El kirchnerismo sancionó el régimen de per saltum, que permite a la Corte intervenir en casos no resueltos en casos inferiores y es pretendido por el Gobierno para frenar los amparos de Clarín que frenan la ley de medios.

El oficialismo llegó al número justo a las 12:06, cuando le quedaba 10 minutos para conseguirlo. Contó con la ayuda del salteño Alfredo Olmedo, antes un aliado PRO.

En la votación tampoco le sobró nada: la ley salió con 135 votos contra 95, o sea, le sobraron sólo seis diputados para mantener la sesión en pié.

Esta vez no hubo discursos agresivos como el de Andrés “Cuervo” Larroque, quien volvió a seguir la sesión en silencio, con sus habituales cuchicheos con Eduardo “Wado” De Pedro.

Diana Conti fue la miembro informante y, como en el Senado, repasó una breve argumentación jurídica, para concluir admitiendo que la ley fue pensada para intervenir en los amparos de Clarín a la ley de medios.

“Hace tres años que esta ley de la democracia está siendo impedida por una medida cautelar, a la cual la Corte Suprema le puso un plazo, aclarando que no tiene que ver con una cuestión patrimonial”, afirmó.

Aclaró que el per saltum se aplicará únicamente para casos federales y no salteará a los tribunales provinciales y sólo en casos de “gravedad institucional”.

Con esa definición Conti englobó a los asuntos donde el litigio “excede el mero interés de las partes” o “complica el sistema de Gobierno”.
Pero aclaró que el poder sigue estando en la Corte. “es el último decisor de constitucionalidad”. 

"La Corte es cabeza de un poder del Estado. Cogobierna, es política y decide políticamente. Votar esta ley es para darle un instrumento político y jurídico a nuestra ampliación democrática", concluyó.

Rebelde, Yoma presentó un dictamen alternativo junto al santafesino Carlos Carranza y a los denarvaístas Natalia Gambaro y Gustavo Ferrari.

Pidieron dejar que la Corte siga “de manera pretoriana” determinando cuándo se configura la gravedad institucional para actuar. Y que sólo lo haga con sentencias definitivas y no con medidas cautelares como la que presentó Clarín y le sirvió para frenar la ley de medios. 

“(El per saltum) siempre ha sido usado como herramienta de poder para imponer una decisión, pero nunca fue una tutela de los derechos ciudadanos. Siempre ha sido para tratar de imponer una decisión del Estado por encima”, aclaró.

Liliana Parada, de Proyecto Sur, intervino para recordar el acelerado trámite que tuvo este proyecto, sancionado hace quince días en el Senado. “A las 10 de la mañana nos convocaron a la comisión para emitir dictamen”, recordó.

El radical Mario Negri fustigó la ley de medios, al definirla como “una puja por el patrimonio de los medios” y no una norma que busca “pluralidad de voces”.

“Nunca crearon el Tribunal de la competencia y delegaron esa función en Guillermo Moreno. Que el 7 de diciembre de 2007 aprobó la fusión entre Cablevisión y Multicanal”, chicaneó.

No hubo aliados de la oposición, que en todos los casos apuntaron a una norma direccionada. “Estoy en contra de esta ley porque tiene nombre y apellido y porque no amplía en exceso lo que la Corte ya puede hacer”, sentenció Felipe Solá, de Unión Peronista.

“Esto demuestra la enorme debilidad enorme del oficialismo”, sostuvo Graciela Camaño. “No estamos legislando para el bien general, saquémonos las caretas) sino en contra del Grupo Clarín, que hasta hace no mucho tiempo era amigo del Gobierno”, agregó Alfonso Prat Gay, de la Coalición Cívica.

“Regular el salto de instancia dentro de la Justicia Federal no es el tema más urgente en este momento de la sociedad argentina, que está esperando que discutamos otras cuestiones, como la seguridad y el narcotráfico”, sostuvo Ricardo Gil Lavedra.

Agustín Rossi cerró el debate con más críticas a Clarín. “Clarín no esta detrás de la libertad de expresión; lo que defiende es su posición dominante dentro del sistema de medios de comunicación audiovisual en Argentina, que le ha dado un poder que ha utilizado en diferentes momentos de los últimos treinta años para condicionar la democracia”, explicó.

“Todos los grupos económicos tienen que presentar el plan de adecuación el 7 de diciembre para cumplir con la Ley de Medios”, en respuesta a los diputados que cuestionaron que “la ley no es pareja para todos”, señaló. Enumeró varias empresas que no cumplieron como “el grupo Vila Manzano, Grupo Telefé, Grupo Prisa, Direct TV, Cadena 3, Telecentro y C5N”, entre otros.

“Hace tres años que la causa está en primera instancia y que el juez no determina sobre la cuestión de fondo, y van a tratar por tres años más de segur trabando la aplicación de la ley”, cerró el diputado.