En un nuevo capítulo de la interna de CAME, la Justicia respaldó a la IGJ en su sanción contra la Confederación, quien en octubre del año pasado presentó una apelación por considerar arbitraria y fuera de su órbita la decisión de no permitirle llevar a cabo la Asamblea para la elección de autoridades por no tener aprobado el balance del año.

Ante la presentación que hicieron la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y su presidente Gerardo Díaz Beltrán, la Cámara de Apelaciones en lo Civil sala J el 30 de diciembre avaló la actuación de la IGJ y atribuyó las quejas de la gremial empresaria a una disidencia con el contenido de la resolución del organismo de contralor, pero no observó ningún exceso en sus atribuciones ni irracionalidad en la resolución, por lo que le rechazó el recurso.

De esta forma, Gerardo Díaz Beltrán quedó más complicado frente a las sospechas por desvíos de hasta $500 millones por contrataciones injustificadas y por la asignación discrecional de fondos. Si bien el fallo es del 30 de diciembre, recién este jueves fue publicado y le cierra la puerta a la posibilidad de avanzar con la elección virtual que propuso en agosto y que fue bloqueada por la IGJ.

La resolución de la Inspección General de Justicia no les permitió realizar la elección por graves irregularidades, en particular la no aprobación del balance del año 2019 por inconsistencias y la falta de información a sus consejeros y asociados. Uno de los que reclama conocer el destino de unos $500 millones es el vicepresidente de la CAME, Diego Navarro de gastos no justificados de librería y asesorías, entre otros.

Para la realización de la Asamblea General Ordinaria en la que se iban a renovar autoridades es necesario que primero se haya aprobado el balance del año previo. Sin embargo, desde la cúpula de CAME apuntan a que La Cámpora está buscando quedarse con el control de la entidad en represalia por haber denunciado el cierre de pymes por la extensa cuarentena.

Denuncian al presidente de CAME por la administración irregular de 500 millones

De todos modos, quienes encabezan las críticas dentro del organismo están lejos de La Cámpora. Como consignó LPO, el primero en denunciarlo fue Pedro Humberto Salas, nada menos que de la Sociedad Rural de Córdoba, aunque un ruralista atípico para los estándares de la SRA ya que abiertamente dijo haber votado a Alberto Fernández.

Y quien también lo critica es Horacio Alonso, el ex diputado cercano a Massa que Alberto Fernández designó como interventor de la obra social de los empresarios y monotributistas, Osdepym. Para él, la caja de la obra social se usó para controlar a la CAME durante el macrismo.

En total son más de 10 las denuncias contra la gestión de Díaz Beltrán al frente de CAME que están radicadas en la IGJ por desvío de fondos y el vaciamiento de la entidad.