Una empresa criminal organizada desde la cárcel, sumada la corrupción policial, más el narcomenudeo y ahora la trata y la explotación sexual de menores da una sumatoria espeluznante de factores de una banda que operaba en la zona noroeste de Rosario y que subió otro escalón en la espiral de violencia y descomposición social que atraviesa a la ciudad, en un contexto donde ningún actor criminal hegemoniza los mercados ilegales.

Doce hombres y siete mujeres fueron detenidos la semana pasada y se encuentran con prisión preventiva como integrantes de la banda que, según la investigación de la Justicia Federal, organizó Lautaro Walter Giraldi, preso en el pabellón 4 de la cárcel de Coronda. La organización fue descubierta a partir de las declaraciones de dos menores de 16 y 17 años captadas con promesas de empleo y obligadas a prostituirse y a vender drogas en un bunker (ver video del operativo que implicó 26 allanamientos en diferentes domicilios de Rosario).

La menor de 17 años fue captada en febrero después de publicar un aviso en un grupo de Facebook dedicado a la compra y venta de artículos donde dijo que buscaba trabajo para requerir la tenencia de su hija, ya que su situación económica era vulnerable. Una mujer le ofreció empleo para cuidar niños, por lo que viajó desde Coronda a Rosario, y desde la terminal de ómnibus de esta ciudad al bunker instalado en Beatriz Vallejos 3325, barrio de Nuevo Alberdi.

La otra víctima, de 16 años, fue a llevada al lugar en un taxi, donde el propio Giraldi les reveló la verdad por videollamada: "Van a trabajar para mí, si no les voy a pegar un tiro en las piernas. Vivas no van a salir", amenazó.

"La etapa que viene es esta", advierte Nicolás Del Mastro, delegado en la Región Centro del Comité contra la Trata y Explotación de personas: "vamos a encontrar que el activo de las bandas criminales son los cuerpos de las personas captadas y obligadas a cometer delitos".

"Hay aristas que son comunes de encontrar en forma aislada. En este caso se reúnen todas", analiza por su parte Darío Monti, subsecretario de Investigación Criminal del gobierno de la provincia. El funcionario destacó "la rapidez con que se pasó de la investigación a los operativos después de recibir las denuncias en el mes de abril", aunque desde la Justicia Federal se criticó la situación de desamparo que atravesaron las menores durante quince días por parte de los organismos encargaron de su cuidado, hasta que fueron admitidas en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

Hijo de un ex policía, Giraldi tiene 26 años y está en prisión por robo calificado y abuso de armas. "Es muy probable que en la cárcel haya logrado contactos para volcarse al narcomenudeo", dice Marco Iazzetta, profesor del seminario Estado, Delito y Narcotráfico de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario.

Armas, celulares, dinero en efectivo, parte del material decomisado

Iazzetta destaca la influencia de las cárceles santafesinas en la reconfiguración de sociedades y relaciones en el mundo narco de Rosario. "En 2013 la situación era que los grupos criminales estaban afincados en territorios determinados; la situación actual es que se generaron vínculos entre esos grupos", dice, y cita como ejemplo la lista de invitados en la llamada boda narco que terminó con un triple crimen en la localidad de Ibarlucea, el 26 de enero de 2022, "donde había invitados de zona norte, zona oeste y zona sur" y el Candy bar del salón de eventos, según la investigación judicial, estaba a cargo de allegados a Los Monos.

 Hijo de un ex policía, Giraldi tiene 26 años y está en prisión por robo calificado y abuso de armas. "Es muy probable que en la cárcel haya logrado contactos para volcarse al narcomenudeo", dice Marco Iazzetta, profesor del seminario Estado, Delito y Narcotráfico de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Rosario.

"Se logró un gran avance en el control de ingresos a las principales cárceles de la provincia con la instalación de body scanners. Están en la Aduana dos inhibidores de celulares de tecnología israelí. Hasta que no se avance con su instalación vamos a tener problemas", agrega Darío Monti. Las requisas en las prisiones y el hallazgo de nichos de almacenamiento de celulares en la cárcel de Piñero provocaron como represalia en el mes de mayo una balacera contra la Oficina de Recepción de Detenidos situada en el extremo oeste de Rosario, el sexto tiroteo contra ese establecimiento.

La banda localizada en el barrio Nuevo Alberdi estaba dirigida en la calle por la pareja, la prima, la madre, la suegra y un hermano de Giraldi, quienes se repartían el control de la venta, la distribución de la droga (cocaína y marihuana) y la recaudación del dinero. "Aparece como una pyme familiar volcada a la comercialización de drogas con una estructura básica, común a los grupos rústicos.

Llama la atención el rol de las mujeres, pero son estructuras familiares que se manejan por relaciones de confianza", analiza Iazzetta, quien no obstante destaca que la presencia de las menores captadas con engaños y sometidas a explotación agrava el cuadro habitual.

"No es el primer caso en Santa Fe -afirma Nicolás Del Mastro-. Ya pasó con dos adolescentes que estaban en esquemas de protección en un centro residencial de Villa Constitución y fueron traídas a Rosario en un remise trucho y ofrecidas en un grupo de Facebook". El delegado del Comité contra la Trata, organismo que depende de la Jefatura de Ministros del gobierno nacional, destaca la intervención de la Justicia Federal y cuestiona a la provincial:

"El Ministerio Público de la Acusación investigaba algunos de los inmuebles que fueron allanados, por balaceras: no advirtió que esto era parte de una red con lugares de acopio y de comercialización de drogas y de ablande de personas explotadas". El bunker de Beatriz Vallejos al 3300 fue baleado el 9 de febrero y tenía antecedentes como blanco de otros atentados que se remontan a 2020.

 El Ministerio Público de la Acusación investigaba algunos de los inmuebles que fueron allanados, por balaceras: no advirtió que esto era parte de una red con lugares de acopio y de comercialización de drogas y de ablande de personas explotada

La organización pergeñada desde la cárcel de Coronda incluyó la rotación de los puestos de venta y de recepción del dinero, una medida de seguridad que probablemente estaba más dirigida contra bandas rivales que contra la policía. La banda contaba con protección de al menos cinco oficiales y suboficiales del Comando Radioeléctrico de Rosario, quienes cobraban rigurosamente una coima los domingos de cada semana y además exigieron favores sexuales de las menores, para no llevarlas detenidas.

Droga secuestrada en los operativos 

"La trata requiere dos condiciones objetivas: el esquema de vulnerabilidad de la víctima y la connivencia de algún organismo del Estado que no hace lo que tiene que hacer o mira para otro lado, sea policial, judicial o político. A diferencia de lo que pasa en el resto del país, en Santa Fe la estructura policial es mano de obra de las bandas narcocriminales", afirma Del Mastro. Las denuncias por situaciones de trata y explotación de personas pueden realizarse a la línea 145.

Open 24 Horas

La banda no tenía aparentemente un volumen importante de ventas, como indicaría la cantidad de droga incautada: 300 gramos de cocaína y 4 kilos de marihuana. Sin embargo funcionaba las veinticuatro horas con dos grupos de soldaditos, y las balaceras contra el bunker sugieren una antigüedad de al menos tres años en la actividad. Según los testimonios de las menores, la pyme narco distribuía la droga en bidones entre 20 y 22 bochitas de cocaína, pagaba mil pesos de comisión por la venta de cada bidón y en cada turno proveía dos dosis de cocaína a las menores para que se mantuvieran despiertas.

"Los delitos migran y se adaptan al territorio, a la economía y a la virtualidad -subraya Del Mastro-. En el contexto de Rosario, con el paso del bunker al delivery como forma de comercialización el capital de las estructuras criminales son los cuerpos de pibes y pibas captados para actuar como tiratiros, comerciar estupefacientes y ser explotados".

Audi perteneciente a la banda criminal

Entre los 26 allanamientos realizados por la Agencia de Investigación Criminal de la policía provincial y fuerzas federales se contaron los del depósito de las drogas en el macrocentro de Rosario, Pueyrredón al 900, y domicilios en el barrio Fontanarrosa, ex Zona Cero, donde funcionaban puntos alternativos de venta.

El narcomenudeo y la trata están vinculados, agrega Del Mastro, "porque en Rosario la moneda de intercambio son los estupefacientes, que sirven para pagar sexo, para pagar usurpación de inmuebles, para pagar balaceras, y el problema de las adicciones de las víctimas es un mecanismo de captación".

 En Rosario la moneda de intercambio son los estupefacientes, que sirven para pagar sexo, para pagar usurpación de inmuebles, para pagar balaceras, y el problema de las adicciones de las víctimas es un mecanismo de captación

La investigación en curso también permitió constatar la presencia de los policías en los puestos de venta de la banda. Una de las patrullas del Comando Radioeléctrico desoyó el pedido de comparecer a un sitio donde se requería presencia policial para estar en el bunker, presuntamente a los fines de recibir el soborno semanal. Tres policías fueron sorprendidos con cocaína en el patrullero, al ser detenidos por la Agencia de Control Policial.

"No hay un actor criminal que imponga orden en las calles de Rosario. El Estado tampoco es capaz de contener los mercados ilegales. Lo que se ve es una fragmentación cada vez mayor de las bandas", afirma por su parte Marco Iazzetta, quien contradice cierto sentido común sobre el llamado crimen organizado en Rosario y las opiniones que invocan una "guerra narco" para observar el cuadro.

"No estamos construyendo un diagnóstico preciso para la situación de Rosario -advierte Iazzetta-. Nos basamos en lo que sucedió en otras coyunturas, en otros países. Estamos lejos de la situación de México, lejos de la situación de Colombia. Los grupos locales no exportan droga ni tienen el mismo poder de fuego ni la estructura empresarial de los cárteles". Para el especialista, "el problema es la incapacidad de la política santafesina para dar respuestas; agrandar el problema es una forma de exculparse por parte de la política".

La situación se patentiza con las extorsiones cotidianas. "Entre las bandas de Rosario no funciona como en la mafia siciliana, donde la práctica se despliega como una venta de protección -aclara Iazzetta- sino como actividad predatoria que extrae recursos de la población. Estos grupos no hacen de intermediarios ni garantizan tranquilidad a las víctimas como sucede con el Primer Comando Capital en Brasil o incluso con el cártel de Sinaloa en México. No hay ninguna regulación en los territorios ni contraprestaciones por los pagos".

Un ejemplo dramático es la balacera contra una hamburguería de Villa Gobernador Gálvez, el 21 de mayo, en la que fue asesinado Hugo Villán, obrero frigorífico que hacía extras como cadete de reparto. Según la investigación judicial, el local había pagado una extorsión media hora antes y el ataque fue perpetrado por otra fracción de la misma banda que también exigió dinero. La práctica rige a la vez para la cobertura policial: los policías que cobran sobornos no resguardan a las bandas criminales de las exigencias de otros agentes. "La policía corrupta", como la describió una de las adolescentes secuestradas en Nuevo Alberdi, roba por añadidura plata recaudada por la venta de droga y la cocaína que encuentra disponible.

La intervención judicial se aceleró en mayo, después que la adolescente de 16 años denunció ante la policía de Coronda que la otra menor estaba retenida por la banda. "Todavía queda mucha tela para cortar. Se secuestraron 35 celulares y hay que analizarlos", adelanta Darío Monti. El subsecretario de Investigación Criminal de la provincia afirma que la incorporación de los inhibidores de señales de la telefonía resolverá el problema crónico del delito organizado por presos a través de los celulares que proliferan en las cárceles.

Iazzetta describe un panorama menos promisorio: "Los actores criminales también hacen campaña política, presionan con las balaceras. A medida que se acerquen las elecciones esto va a ir incrementándose. No se ven soluciones a corto plazo".