“En la Argentina, los únicos que van presos son los dirigentes sindicales”. Ése es el título de un comunicado emitido ayer por la CGT en el que se repudia la detención de cinco gremialistas ferroviarios, opositores al Gobierno y a la central obrera que conduce Hugo Moyano, según informa Clarín.

El texto pide además la “libertad” para los presos y reclama “la misma presunción de inocencia que ostentan los poderosos en la Argentina”. En otro párrafo se enuncia la “sospecha de que esto forma parte de una campaña tendiente a demonizar la actividad sindical para avanzar así sobre los derechos de los trabajadores”.

El comunicado de prensa de la CGT está firmado por el propio Moyano y por el secretario de Derechos Humanos de la central obrera, Julio Piumato. En la primera línea advierte sobre una “escalada contra la actividad sindical sin importar el color político de los perseguidos” .

Ocurre que los sindicalistas detenidos son críticos de la CGT, y en especial del líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, hoy preso por el asesinato de Mariano Ferreyra: son Rubén “Pollo” Sobrero; Leonardo Portorreal; los hermanos Fernando y Guillermo Díaz y Rodrigo Peláez.

El juez federal de San Martín los acusa de “estrago doloso y asociación ilícita” en una causa en la que se investiga la quema de vagones durante una protesta de los pasajeros del Sarmiento ocurrida el 2 de mayo.

La CGT aclaró ayer que en su momento había repudiado aquel incendio de las formaciones del Sarmiento, hecho al que identificó como parte de un “operativo caos” que buscaba “desestabilizar al Gobierno Nacional”.

Aun así, el comunicado da por sobreentendido que las detenciones de los delegados ferroviarios fueron hechas adrede y de forma sospechosa: “Llama poderosamente la atención como la Justicia actúa sobre los dirigentes gremiales cualquiera sea su trayectoria o ideología”.

Aunque quizás no de manera tan concreta como ayer, hace tiempo que la CGT advierte sobre una supuesta persecución político-judicial al gremialismo. A la detención de Pedraza se le suman la del ex secretario general de los bancarios, José Zanola, acusado en la causa de “la mafia de los medicamentos”, un expediente en el que también estuvo detenido el líder de los peones rurales, Gerónimo “Momo” Venegas. El propio Moyano está siendo investigado en esa misma causa. En diferentes ámbitos, el camionero deja trascender que está preocupado porque un sector del Gobierno buscaría meterlo “en cana”.

Ayer, con la pluma de Moyano y Piumato, en una actitud inusual e indubitable, la CGT enfrentó la posición de la Casa Rosada en el caso de la quema de vagones del Sarmiento. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, había defendido con énfasis la detención de los delegados sindicales de esa línea ferroviaria: dijo “que en el expediente hay elementos más que suficientes para detener por asociación ilícita” a los sindicalistas, y afirmó que la denuncia que inició el caso fue impulsada por el Gobierno.

En el segundo párrafo de su comunicado, la CGT se queja, generalizando y sin dar nombres, de que en el país “los narcos, los apropiadores de bebés, los abusadores de menores, los que saquearon la Argentina, los que hacen espionaje a los vecinos, los traficantes de armas, los corruptos, los que defraudan al Estado y al Pueblo parecen tener, aun los condenados, otra consideración y otra suerte” que la de los sindicalistas que son investigados en la Justicia.

La CGT da a entender así que tiene información reservada de los juzgados. Piumato, uno de los dos firmantes del comunicado, es secretario general del sindicato de los empleados judiciales.