La estrategia del corredor de granos Mariano Grassi, asociado al dueño del diario La Capital Gustavo Scaglione y el bufet Casanova-Mattos-Salvatierra, para que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe le quite el expediente al juez del concurso para hacerse de la agroexportadora, quedó al borde del colapso con la decisión del máximo tribunal de devolverle la causa al magistrado que inició el proceso.

Por unanimidad, la Corte que esta semana pasó a estar presidida por el rosarino Daniel Erbetta, rechazó el avocamiento solicitado por los empresarios y la causa retornará a los juzgados de Reconquista que estaba a 10 días de cerrar un acuerdo con la mayoría de los acreedores cuando se decretó el controvertido per saltum.

La idea de Grassi y asociados era retrasar al máximo el cierre del acuerdo, ganar tiempo para reforzar el cramdown y hacerse de acciones del holding. Esta estrategia contaba con hombres muy importantes del poder local y se sospechaba que detrás de escena estaba el mismo José Luis Manzano, que estuvo interesado en quedarse con la empresa desde el primer momento en que se conoció el default, como publicó en exclusiva LPO en mayo de 2020.

El desprolijo intento de expropiación de parte del gobierno nacional en ese momento, no solo tensionó la relación entre Alberto y el gobernador Perotti sino también activó una mini 125 del campo que fue muy inteligentemente capitalizada por la oposición. El entonces ignoto intendente de Reconquista, el radical Dionisio Scarpin, se puso al frente de la resistencia agropecuaria y ganó la atención de la prensa nacional. Hoy es senador nacional de Juntos por el Cambio y posible precandidato a gobernador.

Ahora, el rechazo de avocamiento de la Corte, habilitó a Lorenzini a retomar el acuerdo con la mayoría de los acreedores que habían aceptado las condiciones propuestas por Vicentín y que al momento de la suspensión del proceso estaba a diez días de la finalización de los plazos.

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Es que una de las objeciones del grupo Grassi a la propuesta era que Vicentín montó el andamiaje de pago en la concreción de la venta de sus acciones de Renova a Viterra violando las cautelares impuestas en la causa penal y que eso la vuelve fraudulenta además de abusiva por significar un descuento del 80%, entendieron los interesados.

En los argumentos de la Corte para rechazar el avocamiento, apelan a las sugerencias del Procurador General del tribunal, Jorge Barraguirre, y admiten que "no se ha planteado ninguna cuestión que esta Corte deba resolver" como el cuestionamiento de las aptitudes del juez Lorenzini ni un asunto de competencia contencioso administrativo.

"Esta suma prudencia en la toma de decisiones deberá estar acompañada del riguroso respeto de los deberes procesales de buena fe y probidad que deben guardar los restantes operadores del concurso", terminan reclamando los jueces de la Corte.

 Priorizar la extrema prudencia con la cual habrá de ponderarse la propuesta de acuerdo formulada, en tanto condiciona su viabilidad a decisiones judiciales propias de la justicia penal y ajenas a la competencia del juez del concurso, cuestiones éstas que pudieron no haber sido advertidas por los acreedores que han prestado su conformidad

Por su parte, Erbetta advirtió sobre las particularidades extraordinarias del concurso de una empresa clave del entramado productivo y sus consecuencias económicas, sociales y políticas que tuvo su default y le sugiere al juez Lorenzini no desentenderse de las causas penales y las cautelares interpuestas tanto en el fuero provincial como federal y recuerda los incumplimientos de los directivos de Vicentín en la presentación de balances y la cuestionada venta de acciones de Renova, entre otras controversias.

Dato aparte, la mesa directiva de Vicentín acaba de notificarse del levantamiento de las cautelares interpuestas en la causa federal que esperan se replique en los tribunales penales rosarinos.

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En consecuencia, Erbetta le solicita al juez Lorenzini "priorizar la extrema prudencia con la cual habrá de ponderarse la propuesta de acuerdo formulada, en tanto condiciona su viabilidad a decisiones judiciales propias de la justicia penal y ajenas a la competencia del juez del concurso, cuestiones éstas que pudieron no haber sido advertidas por los acreedores que han prestado su conformidad".

En sentido similar se expresó el magistrado Rafael Gutiérrez, hasta la semana pasada presidente de la Corte, quien también ponderó la importancia extraordinaria de la concursada "que posee más de 1.600 acreedores verificados, entre créditos granarios, financieros, fiscales, de bienes y servicios y accionistas y sociedades, y cuya trascendencia motivó incluso el interés del Poder Ejecutivo Nacional, de la prensa nacional y de la opinión pública en general", dice Gutiérrez.

Por lo tanto, el magistrado le pide al juez del concurso que no solo atienda los intereses de los acreedores que adhieran a la propuesta sino también atienda a quienes plantean objeciones como con la deuda de 300 millones de dólares al Banco Nación y advierte que a pesar de ser un acreedor privilegiado, el plan de pago iniciado oportunamente pone en riesgo la cancelación de esa deuda, estima Gutiérrez quien coincide con Erbetta en que se tome en consideración las cautelares y acciones penales y se armonicen con la propuesta.