A poco más de un año de haber sufrido una dura derrota electoral en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, La Cámpora intentó conseguir a través de un golpe institucional lo que no obtuvo en las urnas.

El Colegio de Abogados de Lomas de Zamora representa a más de 7 mil profesionales matriculados en ese departamento Judicial y fue visualizado por el núcleo duro del camporismo –Wado de Pedro, Mariano Recalde y el propio Julián Alvarez-, como el inicio de un progresivo copamiento de la Justicia que se coronó con el sonoro fracaso de la “Reforma Judicial”, que logró enfrentar al kirchnerismo con una corporación que hasta el desembarco de los camporistas trataba al Gobierno con algodones.

La nueva maniobra fallida se inició cuando los integrantes de la Agrupación Azul y Blanca de Julián Álvarez, intentaron convocar por su cuenta a una sesión del Consejo Directivo de la institución, ignorando a los representantes del Frente Plural, el sector que encabeza Molea y que el año pasado aplastó a los camporistas, pese a los ingentes recursos públicos que dilapidaron en la elección.

El golpe

La jugada se venía preparando hace semanas, cuando los camporistas lograron sumar a dos consejeros a los dos que obtuvieron en la pasada elección. Para conseguir ese pase, Wado de Pedro presionó directamente al intendente de Lomas de Zamora y candidato a diputado nacional del Frente Para la Victoria, Martín Insaurralde, jefe político de los dos consejeros que se cambiaron de agrupación.

Insaurralde tuvo históricamente una buena relación con Molea, pero las presiones del camporismo fueron insoportables. Así, los consejeros liderados por Víctor Matassi, secretario de Justicia y Derechos Humanos del Municipio y vicepresidente del consejo –cargo al que había accedido como integrante de la lista encabezada por Molea-, intentó llevar adelante una sesión a la que también quisieron incorporar a los dos consejeros suplentes de la opositora agrupación camporista para llegar a los seis representantes. La operación se frustró por el desconocimiento del reglamento del Colegio de Abogados y la impericia de sus ejecutores. Es que el artículo 26 establece que ante la ausencia de un consejero titular, éste sólo puede ser reemplazado por un suplente que haya accedido al cargo como integrante de la misma lista.

Los seis consejeros quedaron atrapados, entonces, en una encrucijada entre la imposibilidad reglamentaria y las órdenes furibundas de Julián Álvarez. Ante la desesperación por la “misión abortada”, comenzaron a realizar llamados a algunos consejeros del Frente Plural, que, con un previo pedido de reserva de identidad, confesaron haber sido tentados con cargos en organismos oficiales a cambio de votar contra la conducción de Molea.

La oferta de espacios y contratos en la administración pública se transformó en parte de la estrategia política de Julián Álvarez –como hicieron en las malogradas elecciones de la Universidad de Derecho de la UBA-.

Los planes del viceministro

La jugada, más allá de que fue “vendida” a la Casa Rosada como parte del operativo de escarmiento contra los massistas, esconde en rigor un plan personal del viceministro de Justicia: Su intención de ser el próximo intendente de Lanús, lo que le trajo no pocos cortocircuitos con el actual jefe comunal, Darío Díaz Pérez, que es uno de los intendentes más leales a la Casa Rosada.

Julián Alvarez imagina que el control del Colegio de Abogados de Lomas –con influencia en la matrícula de Lanús- es el trampolín ideal para posicionarse como aspirante fuerte a la intendencia del vecino municipio.

En ese marco, no repara en gastos al punto de contratar un servicio de telemarketer, regalar libros e intentar construir un colegio paralelo, disfrazado de centro de servicios, donde brinda cursos gratuitos y al que obligó a asistir a Insaurralde para inaugurarlo.