Casi apoyándose en los principios básicos de la ley de causa y efecto, la interna política en Santa Fe entre el peronismo ni kirchnerista y el gobierno socialista saltó ahora a un terreno escabroso, como ser la seguridad y el posible retorno a escena de la “policía brava” de la provincia.
Como Hermes Binner sabe que su principal rival político de cara a las elecciones de octubre es Carlos Reutemann, apeló a un tema sensible en vísperas electorales: acusó de haber dado "la orden" que provocó la represión policial que dejó en esa provincia siete muertos el 20 de diciembre de 2001.
Ante esto, representantes del ex mandatario en la Legislatura local, basándose en una fuerte denuncia de corrupción policial, elevaron un pedido de informes para intentar vincular al gobierno provincial por el pase a disponibilidad de un oficial de la Policía de Santa Fe que denunciaba una trama de supuesta recaudación ilegal.
Pero esto, inmediatamente, tuvo respuesta en el oficialismo local: El gobierno de Santa Fe anunció hoy la creación de una Secretaría de Control de Seguridad que será dirigida por un civil y se encargará de regular el funcionamiento de la Policía provincial y combatir la corrupción.
El retorno de la “brava”
Binner, luego que el propio Reutemann solicitara que se retracte por sus acusaciones, comparó esa situación en pleno estallido social en todo el país con la acción adoptada por él mismo recientemente cuando en Rosario se enfrentaron a tiros sectores internos del gremio de trabajadores de la leche, Atilra, que dejó como saldo un hombre muerto.
"Fíjese en una situación similar que es la que vivimos aquí en el enfrentamiento del gremio de Atilra, el comportamiento de la policía no fue reprimir la protesta, criminalizar la protesta sino disuadir y tratar de comprender entre todos que es una barbaridad que se enfrenten grupos sindicales", expresó, en declaraciones a radio Mitre.
Ante esto, y reforzados por la ruptura con la Casa Rosada, los diputados provinciales del bloque Santa Fe Federal Alberto Monti, Jorge Lagna, Darío Scataglini, Silvia De Césaris, Federico Reutemann, Victoria Ramírez y Adrián Simil presentaron un pedido de informes donde solicitan detalles sobre “la denuncia formulada por el Oficial de la Policía de la Provincia de Santa Fe Juan José Raffo ante la División Judiciales de dicha fuerza, en la que acusa haber sido puesto en disponibilidad y denuncia una trama de supuesta recaudación ilegal en las comisarías que dependen de la Inspección de Zona 3 de la Unidad Regional II, con lujo de detalles”.
En esa cruda interna policial, afirman los legisladores, “entre la noche del domingo 1° de marzo y la madrugada y la mañana del lunes 2, se produjeron dos nuevos hechos que quizás guarden relación con la noticia pública de estas denuncias : fue baleado el domicilio particular de la familia Raffo y el vehículo que conducía su esposa fue encerrado por otro sin patente en la zona sur de la ciudad de Rosario, lo que a punto estuvo de provocar un accidente”, según especifica el pedido de informes al que accedió La Política Online.
Los diputados de Santa Fe Federal expresan en los fundamentos que “por todo lo que se expone, y ante la gravedad y el detalle de lo denunciado por el efectivo policial, tanto en el caso de su pase a disponibilidad como en la presunta maniobra dolosa de sus superiores, era de esperar una enérgica reacción por parte de las autoridades políticas del gobierno de la provincia”.
“Tal como ha sucedido en toda el área de seguridad en la gestión que comenzó el 11 de diciembre de 2007, la falta de resoluciones han sido nuevamente la norma y la ambigüedad nuevamente la respuesta” señalan los legisladores peronistas llevando la discusión a términos políticos.
Oficina de control
La creación de la secretaría de control fue dispuesta por la Provincia para evitar posibles actos de corrupción policial tras la polémica que generó, justamente, la denuncia de un agente de la fuerza de seguridad de Rosario sobre aparentes "cajas negras" en el financiamiento de la institución.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Daniel Cuenca, explicó hoy que "la policía será controlada por un organismo dirigido por un civil". "Para tal fin, se ha dispuesto la creación de la Secretaría de Control de Seguridad. Esta institución será conducida por personal civil para regular el funcionamiento de la policía y combatir la corrupción", remarcó.
La nueva secretaría será una organización política que tendrá a su cargo "el Servicio Penitenciario y Asuntos Internos", según el funcionario. Cuenca reiteró también que "la novedad es que será dirigida por un funcionario conocedor de esta temática y no por un policía".
Consultado sobre las denuncias de corrupción en la cúpula policial, Cuenca señaló que "hasta el momento no se puede hablar de una remoción de los jefes porque no hay pruebas en su contra".
