El Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó este martes 29 de noviembre en su conferencia de prensa matutina por insistir en la necesidad de una reforma al Poder Judicial que, entre otras cosas, cambie la forma de elegir ministros al voto popular, pero también que surja un tribunal que permita juzgar a jueces que realicen de forma deficiente su trabajo.

La realidad es que no le falta razón al Presidente al sostener que el Poder Judicial tiene muchas áreas de oportunidad para mejorar y lograr una verdadera impartición de justicia, y no solo a nivel federal, sino en los mismos estados con delitos del fuero común, los cuales pasan años sin ser resueltos y sin que se consiga una verdadera justicia para las víctimas.

Sin embargo, una cosa es ubicar estas fallas y actuar para corregirlas y otra muy diferente insistir en una reforma constitucional que claramente va encaminada a que el Poder Judicial deje de ser ese contrapeso que necesitan todas las democracias para dejar camino libre a las decisiones de una sola persona, en este caso el mismo López Obrador.

Porque para nadie es un secreto que el Legislativo, con la mayoría guinda, ha cumplido la voluntad del tabasqueño, salvo cuando hacer modificaciones constitucionales se refiere, pues por fortuna, Morena no cuenta con las dos terceras partes que se requieren para cambiar la Constitución.

Pero la marea guinda en el Congreso sí tiene la mayoría simple, es por ello que se ha dedicado a modificar todo lo que ha podido en cuanto a leyes secundarias para cumplir la voluntad de López Obrador y muchas de estas modificaciones han terminado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los respectivos reveses jurídicos que corresponden.

La fijación que tiene López Obrador porque los ministros sean elegidos por el voto popular es tan grande como equivocada. Hasta la misma Ministra de la Corte, Loretta Ortiz Ahlf (señalada como cercana al Presidente), expuso en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) que esa visión presidencial es un error, entre otras cosas por una razón de peso: los jueces no pueden basar sus fallos en consideraciones políticas. Nada más, pero nada menos.

Por esa "simpleza" es que los juzgadores no pueden ser elegidos como si fueran miembros de un partido político que impulsa un sector político o social, porque sus decisiones son las que permiten formar las bases de un sistema de justicia imparcial.

Ahora bien, el Ministro de la Corte, Alberto Pérez Dayán, propuso también en la FIL la destitución de senadores en caso de que no acaten las resoluciones que emita el pleno del máximo tribunal del país, como sucede en el caso de los nombramientos de los comisionados en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Bajo el razonamiento del mismo López Obrador de erigir un tribunal que entable juicios en contra de juzgadores que no realicen bien su trabajo (pasando por alto, por supuesto, que ya existe para ello el Consejo de la Judicatura), la medida de Pérez Dayán no suena descabellada, pues recordemos que las leyes deben hacerse cumplir tanto con jueces, legisladores, funcionarios y población en general. No es poca cosa que los senadores guindas no acaten una resolución del Poder Judicial.

Y ya entrados en esos detalles, bien haríamos en preguntar dónde está el castigo para los responsables de los desfalcos millonarios en Sagalmex, o también para los responsables del desabasto de medicinas que cuestan vidas en las instituciones de salud pública, o para quienes son responsables de los sobrecostos infames de obras como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. ¿Y quién es el responsable que debe recibir un castigo porque este es el sexenio con más muertes violentas de la historia?

No se trata de ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio. Bien dice López Obrador que hay mucho por hacer en el Poder Judicial, pero ello también es extensivo a su administración, porque si de castigo hablamos, hay indicios de muchas personas en su administración que parecen ir bajo el manto de la impunidad, pero también bajo la venia de Palacio Nacional.

Y por ejemplos, no paramos...

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