Los dirigentes ruralistas Alfredo De Angeli y Luciano Migues quedaron imputados hoy por cortar la avenida Entre Ríos frente al Congreso de la Nación durante la marcha ruralista contra la ley de prórroga de facultades delegadas.

Fuentes judiciales informaron a DyN que los dirigentes fueron imputados por la justicia de la ciudad de Buenos Aires, acusados de cortar el tránsito sin pedir autorización, tal como establece el Código Contravencional porteño.

De Angeli, presidente de la Federación Agraria de Entre Ríos, y Miguens, ex titular de la Sociedad Rural Argentina, formaron parte de los ruralistas que hoy al mediodía cortaron la avenida Entre Ríos e impidieron la circulación de tránsito.

Fue el corolario de una serie de desafortunadas acciones políticas del dirigente entrerriano. En las últimas 48 horas se la pasó recorriendo despachos del Senado para intentar cambiar el voto de algunos legisladores, en lo que se interpretó como una brutal presión y terminó siendo contraproducente para el sector agropecuario. La Política Online había anticipado el fracaso d eesa estrategia.

La bronca de De Angeli, Miguens y el grupo de productores agropecuarios que finalmente cortaron la avenida Callao estalló cuendo se enteraron que la sautoridades del Senado habían resuelto impedir a los dirigentes ruralistas presenciar la sesión.

Luego, una vez probada la norma, por la noche, los productores cargaron contra las vallas, protagonizando un pequeño incidente que no pasó a mayores.

Pero De Angeli y Miguens deberán responder ante la justicia porteña por cortar la avenida. Así lo estableció la justicia de la ciudad de Buenos Aires que inició una causa contra los dirigentes. "Son los que están identificados hasta este momento y puede ser que de las actuaciones policiales estén involucradas más personas", explicó un vocero judicial.

La causa está a cargo del fiscal contravencional Luis Duacastella Arbizu quien les imputó la violación del artículo 78 del Código Contravencional que castiga a quien "impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos".

La norma establece que para realizar manifestaciones se "deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento".

Las sanciones para quien viole la norma son de uno a cinco días de trabajo comunitario o una multa de 200 a mil pesos.