que vamos a recaudar con el impuesto", resumen en Ferraz sobre los costes de continuar con esta política.

Desde hace días que el Ejecutivo viene "filtrando" esta idea a la prensa. Esta jueves, en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, Sánchez habló por primera vez de esta posibilidad. 

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, rechaza eliminar el impuesto extraordinario a las eléctricas. 

Europa Press

Anticipó que estudia eliminar o reformar el impuesto extraordinario a las compañías eléctricas para "estimular" las inversiones dirigidas a la transición energética.

Los que más tienen más tienen que aportar a las arcas públicas

Y adelantó que el Gobierno ya se está planteando el "rediseño" del impuesto porque "hay proyectos industriales que necesitan una política energética que estimule la inversión". "Estamos en fase de rediseño para ver cómo podemos incentivar esas inversiones", reconoció.

Una aclaración similar hizo la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desde la Cumbre del Clima en Dubái (COP28). "Hay que tener en cuenta las grandes inversiones que requiere la transición energética", pidió.

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"Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa figura. La fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa", agregó sobre los motivos para replantearse esta política.

El poco margen de negociación con los socios parlamentarios también explica este cambio de rumbo. PNV siempre su opuso y ahora, con poder para hacer naufragar la legislatura, exige su eliminación. Para el líder vasco, Andoni Ortuzar el tributo es "mercancía averiada". 

Lo que ni Sánchez ni Ribera confiaron es si la eliminación del impuesto cuenta con el apoyo de Sumar, su principal aliado legislativo. Su continuidad figura en el programa de gobierno firmado por Sánchez y Yolanda Díaz para esta nueva legislatura. 

Díaz ya chocó con la CEOE por este tema. Defendió con uñas y dientes que el tributo tiene que ser prorrogado. "Los que más tienen más tienen que aportar a las arcas públicas", se mantuvo firme la vicepresidenta. La decisión de Sánchez, por ende, generará nuevas curvas en la coalición progresista