Vicentín anunció que llegó a un acuerdo con los acreedores luego de conseguir el respaldo de los bancos internacionales y complica el ingreso del Gobierno a 

 "Con la firma recientemente acreditada de las instituciones financieras internacionales se ha superado holgadamente el requerimiento establecido por la ley concursal de contar con al menos dos tercios de aprobación sobre el capital verificado", dice el comunicado de la empresa.

 "Este hecho se suma a la aprobación manifestada por más de mil acreedores que también superan holgadamente las conformidades de personas requeridas por ley en el trámite concursal y que fuera debidamente informada a finales del mes de abril del corriente año. De esta manera, la compañía ha cumplido en tiempo y forma las instancias previstas dentro de su concurso de acreedores alcanzando ambas mayorías", difundió la empresa.

Como anticipó LPO, el Gobierno, con Agustín Rossi a la cabeza, se aferraba a un sorpresivo per saltum redactado por el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez. Gutiérrez, vinculado al senador Armando "Pipi" Traferri, aliado de Rossi, pidió que se le entregue el expediente del concurso que se tramitaba en los tribunales de Reconquista, suspendiendo los plazos.

Por un lado, le dio oxígeno al grupo Grassi que junto a los directivos del diario La Capital, trazaron un plan para quedarse con la agroexportadora, como informó en exclusiva LPO. Por el otro, dejó abierta la posibilidad para que el Estado haga pie en el sector que representa el principal ingreso de divisas en el país.

 El propio Alberto Fernández había reconocido en una entrevista a Página/12 que evaluaban nuevas estrategias a partir de la decisión del presidente de la Corte provincial. Esa valuación corrió por cuenta de una mesa chica activada por la Casa Rosada que integran la diputada Victoria Tolosa Paz, Wado de Pedro y el asesor presidencial Juan Manuel Olmos.

Pero el acuerdo anunciado este miércoles por el holding fue una mazazo contra las posibilidades del Estado de intervenir en la empresa.  En el Gobierno no quieren avivar fantasmas de estatización de la empresa que genererían una reacción del campo que podría ser letal en este momento de debilidad política.