Balaceras contra un centro municipal de distrito convertido en polÃgono de tiro nocturno. Panfletos en la vÃa pública en los que integrantes de bandas rivales se acusan de "batirle a la cana". Amenazas a fiscales con pancartas colocadas frente a dependencias policiales. Los problemas de seguridad en Rosario tienen una nueva inflexión: las organizaciones que se disputan el narcomenudeo reaccionan contra investigaciones en curso y convierten a la ciudad en espectadora de sus enfrentamientos y de las advertencias lanzadas hacia la Justicia.
"Buscan que estos amedrentamientos trasciendan a través de la prensa para generar un estado de conmoción", dice MatÃas Edery. El fiscal del Ministerio Público de la Acusación atribuye los atentados y mensajes recientes a las imputaciones contra 26 integrantes de una banda que operaba en los barrios Empalme Graneros y Ludueña, zonas calientes de la ciudad.
Edery recibió no menos de diez amenazas como consecuencia de distintas investigaciones, "sin contar las que no trascendieron". René Ungaro, sindicado como referente en el ambiente narco, y Lorena Verdún, viuda de Claudio "Pájaro" Cantero, lÃder de los Monos, le recriminaron en medio de audiencias el interés que ponÃa en las imputaciones. El fiscal también recibió intimidaciones en el número de teléfono 911, a través de las redes sociales y mediante presentaciones en centros de denuncia.
No todas las intimidaciones provinieron del ámbito narco. En la causa por el juego clandestino que salpicó al senador provincial Armando Traferri y otros dirigentes de la polÃtica santafesina, Edery y el fiscal Luis Schiappa Pietra tuvieron que cambiar de domicilio y reforzaron sus custodias por las amenazas "muy pesadas" que recibieron después de allanar el estudio contable que llevaba las cuentas del empresario Leonardo Peiti, organizador de una aceitada red de sobornos que atravesó a la polÃtica, la justicia y la policÃa de la provincia.
La última saga se inició con dos ataques consecutivos contra el edificio del Centro Municipal de Distrito Sur, en Buenos Aires y avenida Uriburu. El destinatario fue en principio el fiscal de la Unidad Especializada en Balaceras Pablo Socca: "Fran Riquelme y el Jonita Riquelme te apuntan", le advirtieron en papel impreso, en alusión a los organizadores de una banda que disputa el control del narcomenudeo en Empalme Graneros y Ludueña.
Las amenazas se hicieron extensivas a Edery en varios carteles colocados frente a la oficina de la Agencia de Investigación Criminal, en Lamadrid al 500 bis, zona sur en Rosario. "Hacen meter presos y hacen causa a la gente", se quejaron los narcos de los fiscales en cuestión.
Una segunda entrega de mensajes en el Centro Municipal de Distrito Sur estuvo destinada a Ariel "Guille" Cantero con la firma de "la mafia". Los destinatarios urgieron al jefe de Los Monos para que "controle" a MatÃas César -organizador de bandas desde la cárcel provincial de Piñero, donde cumple condena por balaceras contra edificios judiciales- y a Los Picudos, un grupo instalado en Villa Gobernador Gálvez.
A los 24 años y con otros veinte años de prisión efectiva por delante, MatÃas César se proyecta como un actor central en las disputas actuales entre las bandas rosarinas. Los focos están localizados en los barrios Tablada, Empalme Graneros y Ludueña y más allá de las personas que aparecen en primera lÃnea, en constante rotación por los encarcelamientos y los crÃmenes, los conflictos remiten a la rivalidad histórica entre Los Monos y la organización de Esteban Alvarado como si la ciudad fuera el escenario de un TEG entre narcos.
"Nuestras investigaciones sirven para visibilizar los problemas de las cárceles, no para solucionarlos. Desde hace dos años, cuando se armó la fiscalÃa de balaceras, no cambió nada en ese sentido", advierte el fiscal Pablo Socca, en alusión al gerenciamiento del delito desde las cárceles provinciales y al hartazgo de comprobar que los principales responsables del narcomenudeo ya están presos.
"Los lÃderes de las bandas están en las cárceles. Se festejan entre sà cuando aparecen en los portales de noticias. Hasta se mandan los links de las publicaciones y las capturas de pantalla", agrega Socca.
Un caso testigo de la explotación mediática fue el de Fabio Alejandro Giménez, detenido en la cárcel de Coronda e imputado por organizar una especie de agencia de servicios criminales que ofrecÃa desde asesinatos por encargo hasta protección mafiosa.
Socca investigó a Giménez por extorsiones a comerciantes de distintas zonas de Rosario. "Un dÃa jueves detuve a la esposa como cómplice y pedà la audiencia para el lunes siguiente. En el transcurso de ese fin de semana extorsionó a otra persona y para mostrar quién era le mandó el link de una nota en la que lo mencionaban", recuerda el fiscal.
"Fabio Giménez, un narco preso que ordenaba ataques a través de sus novias", el tÃtulo de la publicación periodÃstica, funcionó como una tarjeta de presentación. "A estos presos nos los afecta una imputación más. En la cárcel tienen facilidades para disponer de un celular, y con un aparato y un tiratiros en la calle generan ingresos para mantener a su familia y conseguir beneficios en el encierro", dice Socca.
La experiencia santafesina demuestra que el encarcelamiento no solo resulta ineficaz para interrumpir las actividades ilegales sino que acelera el fenómeno de la reincidencia al introducir a los reclusos en nuevos delitos. Una banda recientemente desarticulada por el fiscal Socca era liderada por Andrés BenÃtez y Julián Aguirre, quienes ingresaron a la cárcel de Piñero por intentos de robo y portación de armas y detrás de las rejas ascendieron en la escala del hampa y se convirtieron en organizadores de bandas narcocriminales.
"La cárcel no es una isla perdida en el medio del mar -observa Esteban RodrÃguez Alzueta, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes-. No se puede pensar la cárcel y la sociedad como mundos separados y separables, las categorÃas adentro y afuera ya no sirven para mapear los vÃnculos entre el barrio y el delito, mucho menos para pensar las conexiones y desconexiones entre el universo transa y el universo carcelario".
RodrÃguez Alzueta relaciona "la porosidad" de las prisiones con "el encarcelamiento masivo y preventivo" y "el crecimiento vertical de las economÃas ilegales". En ese contexto "hay un montón de gente con estadÃas cortas, personas que están al lado de muchas otras personas también con estadÃas cortas que entran y salen muy rápido, lo que les permitirá conservar con más celo sus negocios y no resignar los mercados conquistados", destaca el especialista, editor de la revista Cuestiones criminales.
El caso de Fabio Giménez expuso además un fenómeno caracterÃstico de la criminalidad: la importancia del cartel, como se llama al prestigio y a las historias de vida y muerte que rodean a los referentes del ambiente narco. Un capital simbólico que se adquiere y se conserva a través del ejercicio sostenido de la violencia: René Ungaro, "el Brujo", heredó el renombre de su padre, vinculado a la piraterÃa del asfalto y lo incrementó con el asesinato de Roberto "Pimpi" Camino, otrora lÃder de la barra brava de Newell's.
Ungaro fue trasladado al penal de Ezeiza después de una fuga que el 27 de junio de 2021 puso en evidencia las condiciones precarias de la cárcel de Piñero, a la que se consideraba de máxima seguridad. Su trayectoria delictiva, desplegada prácticamente en su totalidad desde la prisión, incluirÃa ahora la instigación de la balacera en que fue asesinada Claudia Deldebbio y heridos su hija y un adolescente, el 23 de julio, en el barrio Tablada.
"Las muertes resultan moneda de intercambio para demostrar coraje y valentÃa e ir acumulando valor al interior del ambiente", analiza la antropóloga Eugenia Cozzi en De ladrones a narcos, un estudio sobre los orÃgenes de la situación actual en Rosario. El código no está escrito pero "se necesita construir y cuidar el cartel todo el tiempo, porque se puede ganar y perder fácilmente", y el método consiste en el ejercicio continuo de la violencia.
Los atentados y volanteadas recientes cobran sentido también en ese marco. "Las bandas no necesitan poner carteles para comunicarse entre sÃ", dice el fiscal Edery, en referencia a que la exhibición pública apunta a reivindicar la hegemonÃa en un territorio y a desafiar a los competidores.
Otra fuente judicial señala que "las primeras amenazas con carteles tenÃan como objetivo escrachar a la banda rival y exponerlos mediáticamente con nombre y apellido, por lo que provocaron una respuesta en el mismo sentido: de un lado y del otro nos usan a nosotros y usan a los medios". El cruce de acusaciones pasa en limpio a los protagonistas: Ungaro y las familias Funes y Riquelme, enfrentadas a MatÃas César y Los Picudos.
Los mensajes públicos entre bandas criminales y los carteles que suelen aparecer en escenas de crÃmenes y en blancos de balaceras también pueden contener pistas falsas y sobreentendidos que solo pueden descifrar los directamente involucrados. El caso testigo al respecto fue la frase "con la mafia no se jode", que la banda de Esteban Alvarado dejó como firma en el asesinato del prestamista Lucio Maldonado, un anzuelo para que los investigadores sospecharan de los Monos: el plan de involucrar a los sospechosos de siempre resultaba verosÃmil en el contexto de los atentados contra edificios judiciales.
"En los episodios recientes hay una reacción contra el avance de la fiscalÃa en algunas causas y contra la desarticulación de algunas facciones. Las amenazas se repiten y el riesgo es acostumbrarse", afirma Edery, quien recuerda el antecedente de las balaceras contra domicilios de jueces y edificios del Poder Judicial y del Concejo Deliberante de Rosario en 2018. En esas declaraciones de guerra las bandas narco prometen nuevas explosiones de violencia.
