A través de las visitas, de los guardias y de los abogados. En la comida, disimulado en la ropa, camuflado dentro de cualquier objeto que pueda pasar por la requisa. La instalación de escáneres corporales en las cárceles de Santa Fe hace visibles las múltiples maneras en que los presos reciben teléfonos celulares y agrega un nuevo factor de violencia en las calles de Rosario: balaceras ordenadas por lo que los detenidos definen como "verdugueo a los presos de alto perfil" en las notas que acompañan a los atentados contra oficinas del Servicio Penitenciario y escuelas.
En contraste, el circuito que alimenta a la violencia narco desde las cárceles federales volvió a exponerse el viernes pasado con la imputación contra Pablo Nicolás Camino y otras siete personas acusadas como integrantes de su organización. El hilo conductor del atentado contra el supermercado de los suegros de Lionel Messi, el asesinato del músico Lorenzo "Jimi" Altamirano y una saga de balaceras contra integrantes de la barra brava de Newell's son las órdenes impartidas por ese preso desde la cárcel de Rawson, según la investigación de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.
"En la cárcel de Rawson no hay escáneres para el ingreso de visitas ni del personal y por eso es más fácil que entren los celulares. Tenemos la sospecha de que hay personal penitenciario implicado en ese tráfico. Las celdas de Camino, Rodolfo Héctor Masini y Leandro Vilches (N. de R.: Otros implicados por narcotráfico en Rosario) fueron allanadas muchas veces sin novedad, y se comprobó que, un rato después de la requisa, hablaban por teléfono", confió una fuente de la investigación.
Las alarmas no dejan de activarse mientras tanto en las cárceles santafesinas. Un abogado de Rosario que representa a integrantes de la banda de Camino y otro de Venado Tuerto fueron demorados en la Unidad 11 de Piñero cuando intentaron ingresar celulares de manera clandestina. Una mujer quiso entrar al mismo lugar para visitar a su hijo con cuatro teléfonos ocultos en una silla de ruedas. Un agente del Servicio Penitenciario se presentó a tomar servicio en la Unidad 1 de Coronda con 17 celulares y 25 chips.
La incorporación de los escáneres responde a una dilatada promesa del gobierno provincial para mejorar los dispositivos de control en las cárceles. Todavía falta implementar los inhibidores de señales de telefonía móvil de tecnología israelí, varias veces anunciados. El gobernador Omar Perotti reiteró la promesa el 27 de junio, un día después que una facción de Los Monos copara el homenaje a Maximiliano Rodríguez en la cancha de Newell´s con el despliegue de una bandera que evocaba a Ariel "Guille" Cantero, Carlos Damián Escobar y Leandro Vinardi.
Sin embargo, una fuente de la Fiscalía Regional 2, de Rosario relativiza el impacto de los procedimientos en el crimen callejero. "Hay la misma cantidad de delitos ordenados desde la cárcel, solo que se advierten más controles y se logran sacar más aparatos celulares en los ingresos. El flujo sigue siendo importante", dice.
Otra fuente de la Fiscalía de Rosario que habló con LPO, opina que los escáneres "son una buena primera medida" que no resuelve el problema de fondo y tiene una impresión más positiva de los controles: "Seguramente bajó la cantidad de teléfonos que ingresan a las cárceles en Santa Fe. El hecho de que hayan detenido a abogados indica que algunos presos están buscando nuevas formas de hacerlo. Las únicas personas que no pasan por el escáner, por ejemplo, son las embarazadas. Y ya hay una causa por una mujer que falsificó un examen médico haciéndose pasar por embarazada".
Según una investigación en curso, las requisas a familiares de presos de alto perfil en Piñero provocaron como represalia la secuencia de balaceras contra escuelas, comisarías y establecimientos penitenciarios de Rosario del mes de mayo. Las directivas provienen aparentemente de Francisco Ezequiel Riquelme, preso en un penal bonaerense. "El Pablo Escobar de Empalme Graneros", como se hace llamar, disputó en 2022 una sangrienta competencia en el barrio Ludueña con otra banda rival, conducida desde la cárcel de Piñero.
En nombre de la mafia
Lejos de interrumpir las trayectorias criminales, los casos muestran cómo los establecimientos penitenciarios consolidan los vínculos entre bandas y realimentan los circuitos de la violencia tanto por las alianzas como por las enemistades que promueven. La reincidencia de presos en el delito se acelera antes de salir en libertad, por obra y gracia de los celulares y los contactos en la calle.
Las cárceles aparecen como lugares donde hay que saber ubicarse, como se observa en los consejos de Pablo Camino a su "soldado" Lucas Martín Castillo por si cae preso, en una conversación telefónica interceptada por los investigadores: "Si un día te llega a pasar algo, podés ir al pabellón 4 de Coronda donde está Copetín (otro preso por narcomenudeo), al 2 de Coronda, al 19 de Piñero o el 20 (de Piñero). Yo te recomiendo más Coronda, porque ahí me conoce una banda de gente y me quieren muchos pibes. Yo fui allá y me instalé en el ala Rosario".
Las conversaciones de Camino con Castillo parecen una educación criminal por entregas: "Vos estás en la calle y no te sabés manejar -dice el jefe de la banda desde la cárcel-. Pero si fulanito te debe ya sabés qué tenés que hacer".
Una investigación reciente del fiscal Pablo Socca terminó por otra parte con imputaciones contra cinco presos de Coronda por extorsiones contra comerciantes de la zona sudoeste de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. "El objetivo principal era exigir un pago de dinero en efectivo en concepto de protección, arrogándose el control territorial de la zona, y todo bajo amenazas de muerte", afirmó Socca en la audiencia de imputación.
Familiares y allegados de los presos cobraban en forma personal o por transferencias bancarias el dinero exigido en nombre de "gente de la mafia" o de "los dueños de la zona". Las extorsiones se realizaban al voleo, contra personas que ofrecían servicios o vendían productos en las redes sociales o dueñas de pequeños negocios. Uno de los presos, Miguel Ángel Roezga, fue escuchado en una conversación en la que le contaba a su novia que tenía "autorización" de otros reclusos para operar en zonas más amplias de Rosario, para lo que necesitaba gente en la calle y más celulares.
Camino cumple una condena unificada de 25 años de prisión por los homicidios de Andrés Farías, en 2015, y del barra brava de Newell's Rubén "Tuby" Segovia en 2018, cuando ya estaba preso en Coronda. La nueva acusación en su contra comprende seis crímenes y dieciocho balaceras perpetradas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez entre noviembre de 2022 y marzo de 2023.
Carlos Alberto Olguín, preso en la cárcel de Coronda, sería uno de los organizadores de la banda. Según la investigación, Antonela Victoria Fernández triangulaba el contacto entre ambos reclusos desde la calle y filmaba balaceras para que Olguín pudiera constatar que cumplía con sus instrucciones.
El protagonismo de las mujeres, aunque sujeto a las órdenes de los hombres, surge como otro dato reiterado. Magalí Aquino, esposa de Camino, está imputada por cobrar extorsiones. "Yo no hablo, yo doy plomo", escribió la mujer en un chat de WhatsApp incorporado a la causa.
Aquino no es la única relación sentimental de Camino comprometida en el delito. Su novia Melisa Samanta Negro está presa como coautora del doble femicidio de las hermanas Estefanía y Mariela Gorosito, el 19 de julio de 2022, cometido aparentemente por tener una deuda con Camino.
El maridaje de relaciones sentimentales y criminales de Camino se despliega como una tragicomedia de enredos en una comunicación interceptada entre Magalí Aquino y una abogada. "Yo soy la mamá de los chicos y estoy embarazada de él. Soy la esposa legal", se presenta Aquino en la conversación. "Para entender un poco la historia -se impacienta la abogada-: él vivía con vos, estaba todo bien en el matrimonio pero pito flojo se fue con otra y le hizo una nena a otra, a la que está presa; y después hay otra, Melina, que también está presa".
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"Quieren estar todas conmigo compadre, viste, y la Mel está embarazada", se jacta por su parte Camino en otra conversación. Sin embargo, el tono general de las comunicaciones interceptadas está signado por los deseos de venganza contra Agustín "Tato" Leguizamón -preso en Piñero que se pasa a un bando contrario- y por la constante necesidad de dinero para proveerse de celulares y pagar los honorarios de sus defensores.
"Rescatame los papeles del departamento y háganme vender un departamento porque los abogados me piden una banda de plata. Acá necesitamos plata", apremia Camino a Castillo en una de las comunicaciones interceptadas. En otro pasaje agrega detalles: "Estos abogados me cobran para entrar un millón de pesos. No les pagué nada y me dieron una banda de información. Necesito cash, efectivo, solucionar los problemas. Si yo salgo de acá me achuran". También presume de haberse contactado con "la jefa de las cárceles de la nación (sic), imaginate el contacto, fijate donde yo llegué a hablar".
Si ese comentario parece una fábula, la intimidación contra un guardia de la cárcel de Coronda mostró una notable combinación de recursos e información. Según la imputación del fiscal Socca, como parte de la maniobra se contrataron con un DNI falso los servicios de la base Nosis para averiguar datos personales del agente penitenciario y de otras once personas. "Vas a saber quién soy. Sé cuando entrás y cuando salís", le advirtió Camino al agente.
Las oficinas del crimen
"Camino tiene teléfonos todo el tiempo", afirma un investigador. Las conversaciones que lo incriminaron surgen de los teléfonos de otros imputados. El celular que usó el jefe narco para ordenar la balacera contra el Supermercado Único de la familia Roccuzzo, que dio la vuelta al mundo el 2 de marzo por el parentesco con Lionel Messi, no fue secuestrado. En las conversaciones interceptadas, los narcos demuestran estar al tanto de que son escuchados y toman precauciones: "el telefonito este (con el) que hablás conmigo rompelo en mil pedazos", pide Camino.
Un día antes de la balacera contra el Supermercado Único, Camino habría encargado el crimen de "Jimi" Altamirano, secuestrado en 27 de Febrero e Iriondo de Rosario y asesinado frente a la puerta 6 de la cancha de Newell´s a los fines de amedrentar a la barra brava que responde a Leandro Vinardi, preso en Ezeiza.
Y el intento de vengarse contra Leguizamón estaría detrás del homicidio de Benjamín Echavarría, el 1 de marzo. En la imputación se incorporaron chats donde Echavarría le dijo a Antonela Fernández que él no servía para matar, que "hace plata de otra forma" e insistió en que "yo no estoy para matar y menos a inocentes".
Los controles en las cárceles provinciales también tienen efectos en el propio Servicio Penitenciario y ponen al descubierto depósitos clandestinos de celulares en el interior de las cárceles. Dos celadores quedaron en disponibilidad a fines de enero después del hallazgo de un depósito de teléfonos en un baño del Pabellón 11 de Coronda. En otra dependencia del Pabellón 1, donde están los presos por causas federales, aparecieron repentinamente 51 celulares, marihuana, cocaína y una balanza utilizada para pesar la droga.
"Yo estoy armando cosas nuevas, donde yo me acomodo sigo marchando", dice Pablo Camino en una conversación telefónica. Como pasó con Ariel Máximo "Guille" Cantero, Alan Funes y René Ungaro, entre otros jefes de bandas, el encierro no fue un obstáculo para que continuara en actividad. Las trayectorias criminales de los llamados presos de alto perfil encuentran nuevas posibilidades de expansión en las cárceles, sean provinciales o federales.
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