Textual de la Comisión Europea: "Las comunidades energéticas son uno de los elementos clave para lograr la transición energética de la UE: para 2050, la mitad de los ciudadanos de Europa podría estar produciendo hasta la mitad de la energía renovable".
España, líder regional en proyectos privados de energía verde -días atrás el Gobierno presumió por los datos de la AIE que sitúa al país en el primer puesto del mundo en porcentaje de energía solar en el suministro eléctrico- está, llamativamente, a la cola en lo que respecta a la apropiación ciudadana de la transición energética.
A hoy, según los datos del propio Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, España tiene tan solo 73 comunidades funcionando en todo su territorio y un total de 329 proyectos presentados.
La diferencia es abismal en la comparación con los otros países líderes en energía verde. En febrero, la Comisión Europea publicó un mapa interactivo con datos de comunidades energéticas recogidas dentro del proyecto con financiación europea H2020-COMETS.
Alemania, pionero de este modelo horizontal, participativo y democrático, tiene casi 5.000 comunidades (4.848). En 2019, según este registro, ya contaba con 1.750 iniciativas de este tipo. Países Bajos tiene registradas 987 de estas asociaciones, Dinamarca 633 e Irlanda 542.
El retraso de España se explica por muchos factores. El Gobierno nunca transpuso la directiva europea (julio de 2021) que reconoce y promueve la energía comunitaria. Para revertir ese retraso, la cartera que dirige Teresa Ribera presentó un proyecto de decreto ley para, justamente, dotar de una marco legal propio a estos grupos, esencial para su proliferación.
Quienes participan y fomentan este modelo de apropiación ciudadana de la energía limpia vienen denunciando desde hace año este desinterés gubernamental.
"Hay una gran presión por parte de las compañías eléctricas para frenar el autoconsumo compartido y las comunidades energéticas", denunciaba el año pasado Abel Porras Braceras, socio de la Cooperativa Energética de Castilla-La Mancha. "En España sí hay facilidades para construir grandes parques solares o eólicos", lamentaba en la misma línea Álvaro Campos Celador, profesor en la Universidad del País Vasco y miembro de Gure Energia, la Red de Apoyo Mutuo en Respuesta a los Megaproyectos Energéticos y la Alianza Energía y Territorio (Aliente).
En su proyecto de ley, el Gobierno define a las comunidades energéticas como "entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónoma y efectivamente controlada por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras".
Y reconoce, ante el "creciente interés" de estos colectivos, la necesidad de establecer un "marco jurídico adecuado que proporcione seguridad jurídica, prevea la identificación y eliminación de barreras y contemple las medidas necesarias para su evolución".
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El Ministerio reconoce que las comunidades de energías renovables, con capacidad para producir, consumir, almacenar y vender energía, "proporcionan beneficios medioambientales, económicos y sociales a sus socios o miembros y a las zonas locales donde operan cuando destinen, principalmente, que no exclusivamente, los beneficios económicos que pudieran obtener a la reducción de costes de energía de sus socios o miembros, al desarrollo de actuaciones relacionadas con su objeto social, a inversiones que supongan una mejora ambiental del entorno o al desarrollo social de la localidad o localidades donde desarrollan su actividad".
De aprobarse el proyecto de ley -en etapa de alegaciones hasta el 17 de mayo-, las empresas a cargo de la distribución (el oligopolio) estarían obligadas a "cooperar" con las comunidades de energías renovables "para facilitar las transferencias de energía".
El sector fotovoltaico catalán, por ejemplo, mantiene un pulso desde hace meses con Endesa por los escollos que pone en el segmento del autoconsumo para enganchar las placas a la red.
Lo mismo ocurre en el País Vasco. Las localidades de Pobes y Urarte, en donde funcionan comunidades energéticas, llevan desde hace tiempo con las placas solares instaladas en la cubierta de los edificios sin poder utilizarlas porque "Iberdrola no engancha sus contadores a la red".
"Esto es un cachondeo. La distribución de electricidad está en manos del oligopolio (aquí Iberdrola). Esto le da el poder de retrasar arbitrariamente la activación de instalaciones de las comunidades energéticas. Y lo hace, claro", cuestionó tiempo atrás Mikel Otero, parlamentario y secretario de transición ecológica de EH Bildu.
La reglamentación también permitirá que mejores condiciones en las ayudas estatales para que las comunidades energéticas "puedan competir por el apoyo en pie de igualdad con otros participantes en el mercado".
La propuesta contempla que estas asociaciones puedan acceder a las subastas periódicas de renovables para tener una retribución regulada con cupos específicos de potencia. El mercado deberá, además, un 5% de la capacidad en los nudos de la red eléctrica reservados para las conexiones.
Amigos de la Tierra es la ONG que más ha militada por la multiplicación de la energía comunitaria, la llave para "para dar un giro de 180 grados a al actual modelo energético". Su valoración del proyecto es que, lamentablemente, el texto "se queda a mitad de camino a la hora de impulsar las comunidades energéticas".
La principal crítica es que el decreto, tal como está planteado, "no garantiza la participación real y efectiva de la ciudadanía, como sería de esperar el elemento central de una regulación para este tipo de figura".
También se cuestiona el presupuesto asignado: 100 millones de euros. "Es totalmente insuficiente para avanzar en una transición energética ecológica y justa. Es evidente que la ambición de este documento en todos los sentidos debería ser mayor", aclara la organización ecologista.
Las pegas incluyen la no contemplación de la "distribución y la gestión de la energía" entre las funciones de las comunidades energéticas. "Estas actividades son indispensables para alcanzar la soberanía energética ciudadana y para acabar con la mala praxis del oligopolio, tal y como estamos viendo con los obstáculos en la conexión a la red de los proyectos de energía comunitaria impulsados por la ciudadanía".
Para Amigos de la Tierra, la coyuntura tan "crítica" producto de la crisis climática y energética que afronta España debería dar paso a una propuesta "más ambiciosa" del Gobierno. "La apuesta por la energía comunitaria y las comunidades energéticas es más urgente que nunca", concluye este colectivo.
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