El Procurador General de la Nación, Esteban Righi, analizaba anoche si presenta su renuncia al cargo tras el ataque del vicepresidente Amado Boudou, entre otras alternativas, según informó el diario a Clarín, a través de dos fuentes allegadas al funcionario.

Righi, un histórico dirigente del camporismo, llegó ayer de un viaje y se enteró que Boudou había presentado la denuncia contra el estudio jurídico que dirigen su esposa y su hijo. "Yo no tengo que salir a defender mi prestigio", dijo a un grupo de amigos con los cuales estaba reunido anoche decidiendo cómo enfrentar la compleja situación creada por Boudou.

Pero el diario oficialista Página 12 informa que Righi ya puso su dimisión a disposición del Poder Ejecutivo y que a última hora de anoche Cristina Kirchner resolvió aceptarla. Por ahora reina el silencio: ayer la Presidenta no dijo nada sobre el caso Ciccone, tras regresar a Buenos Aires tras un breve descanso.

Según algunas versiones, Righi habría mantenido en las últimas horas un contacto telefónico con el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, en el que habría adelantado la decisión de dimitir al cargo. Pero ofialmente presentaría su renuncia esta tarde ante Cristina Kirchner.

El escándalo estalló luego de que Boudou dijera en conferencia de prensa y luego ratificara ante la Justicia que el estudio que integra la esposa de Righi le ofreció hacer lobby en los tribunales de Comodoro Py, presagiándole que iba a tener problemas, lo que el vicepresidente vincula con la causa judicial actual, relacionada con Ciccone, en la que se pretende involucrarlo.

En apenas cinco carillas y firmada junto a su amigo y abogado Eduardo Durañona, Boudou presentó una denuncia que se divide en dos. En la primera parte de su denuncia, se dedicó a contar lo que definió como una “venta de humo” que le hicieron tres de los socios del estudio de abogados que dejó el Procurador. Ese estudio tiene como miembros a Ana García, esposa de Righi, a Federico Righi, hijo del Procurador, a Fabián Musso y a María José Labat la mujer del ministro de Seguridad de Mauricio Macri, Guillermo Montenegro.

Dijo Boudou que el 3 de julio de 2009 Musso, García y Labat lo visitaron en su despacho de director de ANSSES y le hablaron de las causas judiciales que tenía en Comodoro Py. “Vos sos nuevito en esto” dijo Boudou que le dijeron los abogados. Y le explicaron-siempre según la denuncia a la que Clarín accedió – que para conseguir “resultados satisfactorios” en las causas debía contratarlos a ellos porque adujeron “tener buen lobby, influencia y contactos en la mayoría de los juzgados y fiscalías”. Escuchó “sorprendido” y admitió ser “nuevito” en la materia. Explicó que la reunión fue “correcta” ya que “se encontraban presentes nada menos que las esposas de dos importantes y reconocidas autoridades públicas”. Sin nombrarlos, Boudou aludió a Righi y Montenegro. En su denuncia aseguró que “le reste (sic) entidad a todo lo que me dijeron”. El texto tiene varios errores de tipeo y faltas de acentuación.

Sin embargo les dio una segunda oportunidad: los abogados lo visitaron nuevamente el 20 de mayo de 2010 cuando ya era ministro de Economía. Ellos pidieron la reunión y el “nuevito” los recibió. Aseveró Boudou que, esta vez en presencia del abogado Durañona, le ofrecieron “sus servicios para ser contratados en atención a que solo contando con la capacidad de lobby que ellos poseían lograría cerrar aquellas causa aún en trámite”. El vice pensó entonces que los abogados querían “vender humo” y no le dio importancia.

Pero en 2012 comprendió: “Claro hoy me resulta el hecho de haber ignorado el mensaje que se me estaba enviando en los dichos aludidos, siéndome hoy evidente que por las relaciones o cercanías que estos letrados poseerían con ciertos funcionarios judiciales y a la vista de las actuales cirunctancias (sic) y acontecimientos acaecidos en los últimos días en la denominada causa “Ciccone-Boldt” es que llevan a analizar todo lo que en aquellas reunines (sic) se me dijera y ofreciera, reinterpretando todo aquello de un modo hoy ciertamente diferente y atribuyendo una entidad a quellas (sic) circunstancias que en aquel entonces no pude observar”.

Boudou cree que no haber contratado a los abogados le generó los problemas judiciales que tiene con el juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo quienes lo investigan por negociaciones incompatibles con la función pública en el caso Ciccone.

La segunda parte de la denuncia es contra Gabbi por lo sucedido en una reunión en Economía el 3 de marzo de 2011. Ese día Gabbi le dijo a Boudou que “estaba preocupado y asustado porque le habían dicho que la gente de Boldt decía que me iban a destruir si no los ayudaba a mantener la plata de Ciccone y a concretar el negocio de impresión de billetes que tenían ya arreglado”. Gabbi le dijo que “El Sr. Tabanelli era una persona muy importante e influyente además de poderosa económicamente y que era de cuidado”. Antonio Tabanelli es el presidente de Boldt, la firma que tenía alquiladas las máquinas de Ciccone en 2011.

Boudou manifestó su “sorpresa y (dijo) que no conocía a dicha persona (ni a nadie de la firma Boldt) y que me resultaba incomprensible y fantasioso el planteo” y además, que Gabbi le pidió que pusiera un “número” (precio) para resolver el caso. Ante tamaña situación el vice dijo que “yo le respondí con evasivas “bueno, bueno” sin poder salir de mi asombro de tan fantástico planteo. Se me hacía imposible dar credibilidad a todo lo escuchado”.

Pero le dio a Gabbi una segunda oportunidad. Y el 11 de marzo se volvió a reunir. En esa ocasión dijo Boudou que no había “mensaje alguno que quisiera recibir y transmitir de su parte para con terceras personas”. “En su momento tome (sic) aquellas expresiones como algo irrelevante..”. No advirtió que “se trataba en verdad del ofrecimiento en concreto de un pago indebido a cambio de que procediera de una determinada manera en relación con las actividades llevadas a cabo por las personas que él decía conocer”.