La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió el jueves en Buenos Aires al flamante gobernador Maximiliano Pullaro y al intendente de Rosario Pablo Javkin quienes en una extensa reunión evaluaron la situación que encontraron en el área seguridad en la provincia. 

A modo de ejemplo, en Rosario hay solo 20 móviles policiales funcionando y un cementerio con los patrulleros que se compraron hace seis o siete años, cuando Pullaro era ministro de Seguridad de Lifschitz (ver video).

Con los recursos disponibles, Pullaro se las arregló para transferir a los narcos y sicarios a los pabellones de máxima seguridad que ordenó construir cuando fue ministro y que habían sido clausurados por Perotti. La medida derivó en una serie de balaceras contra un banco, una escuela y el Hospital de Emergencias de Rosario donde dejaron carteles amenazando al gobernador y a su familia.

Pullaro no se amedrentó y en la primera semana dispuso el traslado de los presos alojados en comisarias hacia los centros de detención y anular el trabajo administrativo de la policía para disponer de todos los recursos humanos de la fuerza para el control de la calle. También suspendió por 90 días las vacaciones de la fuerza que serán reprogramadas.

Con ello, el santafesino logró un efecto político de magnitud al punto tal que Bullrich tuvo que acelerar la presentación del protocolo anti-piquete para no quedar opacada como referente de la seguridad.

Uno de los pedidos que le hizo Pullaro a la ministra fue la posibilidad de que Nación le transfiera el penal federal que se está construyendo en la localidad de Coronda y que está terminado en más de un 90%. La idea del gobernador es que la provincia termine los detalles de obra y hacerse cargo de su administración hasta que el gobierno central tenga los recursos humanos disponibles y con ello, ganaría cerca de tres mil plazas para presos condenados en causas federales, principalmente narcotráfico. 

Sin embargo, fuentes del Ministerio pusieron reparos en la posibilidad y afirmaron a LPO que solamente se conversó y que aún no hay ningún pedido formal sobre el tema y consideraron que es poco posible que ello ocurra.

Por otro lado, el santafesino propuso que el Comando Conjunto, que coordinará el trabajo de las fuerzas federales y las provinciales recaiga en su autoridad. Sería una decisión lógica, Pullaro fue ministro de Seguridad durante cuatro años antes de ser gobernador y compartió gestión con Patricia Bullrich en una relación fluctuante.

Sin embargo, desde la cartera que conduce Bullrich también descartaron de plano esa posibilidad; "la coordinación del comando va a ser de Nación", dijo una fuente encumbrada que pidió mantener el off.

Lo cierto es que la ministra de Seguridad llegará a Rosario el próximo lunes en su primera visita oficial a la ciudad con el mayor índices de homicidios del país atravesada por la guerra entre bandas narco por el control del territorio y disputas personales. 

Uno de los anuncios que esperan las autoridades locales es el refuerzo de agentes federales en el territorio. Si bien, en Rosario se rumoreaba el arribo de entre 3 mil y 5 mil uniformados, desde el Ministerio de Seguridad precisaron que serán unos 600 agentes que se sumarán a los tres mil que ya están cumpliendo funciones en Santa Fe. La mayoría se destinará a la ciudad de Rosario.

 [Pullaro mandó a los narcos presos a pabellones de máxima seguridad y los sicarios resisten a los tiros]

Tanto Bullrich como Pullaro coincidieron en la necesidad de que los federales se centren en la persecución del delito complejo, la saturación de zonas calientes, a desbaratar las bandas que tienen en vilo a la población y desafectarlos del trabajo preventivo y patrullaje de calles como lo estaban haciendo hasta ahora y esa tarea pasará a estar a cargo de la policía provincial.

En las primeras horas de asumir, el radical ordenó un megaoperativo para rehabilitar los pabellones de presos de alto perfil que se construyeron durante su gestión en el Ministerio que cuentan con monitoreo permanente y medidas de seguridad extremas pero cuando llegó Perotti los anuló. Allí llevaron a líderes narcos y sicarios y el radical se mostró como "el Bukele santafesino".

 Los fiscales calculan que más del 80% de los asesinatos y extorsiones que sufre Rosario son ordenados desde la cárcel porque los jefes mafiosos acceden a teléfonos celulares y están en permanente contacto con sus lugartenientes y sicarios.