El sindicalista Omar Viviani comenzó a negociar con el PRO para que el gobierno porteño dedique un artículo para los taxistas en la ley que legalizará los “food trucks”, los camiones que son restaurantes ambulantes y se pueden ver en las calles de metrópolis como Nueva York, París o Roma.

En la Ciudad, los food trucks se utilizan en fiestas, eventos particulares y ferias como la Masticar. Pero están prohibidos para la vía pública por la ley nº 1166, que regula la venta de alimentos en la vía pública y sólo permite la venta de golosinas y sándwiches envasados en origen.

Es por eso que el PRO presentó un proyecto el mes pasado para legalizar los food trucks en la vía pública.

En las últimas semanas, a través del legislador Claudio Palmeyro, que integra el bloque del Frente para la Victoria y representa al gremio de los taxistas, Viviani comenzó a negociar con los legisladores del PRO para que modifiquen el proyecto.

El proyecto fue presentado por los legisladores Federico Salvai –del riñón de María Eugenia Vidal-, Francisco Quintana –responde a Marcos Peña-, Paula Villalba –reporta al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera-, Agustín Forchieri –responde a Diego Santilli- e Iván Petrella, que venían trabajando en el texto desde fines del año pasado.

Lo que pide Viviani es que en la ley se incluya un artículo para que se instalen “food trucks” que vendan comida saludable en las zonas donde se suelen juntar los taxistas, como los bosques de Palermo y atrás de la Facultad de Derecho.

El proyecto

En los fundamentos del proyecto los autores del proyecto señalan que “hoy existe una tendencia gastronómica que invita a los vecinos a probar cosas nuevas”.

Como explicó LPO, quien impulsa el negocio de los food trucks es la cofradía Acelga, que nuclea a un grupo de cocineros famosos. Uno de los mayores impulsores de la instalación de los camiones es el hijo de la chef Dolli Irigoyen, Ernesto Lanusse, dueño del food truck “Nómade Comida Rica” y titular de la Asociación Argentina de Food Trucks (Aaft).

De acuerdo al proyecto, los camiones tendrán una concesión de un año a través de un permiso de uso precario que podrá ser renovado ante la autoridad de aplicación, que será definida por el Ejecutivo.

Cada concesionario de los food trucks deberá pagar un impuesto fijo de sólo 1115 pesos por mes. Si bien la ley estipula que “la circulación de los vehículos gastronómicos se limita estrictamente a los espacios autorizados”, no define cuáles serán esas zonas.

En el proyecto se prohíbe la instalación de sillas y mesas junto a los camiones, como sucede actualmente en los carritos de la Costanera.