Ecuador vive un momento de absoluta tensión tras la derrota electoral del gobierno de Guillermo Lasso el pasado 5 de febrero. A la convocatoria de un diálogo frustrado y las movilizaciones indÃgenas que se esperan para comienzos de marzo, el Presidente enfrenta un problema que podrÃa costarle el cargo.
La Asamblea Nacional dominada por la oposición correÃsta, indÃgena y de derecha no oficialista, investiga la responsabilidad de Lasso en el caso llamado "El Gran Padrino", una presunta red de corrupción y narcotráfico en empresas públicas de Ecuador que tendrÃa involucrado al entorno más cercano del Jefe de Estado.
Ante esto, el Poder Legislativo citó al Presidente para que brinde las explicaciones correspondientes pero el mandatario rechazó la invitación y decidió ausentarse.
Viviana Veloz, Presidenta de la Comisión que investiga el caso explicó a LPO que "ante las pruebas de un entramado de corrupción en las empresas públicas, la Asamblea Nacional dio lugar a una comisión ocasional por la verdad, justicia y la lucha contra la corrupción. Hemos venido realizando acciones de investigación, requerimientos formales de información y convocatorias a comparecencias de las personas involucradas en este esquema criminal".
"A la par, sin la celeridad que le hemos visto en otros casos, la FiscalÃa General también abrió una investigación", agrega la asambleÃsta del correÃsimo en relación a Diana Salazar, la fiscal que encabezó todas las causas contra Rafael Correa y ordenó la detención de su vice, Jorge Glas y los dirigentes Paola Pabón, Virgilio Hernández y Cristian González por haber tuiteado en favor de las protestas contra Lenin Moreno en octubre de 2019. En el correÃsmo no confÃan en Salazar por su perfil anti-Correa y reuniones con altos funcionarios del gobierno que no pudo explicar, pero aseguran que la presión social terminó obligándola a abrir la investigación.
Veloz detalló que "el periodista que publicó este escándalo agregó que no hubo solo corrupción en las empresas sino que el entorno de Lasso tiene relaciones con la mafia albanesa, es decir, con el narcotráfico y que habrÃan financiado la campaña presidencial".
A su vez, apuntó la legisladora, al dÃa siguiente habló bajo identidad reservada con el representante de un organismo de control que entregó información que indica la existencia de una estructura con ciudadanos albaneses que habrÃan realizado sus operaciones en Manta y Guayaquil y habrÃan instalado escuelas de reclutamiento de sicarios, en un contexto de aumento de la violencia de las bandas narcos en Ecuador, como anticipó LPO en agosto del año pasado.
La presidenta de la Comisión que investiga a Lasso acusó al presidente de querer obstruir la investigación de la Asamblea y la FiscalÃa y afirmó que quien está a cargo de todo ese esquema es Danilo Carrera, cuñado del Jefe de Estado. "Tenemos más de 42 mil documentos que estamos procesando con nuestros equipos", añadió.
Según la investigación en curso, Danilo Carrera designa a los responsables de todas las empresas públicas de Ecuador, todos ex funcionarios del Banco de Guayaquil que supo estar bajo la gestión de Lasso. Veloz asegura que "Carrera tenÃa ese poder gracias a un decreto presidencial que unificó a todas las empresas del Estado en un solo holding en el que nombraron a Hernán Luque, ex vicepresidente del Banco de Guayaquil. Quien pide por Luque es Rubén Cherres Faggion, investigado por su nexo con la mafia albanesa e Ãntimo amigo de Danilo Carrera".
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"El vÃnculo con el Presidente es imposible de ocultar asà como muchos funcionarios que están saliendo como el ex ministro de Agricultura Bernardo Manzano que acaba de renunciar, la ex Comandante General de la PolicÃa, Tanya Varela, y muchos más. Hay una connivencia directa del Estado con el crimen organizado", denunció. Además, los audios que están siendo analizados sugieren un desfalco de las empresas públicas, sobreprecios, coimas y transferencias a Andorra, un paraÃso fiscal.
Desde el oficialismo aseguraron que Lasso "no se prestará para un show y que le falten el respeto" y aclaran que tampoco tenÃa la obligación legal de presentarse al Parlamento.
"Ya está escrito, ya está dicho que esta Comisión va a dar un informe negativo para el Presidente. Lo que quieren es llevarlo a juicio polÃtico y desestabilizar la democracia en el paÃs", dijo uno de los portavoces de Lasso en la Asamblea. La Constitución solo obliga al Jefe de Estado a presentarse en el Parlamento para asumir el poder, entregar el Informe a la Nación o para enfrentar un juicio polÃtico.
No se puede separar el rol del Congreso en esta investigación con la extrema debilidad polÃtica del Gobierno y la posibilidad concreta de un juicio polÃtico. Los números estarÃan dados y este supuesto caso de corrupción serÃa el puntapié para sacarlo del cargo y adelantar las elecciones, como viene presionando la oposición.
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En ese sentido, Viviana Veloz aclaró que aún la comisión no está en etapa de conclusiones y sugerencias pero planteó que existirÃan delitos de concusión, cohecho, peculado, lavado de activos y delincuencia organizada. Sobre la posibilidad de un juicio polÃtico, Veloz aseguró que "hay diferentes salidas democráticas para resolver esta crisis y que están contempladas en la Constitución: revocatoria de mandato, donde se están juntando más de dos millones de firmas para llevarlo a cabo o la muerte cruzada que contempla la destitución del Presidente y el llamado a elecciones, que es lo que vamos a analizar en relación a lo que concluya el informe".
La creación de la comisión que preside Viviana Veloz fue aprobada con 94 votos, dos más de los que necesitan para destituirlo. "Las fuerzas polÃticas que sostuvieron a Lasso y lo salvaron en varias ocasiones hoy están mirando el resultado de las urnas del 5 de febrero", anticipó.
Lasso, que termina su mandato en 2025, atraviesa una profunda crisis polÃticas, económica y social con una caÃda estrepitosa de su popularidad con 85 por ciento de imagen negativa. A los pocos meses de haber asumido, el Jefe de Estado estuvo involucrado en los Pandora Papers y el correÃsmo impulsó su destitución bajo el argumento de que en Ecuador es ilegal desde la consulta popular de 2017 ejercer cargos públicos teniendo cuentas en paraÃsos fiscales. En junio del año pasado hicieron lo propio en medio de las protestas, pero en ninguno de los casos logró el número necesario.
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