Las oficinas centrales de Cablevisión fueron ocupadas esta mañana por efectivos de Gendarmería que recorrieron los 9 pisos de la compañia en el barrio de Barracas, en medio de incidentes con los trabajadores y gerentes y denuncias cruzadas de agresiones e intimidaciones.

El operativo se hizo en base a una orden de la justicia de Mendoza. El juez subrrogante Walter Bento también designó a Enrique Anzoise como interventor y coadministrador judicial de la empresa por un año, con mandato para forzar la división de la compañia del grupo Clarín. Se pretenede que el grupo se quede con la origibal Multicanal y venda lo que era Cablevisión, empresas fusionadas gracias a una autorización del ex presidente Néstor Kirchner.

La embestida judicial se concretó por una denuncia del grupo mediático Vila-Manzano, con base en Mendoza -donde no opera Cablevisión-, por supuestas practicas "anticompetitivas" cometidas por la empresa del grupo Clarín.

El amparo presentado por estos empresarios mendocinos, al que dio curso la justicia, reclama que "se ordene la división de Cablevisión, de manera actual que los actuales accionistas de Cablevisión continúen sólo con los negocios que correspondieran a Multicanal".

En el grupo Clarín sostienen que se trata de una maniobra concertada con el kirchnerismo para desguazar la empresa y repartirla entre empresarios "amigos del poder". El ministro del Interior, Florencio randazzo, tuvo que salir a desmentir que el gobierno estuviera detrás de la movida.

Luego fue la ministra de Seguridad, Nilda Garré, quien tuvo que emitir un comunicado para justificar la intervención de su cartera en el operativo. La ministra explicó que su cartera actuó ante un pedido de la justicia federal de Mendoza y "de acuerdo con su ley orgánica, Gendarmería constituye, además de una fuerza de seguridad, un órgano auxiliar de la Justicia, con la obligación de prestar a los magistrados del Poder Judicial de la Nación la colaboración que éstos le requieran" y precisió que esa fuerza sólo "afectó diez efectivos uniformados y otros diez de la Unidad de Procedimientos Judiciales".

Mientras que desde la empresa dieron su versión de los hechos. "Fuerzas de Seguridad se encuentran en este momento allanando las oficinas de Cablevisión impidiendo el ingreso y egreso de personal de la compañía, ante una supuesta denuncia presentada en la provincia de Mendoza. La Gendarmería tomó el edificio central de la empresa y revisa los bolsos de todo el personal de la compañía", detalló el primero de los dos comunicados que emitió Cablevisión durante una jornada de gran tensión.

Cablevisión denunció además que "el mismo grupo de medios mendocinos que en el día de ayer salió a avalar la ley de Control de Papel, ahora está apelando a un Forum Shopping, en una provincia donde Cablevision no tiene operaciones, pretendiendo cumplir la tarea que el Gobierno Nacional no pudo e intentando avanzar sobre el patrimonio de una compañía privada e independiente que brinda servicio de televisión por cable e Internet a millones de argentinos".

Sumado a que Cablevisión no opera en esa provincia, lo más llamativo es el vuelco que ha dado el Grupo Uno en su relación con el Gobierno. Durante el debate de la nueva Ley de Medios, los medios de Daniel Vila y José Luis Manzano -en los que también tiene participación Francisco De Narváez- fueron muy críticos de la iniciativa y de la administración kirchnerista en general.

Pero tras una ruptura con De Narváez, Vila y Manzano comenzaron un acercamiento con el kirchnerismo, que se vio reflejada en el reparto de la pauta oficial. En el último año, los diarios del Grupo Uno pasaron de recibir $1,9 millón a $16,6 millones, un aumento más que considerable. Recorren el camino inverso que Clarín (recortaron un 65% de la pauta oficial) La Nación (73%) y Perfil (81%).

Los más de 50 efectivos de Gendarmería llegaron alrededor de las 10 de la mañana a la sede de Cablevisión en el barrio porteño de Barracas, acompañados por funcionarios judiciales. Desde Clarín se asegura que lo hicieron acompañados por las cámaras del programa oficialista 6, 7, 8. Señalan, además, que un primo del empresario Daniel Vila se presentó como abogado, comandó el operativo e incluso le dio órdenes a los gendarmes.

Por lo sorpresivo del allanamiento, se generaron versiones cruzadas en varios sentidos. En un principio, se difundió que había sido la jueza Olga Pura de Arrabal la que libró la orden de allanamiento. Llamativo, pues esa magistrada fuen quien aprobó una cautelar presentada por el diputado Enrique Thomas para detener la Ley de Medios.

La confusión se generó desde la propia agencia oficial de noticias Telam, publicó un cable en donde se confirmaba esa información. Lo cierto es que fue el juez subrrogante Walter Bento quien decidió este procedimiento y dispuso el nombramiento de Enrique Anzoise como interventor y coadministrador en Cablevisión.

Luego de encerrrarse en el noveno piso del edificio, donde exigieron todo tipo de documentación a ejecutivos de la empresa, Anzoise se retiró en medio de los abucheos de los empleados, que temían perder su fuente de trabajo.