Los esfuerzos de los diputados kirchneristas por conseguir apoyo en otros bloques, en la búsqueda de sostener todas las facultades delegadas incluido el Código Aduanero que establece las retenciones, empieza a tener el rebote esperado por la presidenta Cristina Kirchner.

Recién concluída la reunión de Solidaridad e Igualdad (SI), que preside Eduardo Macaluse, el diputado Carlos Raimundi confirmó a La Política Online que decidieron apoyar la prórroga de las facultades delegadas “por el tiempo más breve posible”, sostener el índice de las retenciones en la soja como hasta hoy y que la capacidad de establecer las alícuotas las tenga el Poder Ejecutivo.

Un paquete de decisiones en clara consonancia con lo solicitado desde la Casa Rosada que, más allá del apoyo de los nueve legisladores de SI, contaría con el alineamiento de los bloques personalistas de Claudio Lozano y Miguel Bonasso. Sumado algún otro aliado más, según calculó el propio Raimundi, serían una docena de diputados dispuestos a manejarse en estos márgenes, muy distantes de los lineamientos marcados por los bloques mayoritarios de la oposición, como ser la Coalición Cívica o el PRO.

“Es una situación a la que nunca se debió haber llegado, analizó Raimundi la transferencia de facultades hechas por el Poder Legislativo al Ejecutivo, muchas de las cuáles conforman los famosos “superpoderes”. “Para nosotros, si es que tiene que haber una prórroga, tiene que ser el más breve posible”, aclaró, al tiempo que descartó la conformación de una comisión especial para analizar las más de 1.900 leyes que se caerían sino se extiende el plazo: “Existiendo una comisión bicameral que tiene por facultad el seguimiento de la legislación delegada no haría falta una comisión”.

Al remarcar su posición sobre las facultades delegadas, opinó que “en lo que ponemos más énfasis es en el contenido, hay que acotar los márgenes, que sean menos los ámbitos delegados al gobierno”. “En el oficialismo plantean un universo tan amplio, como que todas las materias deben seguir delegadas, y allí no estamos de acuerdo”, criticó el plan bajado por el bloque del Frente para la Victoria, que preside Agustín Rossi.

Sin embargo, la postura más fuerte que estableció el SI sobre las facultades delegadas tiene que ver el polémico Código Aduanero, el que sirve para establecer las retenciones a la exportación de granos y carnes. “Las retenciones deben permanecer como una posibilidad para el Poder Ejecutivo”, aclaró el legislador.

“Que el congreso retome la facultad constitucional, pero que a su vez plantee que las retenciones deben seguir como hasta ahora. La diferencia radical con (Hugo) Biolcatti es que para nosotros el Estado no es un ente depredador”, defendió la posición.

También explicó cual será la postura del bloque en cuanto a las retenciones. En primer lugar, dio lugar a admitir rebajas en las alícuotas al trigo -“la situación del trigo ha sido muy problemática debido a la sequía y a que no se ha exportado por estar cerrada la exportación”, explicó Raimundi- y del maíz. Pero la soja no se toca: “Lo que no vemos necesario es tocar las retenciones a la soja, por razones de diversificación, de que los precios han sido buenos y que el dólar se ha tornado más competitivo”.

Por último, el diputado disparó munición gruesa contra los bloques opositores. Si bien no admitió la posición del gobierno, la que dice que si se anulan las facultades delegadas se caerá en una crisis institucional, tampoco acepta el posicionamiento opuesto, el que pide que el Congreso retome absolutamente todas sus facultades ya mismo.

“No descarto que detrás de esta posición institucionalista se esconda una intención de agudizar la crisis del gobierno. Sabiendo que muchos trabajan en coordinación con la Mesa de Enlace, tomando contenidos del presidente de la Sociedad Rural, no descarto que la intención sea crear condiciones para una crisis de gobernabilidad”, acusó Raimundi.

El eje, la pobreza

La Política Online también dialogó con el diputado Lozano, uno de los aliados en esta postura al bloque SI. Según su opinión, "la prórroga, hay que terminarla". "Este tema por el cual año tras año se viene perpetuando desde 1994 en adelante debe tener un límite. Podemos aceptar que el Ejecutivo pida cuestiones esenciales y pedimos que digan cuáles son. Pero sacando el caso de las retenciones, las cosas que dicen son vagas e imposibles de compartir", explicó.

En síntesis, lo que reclama Lozano es que el Ejecutivo establezca un mapa de cuáles son las facultades delegadas que quiere sostener y cuáles retornan al Congreso. Para eso, está dispuesto a firmar una prórroga breve -tal vez 60 días- para darle tiempo al gobierno de definir esto y traer al recinto la discusión final sobre el paquete de más de 1.900 leyes. "No estamos en contra de prorrogar en paquete, pero no es cierto que vayamos a caer en un caos jurídico. Si el gobierno tiene que tomar determinaciones lo puede hacer por decreto y después vienen al Congreso. Tienen que establecer qué leyes siguen, según lo que proponga, y cuáles tienen que ceder".

En el tema retenciones, coincidio en pleno con Raimundi: "Estamos de acuerdo en que la facultad de fijarlas quede en manos del Ejecutivo. Sí nos parece que puede haber una comisión que durante 60 días discuta cuáles son los criterios en base a los que se fijan los derechos. Hay que tener en cuenta que esto afecta el nivel de tipo de cambio, precios internos, nivel de protección, los costos de producción, un conjunto de cosas que hacen a la política económica del país".

Por último, aclaró que pese a esta discusión esta "completamente en desacuerdo con que el Parlamento ponga como prioridad las necesidades del gobierno y del campo. El punto de discusión son los 14 millones de pobres. Esto debería ser lo que se pone en discusión. La razón la tiene Biolcatti cuando dice que el problema es la pobreza. La prioridad es la asignación es por hijo".