Jorge Bogarín Alfonso está sospechado de utilizar la Cooperativa de Funcionarios Diplomáticos Escalafonados del Paraguay (Cofudep) para lavar dinero y financiar sus campañas. De acuerdo a sus últimas declaraciones juradas, los ahorros del extitular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados superan los G. 2 mil millones, lo que se traduce en un crecimiento patrimonial del 394%. 

Bogarín, declarado "significativamente corrupto" por la administración Biden, se encuentra bajo la mira de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Ministerio Público desde marzo de 2023 por las inconsistencias en sus declaraciones.

Los últimos incidentes en la suspendida elección de autoridades de la Cofudep, que incluyó la agresión de Bogarín a Alfredo Blacttler, miembro del Tribunal Electoral Independiente (TEI) de la cooperativa, levantaron las sospechas de algunos socios que, bajo anonimato por temor a represalias, pidieron la intervención del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP). 

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La duda de los socios de Cofudep es por qué Bogarin tiene tanto interés en no perder espacios dentro del consejo directivo de la cooperativa y si efectivamente se produjo un manejo discrecional de más de 2 millones de dólares. Pero el sistema de caja paralela por parte de dirigentes políticos para lavar dinero a través de las cooperativas no es algo nuevo. 

El canciller Rubén Ramírez Lezcano. 

LPOLucas Núñez

Actualmente, el senador Erico Galeano es investigado luego de que el Ministerio Público constatara el retiro de un total de 17 préstamos de la Cooperativa Capiatá por más de G. 40.817 millones entre los años 2016 y 2022. La deuda fue cancelada, en varios de los casos, en un mes.

Bogarín fue presidente de Cofudep y es integrante del Consejo de Administración hasta 2025, por lo que organizó un equipo afín a sus intereses para copar la cooperativa en las elecciones previstas para el pasado 13 de abril. Sin embargo, tras la negativa por parte del TEI para incluir a sus candidatos en la contienda, Bogarín reaccionó de forma violenta y forcejeó con Blactter. 

Apenas cinco días después, un Tribunal Electoral de la Capital hizo lugar a una medida cautelar de urgencia solicitada por la presidenta de la Asamblea de Cofudep, Claudia Sosa, para la suspender las elecciones. Los miembros de la cooperativa no querían partidizar la votación ni concederle mayor especio a Bogarín por sus antecedentes en el JEM y el Consejo de la Magistratura. 

Los socios aguardan que el canciller Rubén Ramírez Lezcano dé un corte definitivo con la firma del convenio de compra de deuda de la cooperativa por parte del Banco Nacional de Fomento, que liberaría a los funcionarios de los cobros compulsivos que mantiene altas tasas de interes que rayan la usura. El acuerdo fue impulsado por la Coordinadora Colorada opositora al equipo de Bogarín.

"Varios compañeros tienen deudas con la Cofudep y otras entidades cuyos intereses son más altos que los que ofrece el Banco Nacional de Fomento. Este convenio servirá para sanear la cartera de crédito de los funcionarios", sostiene la nota de la Coordinadora Colorada presentada ante el directorio del BNF en marzo.

Con esta medida, Lezcano tienen en sus manos la capacidad de bloquear la principal fuente de ingresos de la cooperativa hasta tanto las autoridades del INCOOP, Seprelad y el Ministerio Público tomen cartas en el asunto sobre los manejos de Bogarín.