La ola de allanamientos y el cruzamiento de escuchas telefónicas ordenado por el juez Norberto Oyarbide en el caso de los medicamentos truchos parece haber abierto una caja de Pandora de la que no paran de surgir pruebas y testigos, dando lugar a su vez a la aparición de tenebrosos casos que ponen en la mira al titular del sindicato La Bancaria, Juan José Zanola.

La explosión del caso hoy tuvo su principal epicentro en el área bonaerense. El ministro de Salud, Claudio Zin, decidió pedirle la renuncia a su subsecretario de Salud, Alberto Costa, al verificarse su vínculo “personal” con Néstor Lorenzo, el detenido dueño del laboratorio San Javier y apuntado por la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, como el “Yabrán de los medicamentos”.

Pero su correlato en el ámbito porteño sigue apuntando a Zanola, sindicalista de la cúpula de la CGT y muy cercano al gobierno de los Kirchner. A él le apunta Ocaña, quien trabaja en un escrito con información proveniente de declaraciones de testigos que mañana será presentado en Tribunales para dejarlas al alcance de Oyarbide.

Sin embargo, y mientras avanza con el texto, los colaboradores de la ex titular de Salud -quien se fue del gobierno enfrentada justamente con los sindicatos y Hugo Moyano- trabajan para conseguir lo que, para el expediente Zanola, sería más que un as bajo la manga. Pero para eso, antes necesitan algo: que la Casa Rosada le suelte la mano al histórico dirigente bancario.

Primer testigo del horror

Como explicó La Política Online el viernes pasado, la utilización dentro del Policlínico Bancario (POBA) de los medicamentos truchos aplicados a afiliados de la Obra Social Bancaria Argentina (OSBA) dejó un tendal de muertos. La mayoría pacientes oncológicos, trasplantados o con HIV a los que, lógicamente, los medicamentos adulterados no le hacían el efecto deseado. Ocaña tendría, de todos estos, el primer caso testigo.

Según pudo saber este medio, el equipo de trabajo de Ocaña intenta por estas horas convencer a la familia de un señora fallecida el año pasado, víctima de a aplicación en el POBA de remedios truchos. Sería el primer caso testigo.

La denuncia de un médico del POBA recayó en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) el 14 de agosto de 2008, luego que dos enfermeras se dieran cuenta que la medicación estaba adulterada. Siguiendo su lógica de trabajo, Zanola ya echó a estas dos colaboradoras.

Para quiénes trabajan en el asunto conseguir su declaración sería clave. “Más importante que las escuchas o la propia declaración de Ocaña”, aseguran. No sólo por el peso de la información que pueden obtener, sino por la esperanza de que la aparición de un testigo dispuesto a declarar sea el primer paso de un efecto dominó para que aparezcan otros. Por caso, el propio Oyarbide pidió hoy que “todas las personas que recibieron medicamentos en OSBA y advirtieron que no esos tratamientos no surtieron efecto que se dirijan al juzgado".

Víctimas del medio

Lo complicado de llevar a estos testigos a la Justicia es el temor. “¿Cómo los convenzo de que declaren si ven que Lorenzo sale en libertad?”, se preguntan con tristeza en torno a Ocaña.

Zanola, por su parte, es otra figura que intimida a los testigos. Más aún, después de trascender el caso de Mirta Bentos, una madre que sufrió la muerte de sus dos hijos en el POBA porque la obra social no les daba la medicación. Irónicamente, hace pocos días recibió una intimación del abogado de Zanola para que se presente antes del 15 de septiembre en una denuncia por “daños y prejuicios por monto indeterminado”, luego que diera una nota a revista Gente.

Dos meses atrás también recibió un llamado. Fue de la obra social de los bancarios. Era para avisarle que ya contaba con los remedios para Yanina, su hija, y que podía pasar a retirarlos. Pero Yanina hacía dos años que había fallecido. Un año después corrió la misma suerte su hermano Gabriel.