En el sector económico y empresarial crece el malestar contra Francisco Cervantes por el silencio del CCE sobre la reforma administrativa, la cual ha encendido alertas en distintos sectores de la economía mexicana por sus repercusiones en materia de inversión.

En los últimos meses el gobierno de Andrés Manuel López Obrador presentó dos iniciativas de gran calado para el sector empresarial: la reforma minera y la administrativa. Sobre la primera ha habido posicionamientos muy claros en contra y si bien el CCE ya también se pronunció por la segunda, consideran que se trata de una manifestación muy menor ante la magnitud del impacto que consideran podría tener para la economía.

Vale recordar que esta iniciativa fue entregada el pasado 24 de marzo. "Un sabadazo", acusan desde sectores económicos, que enfatizan el timing en que se presentó, a días de la semana santa, por lo que la atención sobre ella no fue inmediata, pero poco a poco han empezado a levantarse advertencias sobre las consecuencias de esta reforma.

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El eje central de la iniciativa está en facultar a la administración pública a revisar contratos con privados y actuar sobre ellos en caso de considerar que no son favorables para la nación a partir del reconocimiento legal de la "supremacía del interés general, público y social sobre el interés privado".

"La iniciativa propone facultar a la Administración Pública Federal para revisar, modificar, nulificar y revocar actos administrativos que no respondan al interés general o que quebranten las leyes en beneficio de intereses privados", dice el documento entregado al Congreso por Adán Augusto, el cual también señala que "el Estado debe garantizar la prevalencia del interés general sobre el privado. Se trata de una función que le es inherente, dada su naturaleza juridico-política".

Como dio a conocer La Política Online, uno de los primeros sectores que levantaron alarmas fue el energético, tomando más relevancia por el tema de la compra de 13 plantas a Iberdrola. Por esos días, participantes del mercado no dejaron pasar por alto que ya estaba sobre la mesa dicha iniciativa, lo cual consideraron, sería un factor determinante para que la firma española se convenciera de realizar a la brevedad este negocio con el Estado mexicano.

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Y apenas la semana pasada el CCE se pronunció contra esta reforma, pero poniendo un mayor foco en la minera, diluyendo el enfoque en la administrativa. Para ambas, pidió a la oposición el voto en contra. Pero en sectores empresariales y económicos la lectura es que no hay un posicionamiento contundente como consideran que debería, ante los riesgos que anticipan podría generar esta reforma que consideran que es totalmente "autoritaria"

Una lectura desde estos sectores es que es una iniciativa que surge desde la "desesperanza" del presidente de que no ha logrado consolidar algunos de sus proyectos en materia económica; pero por el lado empresarial también hay cierta "comodidad" y deseo de mantener una postura amigable ante Palacio Nacional.