Esta semana, el periodista Marco Levario Turcott rescató en la red social X un fragmento de una entrevista que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dio el 17 de marzo de 2018 a la también periodista Azucena Uresti, hoy envuelta en una polémica generalizada tras su salida de Milenio. En dicha entrevista, señala que, en ese entonces, de llegar a la Presidencia, modificaría el artículo 108 constitucional para que pudiera ser juzgado por corrupción el Presidente de la República.

Como muchos de los videos que se ven en esa red social, resulta muy revelador no solo que el Presidente al día de hoy no haya hecho tal modificación, sino que además el tabasqueño no recuerde ni el nombre de la periodista que ya lo ha entrevistado y que incluso estuvo como moderadora en el primer debate presidencial entre los candidatos en mayo de 2018.

"¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a modificar el (artículo) 108 constitucional para que pueda ser juzgado por corrupción el Presidente en funciones. Mientras no tengamos ese marco jurídico, es demagogia pura", dijo el Presidente en esa presentación televisiva.

¿Qué estaría pasando en estos momentos si el Presidente hubiera cumplido esa promesa de modificar la Constitución para que el titular del Ejecutivo pudiera ser juzgado por corrupción?

Y es que, con las recientes investigaciones periodísticas reveladas por Latinus sobre los negocios que los hijos del Presidente habrían realizado para favorecer a sus amigos, como la entrega de más de 490 millones de pesos en contratos que fueron dados entre 2020 y 2022 por parte de los gobiernos morenistas de Quintana Roo y Tabasco al empresario Amílcar Olán, cercano a los hijos del presidente Andrés y Gonzalo, o el negocio millonario que ese mismo empresario concretó con la venta de balasto para la construcción del Tren Maya, tendrían, cuando menos, en serios aprietos al titular del Ejecutivo.

Es por ello que simplemente no se entiende que, pese a los audios, los contratos y demás elementos expuestos en medios, las autoridades no hayan expuesto ni por asomo siquiera la duda de una mancha de corrupción en el gobierno de López Obrador y, en cambio, desde la conferencia matutina, el Presidente solo utilice su dedo flamígero para señalar, minimizar, injuriar y hasta hacer burla de los serios señalamientos.

Viendo ese manto de impunidad del que goza la familia del Presidente para no ser siquiera cuestionados por alguna autoridad, simplemente pinta a este gobierno incapaz de, por ejemplo, investigar de manera firme los desvíos por 15 mil millones de pesos de Segalmex. Y ya ni hablamos del sobrecosto de las obras faraónicas emprendidas por la actual administración y mucho menos de cómo mil 200 millones de dólares, que tendrían que haber sido destinados para liquidar parte de la deuda provocada por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, terminaron financiando el controvertido proyecto del Tren Maya.

Es así como el tufo de corrupción e impunidad está siendo el sello que está sirviendo de colofón al primer gobierno de la 4T y, con estos antecedentes, ¿podría tratarse del último? Ya se verá...

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