Según el contrato original de concesión TGN debía tener aumentos de tarifas cada cinco años, pero desde 1999 permanecen prácticamente congeladas. Y, ante la negativa de los distintos gobiernos de permitir una actualización, decidieron presentarse ante el Tribunal Internacional del Banco Mundial, el CIADI, jurisdicción que en su momento acordó el país con los concesionarios para resolver sus diferencias.

Pero desde que Néstor Kirchner asumió la Presidencia, la orden que dio, en su momento al ministro de Justicia, Horacio Rosatti, fue muy simple: “Demoren los juicios y las sentencias todo lo que puedan, nunca vamos a pagar”. Hasta ahora se ha cumplido. De hecho, el ministro de Planificación Julio de Vido, en cada negociación que entabló con las distintas privatizadas, puso como condición de apertura de las conversaciones que levantaran las demandas ante el tribunal internacional. TGN no lo hizo.

“No permitieron el aumento de tarifas porque algunos socios de TGN habían iniciado un juicio en el Tribunal Internacional reclamando las pérdidas que tenían porque no se ajustaron los precios, algo que fue una clara violación del contrato de concesión”, reconocieron a La Política Online allegados a la distribuidora de gas.

Y no sólo eso la fuente del sector explicó a La Política Online que el CIADI sentenció en contra del Estado argentino y lo condenó a pagar 150 millones de dólares por pérdida de beneficios y del valor de la empresa. “Pero el Gobierno no ha cumplido con eso”, advirtió.

Los juicios que impulsaron

En rigor, la Argentina enfrenta al menos dos fallos desfaborables del CIADI promovidos por socios de TGN. Uno es el impulsado por la desaparecida Enron, que en octubre logró que el tribunal internacional llamara la atención al país por no cumplir con el pago de U$S 106,2 millones que dispuso en el fallo de mayo de 2007.

Enron fue accionista de Transportadora de Gas del Norte (TGN) y había demandado al país una indemnización superior a US$ 450 millones por la suspensión de un mecanismo de ajuste de tarifas, en abril de 2001. A fines de ese año, Enron fue a la quiebra y más tarde vendió su participación en TGN, pero la causa siguió adelante, impulsada por quienes quedaron a cargo de la administración residual de los activos.

El otro caso es el que ganó CMS -del grupo Enron y accionista de Transportadora Gas del Norte-, que tiene un fallo en su favor por U$S 133 millones, quien tampoco logró que el Gobierno cumpliera con la condena.

Son muy pocos los países que aceptaron el riesgo de no pagar un laudo del CIADI: Liberia, Senegal y Congo están en esa lista negra, en la que nunca se animaron a ingresar, siquiera, la Venezuela de Hugo Chávez, ni Ecuador -este último pagó hace pocas semanas una condena-. El CIADI vela por los acuerdos de inversión firmados entre países y concentra más del 80% de los reclamos internacionales contra la Argentina, por más de U$S 17.000 millones, recuerda una nota de La Nación.

La presión kirchnerista

Las fuentes consultadas por La Política Online revelaron que antes de decretar la intervención de TGN, los funcionarios kirchneristas intentaron llegar a un acuerdo. Les ofrecieron autorizarles un aumento tarifario, a cambio de que ellos se hagan cargo de pagar las condenas del CIADI de sus ex socios.

“De Vido le dijo a los accionistas actuales de TGN, que no se presentaron ante el CIADI, que si ellos pagaban lo que las otras empresas consiguieron en el Tribunal Internacional, el Gobierno les autorizaría el incremento tarifario”, confirmó la fuente consultada.

Evidentemente la negociación no llegó a buen puerto y TGN declaró el primer default corporativo en la era K. El anuncio desató la furia del Ministerio de Planificación y con el argumento de que existe "peligro para la prestación del servicio público", el ministro De Vido anunció una polémica –desde el respaldo legal- intervención de la empresa. Sin embargo, desde TGN afirmaron a este medio que jamás estuvo en riesgo el servicio.

Mientras Roberto Pons, el interventor en Transportadora de Gas del Norte (TGN) designado por el Gobierno, intentó bajarle el tono a la pelea con la empresa del grupo Techint aclarando que sólo estará auditando y fiscalizando las cuentas por 120 días, el sector se muestra escéptico.

Pons afirmó que "coadministrará" y que su trabajo será el "control y fiscalización de los actos cotidianos". Sin embargo, fuentes del sector aseguran que esta manera de denominar la intervención es un eufemismo para ocultar un acto administrativo afectado de nulidad. “No pueden intervenir la empresa, es ilegal, por contrato esta manera de actuar está prohibido”, aseguraron.