Cuando un juez avanza en una investigación que parece alcanzar una profundidad inédita suele utilizarse como recurso literario decir que destapó una “olla”. Si al caso de los medicamentos adulterados que investiga el juez Norberto Oyarbide pudiera caberle una aproximación a ese término, podría decirse sin margen de error que esa olla, en los últimos días, es el Policlínico Bancario (POBA), el gigante centro médico de la Obra Social Bancaria Argentina (OSBA) del sindicalista K Juan José Zanola.

Lo primero que desnudó el magistrado fue que allí dentro funcionaba el depósito de remedios truchos del laboratorio San Javier, propiedad del detenido Néstor Lorenzo, el “Yabrán de los medicamentos truchos” según Graciela Ocaña.

La relación, de hecho, llega hasta la ruta de la efedrina, el triple crimen mafioso de General Rodríguez y los aportes a la campaña de Cristina Kirchner. Fuentes internas confirmaron la semana pasada que se lo vio a Sebastián Forza días antes de hallarse su cadáver acribillado –es uno de los tres asesinados- retirando mercancía junto a Paula Aballay, la mujer de Zanola y un oscuro personaje dentro del POBA.

De hecho, la camioneta incendiada de Forza apareció a sólo cuatro cuadras del Policlínico ubicado en la avenida Gaona y Donato Álvarez. A esta altura, nada parece casualidad.

La recaudadora de Zanola

Aballay es apuntada por varios testigos como la verdadera cabeza del poder dentro del POBA. Enfermera de profesión, llegó al cargo impulsada por su relación con Zanola. Hoy es, entre otras cosas, la “recaudadora” del edificio.

“El estacionamiento cobra 5 pesos a todos, afiliados y no afiliados, médicos y empleados. Al final del día pasa Aballay y se guarda en su cartera lo recaudado. Lo mismo hace con el kiosco y el locutorio que funcionan adentro”, confesó a La Política Online una fuente del POBA en estricto off the record.

Pero su influencia no se queda ahí. Enterada del seguimiento del diario Perfil y la aparición de una nota en la revista Gente que profundizaba el caso de los medicamentos truchos, se encargó de que nadie dentro del edificio pueda leerlo. Personalmente, ordenó confiscar todos los ejemplares de ambos medios que se venden dentro o en la puerta del POBA.

Dos casos: Mirta y Juan Carlos

El caso de la revista Gente es el de Mirta Bentos, a quien la OSBA le cortó el envío de medicamentos para sus hijos Yanina y Gabriel, pacientes de enfermedades terminales, quienes murieron hace pocos años –ver “Medicamentos truchos: un primer caso de muerte complica a Zanola”-.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), uno de los organismos apuntados por sus vínculos con la mafia de la efedrina, acumula en sus archivos más de 9.500 denuncias de irregularidades, desde el año 2006 hasta la actualidad. Esto mismo fue reconocido por Fernando Finvard, quien ocupa el cargo de Defensor del Beneficiario de la SSS, en una reunión con colaboradores de Ocaña. El 80 por ciento, aproximadamente, corresponden al POBA. “Esto quiere decir que muchas muertes pudieron haberse evitado”, agregó la fuente.

Cansada ya de pelear contra el sindicato de Zanola, Mirta ahora espera que le paguen la indemnización por la muerte de su hija Yanina –la de su hijo Gabriel ya la cobró-. Por esta demora, una abogada de la Defensoría del Pueblo presentó una denuncia que recayó, casualmente, en el juzgado de Oyarbide.

Zanola denunció a Bentos, insólitamente, por daños y perjuicios. Como no la encontraba, llegó a un límite nefasto: la ubicó siguiendo sus influencias hasta llegar a obtener sus datos en la escuela de Yanina, la hija de Mirta que murió en el POBA sin medicación.

Como Mirta, hay otros pacientes del POBA dispuestos a dejar a Zanola entre rejas. Uno de ellos es Juan Carlos Barrentos, quien se ganó el apodo de “el loco” cuando se encadenó frente a la Legislatura porteña porque, como paciente trasplantado, le suspendieron el medicamento. “Sin la medicación, está condenado a muerte” contó con terror una fuente que conoce el caso muy de cerca.

Barrentos, a su vez, tiene en sus manos otra denuncia contra la OSBA que podría empezar a tomar cuerpo en los próximos días. Se trata de la utilización para tratamientos críticos de médicos truchos.

Hace algún tiempo, contaron fuentes de la OSBA a La Política Online, La Bancaria contaba con un centro de atención ubicado en el edificio de un ex laboratorio. Hasta allí llegaban, por ejemplo, pacientes trasplantados como Juan Carlos. Pero el funcionamiento interno nada tenía que envidiarle al Policlínico. Dentro, no sólo se vendían varios de los medicamentos adulterados –que incluso debían entregarse de forma gratuita- sino que los profesionales que atendían ni siquiera eran matriculados.

Cuando Barrentos sacó a la luz esta situación lo convocaron de urgencia de la SSS. “Le pidieron 10 días para investigar, pero eso fue hace muchas semanas ya”, relató ya sin ánimo la fuente.