En el marco de la tercera misión del FMI en la Argentina para revisar el cumplimiento de las metas acordadas, el italiano Roberto Cardarelli y el jamaiquino Trevor Alleyne se reunieron con el equipo económico del gobierno, que descuenta la aprobación de los USD 10.700 millones correspondientes al desembolso de marzo.

Se trató de la reunión de cierre de la gira de dos semanas que mantuvieron por el país, donde también conversaron con dirigentes opositores como Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof y Roberto Lavagna.

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La misma se produjo en el salón Scalabrini Ortiz del Palacio de Hacienda, donde estuvieron presentes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el presidente del Banco Central, Guido Sandleris; el secretario de Política Económica, Miguel Braun; el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena; la vicepresidenta segunda del Banco Central, Verónica Rappoport y el representante argentino ante el FMI, Gabriel Lopetegui.

Fuentes oficiales comentaron a este medio que fue un encuentro "muy tranquilo, de aproximadamente una hora", que lo ubica como el de menor duración de todos los que llevaron a cabo con el conjunto del arco político argentino.

"Se conversó sobre el seguimiento de la meta fiscal y monetaria que fueron cumplidas y el Fondo informará en breve la aprobación del préstamo", manifestaron. Ahora, Cardarelli regresará a Washington y comenzará a elaborar el informe final de la auditoría que evaluará el Board del organismo internacional el 26 de marzo.

En el Gobierno se muestran tranquilos, ya que por el momento pueden mostrar números en línea de las proyecciones establecidas. El déficit fiscal del 2018 cerró en 2,4% -que se eleva 0,25 puntos básicos al contemplar el Programa de Inversiones Prioritarias como estipula el Fondo-, mientras que la meta era del 2,7%.

En cuanto al nivel de base monetaria, registró un sobrecumplimiento de cuatro meses consecutivos y en el caso de la deuda flotante, la misma bajó al 14,2%.

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La próxima visita de Cardarelli tendrá lugar en el mes de mayo, donde se especula que las cosas no serán tan sencillas para el oficialismo, especialmente en el plano fiscal. La recesión podría afectar la recaudación más de lo que ya lo está haciendo y complicaría el cumplimiento del tan ansiado déficit cero.

En este sentido, el último fallo de la Corte Suprema a favor de San Luis complicaría aún más este panorama, al incrementar el gasto en $15.000 millones, que podrían elevarse a $75.000 en el caso de que Santa Fe también alcance una sentencia favorable.