Electricidad
En el sector energético todavía quedan dudas sobre el negocio entre la CFE e Iberdrola
Analistas ponen en duda que se trate de un gran negocio, como difunden desde la SHCP.

 Poco más de ocho meses le costó al gobierno cerrar el acuerdo con Iberdrola para adquirir 13 plantas de energía y una vez firmada la operación, Rogelio Ramírez de la O no demoró reunirse con los banqueros para explicar los puntos fuertes de la transacción.

En ese encuentro presumió que el acuerdo entre la CFE y el fondo que operará las ahora ex plantas de Iberdrola, se cerró en 684 mil dólares por megavatio, cuando en el mundo ese tipo de transacciones superan el millón de dólares.

Para el gobierno se trata de activos muy valiosos para la visión estratégica del mercado eléctrico, pues sumarán capacidad de generación energética de manera más rápida, ya que construir este tipo de plantas puede demorar hasta cinco años. Un discurso alentador en medio del entusiasmo que genera el nearshoring, donde una de las mayores demandas es precisamente la generación y distribución de energía.

Sin embargo, en el sector energético la apreciación  sobre la compra de estas 13 plantas, que incluye 12 instalaciones de ciclos combinados de gas y vapor  y la planta eólica La Venta III, es de mayor cautela.

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El precio por la adquisición se cerró en 6,200 millones de dólares -el cual será asumido por MIP (Mexico Infrastructure Partners,  fondo que se nutre con recursos del Fonadin y recursos de privados). Ejecutivos del sector dijeron a LPO que no se trata de un gran negocio. Afirman que el hecho de que el precio sea menor respecto a otras transacciones es porque no son plantas nuevas -aunque lejos están de ser plantas chatarra-. 

Otro tema que resuena menos es el que con estas plantas se pueda agregar más capacidad, simplemente porque las mismas ya estaban operando en el país, explica en diálogo con LPO Gonzalo Monroy, experto del sector energético.

Para el analista, Iberdrola se beneficia con el acuerdo pues se deshace de activos y además se quita "el acos regulatorio", en tanto que el gobierno puede hacer un uso político de esta adquisición respecto a la soberanía energética, aunque enfatiza que de ninguna manera esta operación representa una nacionalización, pues en el fondo operan recursos privados. 

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