El exnegociador del Tratado de Itaipú entre 2008 y 2009, Germán Escauriza, criticó la posición de Santiago Peña frente al Brasil como legítimo propietario del 50% de la energía generada en Itaipú. Escauriza calificó además de "antipatriotas" las intenciones de crear un fondo común con Lula da Silva que genere 2000 millones de dólares en desmedro de la industria nacional, lo que llevaría a los usuarios a pagar más dinero por la misma energía.

Las negociaciones del Anexo C iniciadas con Lula buscan alcanzar un consenso para fijar la tarifa de contratación de energía y la creación de un fondo multilateral para la inversión en infraestructura, una idea que Peña tiene en mente desde la campaña y con la que aspira a financiar grandes obras a través de uno de los principales activos energéticos del país.

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De acuerdo a la información proporcionada por Presidencia, Peña planteó una tarifa que oscile entre los 23 USS y los 24 USS kw-mes, un monto mayor a lo que se venía cobrando cuando se pagaba la deuda por la construcción de la hidroeléctrica, que rondaba los 26 USS kw-mes, y que ya fue saldada en febrero.

Para el asesor de energía del expresidente Fernando Lugo, la representación paraguaya ha demostrado preocupantes señales de improvisación y de la intención de proteger las fuentes de generación de dinero que alimenta a sectores corruptos en los diferentes poderes del Estado.

Justo Zacarías Irún junto al directorio de Itaipú.

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"¿Por qué Paraguay debería depender de la voluntad brasileña para poder usar la energía y comercializarla? Si el Tratado lo permite. El Estado puede obtener esos 2 mil millones de dólares anuales vendiendo la energía que no utiliza, es un contrasentido. No existe necesidad de violentar el tratado ni el Anexo C para que el Paraguay ejerza su derecho", indicó.

Escauriza comentó que Peña "no entiende o no diferencia" entre el Tratado de Itaipú y los anexos y que la negativa de la ANDE a no querer contratar la energía buscaría proteger las coimas que se generan en el intercambio de energía entre Brasil, Uruguay y Argentina, destinadas a financiar un esquema de corrupción que rondaría los 20 mil millones de dólares.

¿Por qué Paraguay debería depender de la voluntad brasileña para poder usar la energía y comercializarla? Si el Tratado lo permite. El Estado puede obtener esos 2 mil millones de dólares anuales vendiendo la energía que no utiliza, es un contrasentido

El supuesto dinero que la Electrobras se lleva es gracias a no registrar las dos unidades generadoras de energía como las 9A y 18A, que no forman parte de las 20 contempladas en el presupuesto de la Itaipú. El no registro como potencia instalada de esas dos unidades de energía generó una tarifa irrisoria de 5,8 USS Mw hora que se le asigna a Electrobras. Esa energía era vendida de forma ilegal en el mercado regional entre Brasil y Uruguay, al costo de entre 80 USS y 120 USS.

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"Porque la oreja derecha te vas a rascar con la mano izquierda. Qué necesidad de negociar nada. El Tratado le habilita a la ANDE a vender la energía que no usa. Lo único que se debe hacer es sacar los componentes de amortizaciones y costo financiero que ya fueron cancelados del número 3 de Anexo C", detalló el experto eléctrico.

Explicó que el Estado paraguayo tiene la potestad de auditar todas las cuentas, por medio de la ANDE, de la concesionaria Itaipú de acuerdo al número 6 del Anexo C que establece las funciones que debe cumplir la auditoria. "La corrupción va a los tres poderes del Estado. El Ejecutivo anestesia los fondos con los gastos sociales y los demás poderes para cumplir con la cuota de contratos en el Estado. Se tiene una posición anti paraguaya e innecesaria. Esperamos 50 años para el uso y goce de la energía y no lo vamos a poder hacer", detalló.