Después de varias semanas de fervor mundialista, con la copa del mundo retornando tras 36 años a nuestro país de la mano de un genial Lionel Messi, la política volvió rápidamente al centro de la escena.

Si la performance de la selección en Qatar que llevó a la selección a alcanzar la consagración en la final del pasado 18 de diciembre le había permitido al gobierno "ganar" un valioso tiempo en momentos de alta negatividad en los "climas de opinión" y entrar con algo más de aire fresco al siempre tórrido diciembre, la vuelta a la realidad fue mucho más dura y rápida que la esperada.

Era lógico que así sucediera. En el marco de un país que atraviesa desde hace ya varios años una de las peores crisis económicas, sociales y políticas desde el retorno de la democracia, tanto por su profundidad como por su persistencia y multicausalidad, los problemas y los conflictos arrecian. Y, más aún, si a eso le sumamos un proceso electoral presidencial en ciernes, con un escenario que, con ambas coaliciones enfrascadas en disputas por el liderazgo entre varias facciones con perfiles y posicionamientos bastante disímiles, se perfila con altos niveles de incertidumbre.

Así las cosas, en el preciso momento en que el avión que traía a los campeones del mundo aterrizaba en Ezeiza, desatando en las calles una fiesta popular de proporciones históricas, el gobierno nacional comenzaba a desandar una de las semanas de mayor tensión política del turbulento 2022. Una semana que comenzó con el desaire de Messi y compañía al gobierno, que había preparado especialmente el histórico balcón de la Casa Rosada para la ocasión, y cerró con el fallo de la Corte Suprema de Justicia ordenando al Estado Nacional que "entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548.

La sentencia de los cuatro cortesanos, suscripta por unanimidad ante el filo del cierre del año judicial, buscaba resolver un conflicto interjurisdiccional que se había iniciado en septiembre de 2020, cuando Alberto Fernández anunció el recorte de los fondos que Mauricio Macri le había entregado a la Ciudad para el traspaso de la policía, para destinarlos a la provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por los reclamos salariales de la policía bonaerense.

La reacción ante una sentencia que evidentemente el gobierno no esperaba en estas fechas pareció contundente. Más allá de los fundamentos técnicos del fallo y de lo que se opine sobre la razonabilidad de la medida, el Presidente pareció recuperar iniciativa política. En una reunión de urgencia con los gobernadores, otrora aliados, pero que desde hace ya un buen tiempo le venían dando la espalda, el oficialismo se posicionó en la discusión con una impronta discursiva eminentemente política. Desde esta óptica, el fallo no solo era de imposible cumplimiento desde el punto de vista presupuestario, sino que se evaluaba como una "intromisión de carácter judicial arbitraria y discrecional" y como "una jugada política en un año electoral". Así, el presidente, arropado por los gobernadores se encaminaba a desconocer el fallo y, más allá de los recursos procesales que se presentaran, amenazaba con el juicio político a la Corte, en una batalla que prometía nuevos capítulos.

Sin perjuicio de los antecedentes que hubiese generado y de las consecuencias que hubiese tenido en los mercados, la narrativa parecía ser funcional a una estrategia electoral con la potencialidad no sólo de galvanizar los apoyos de las diversas facciones del heterogéneo espacio peronista -la liga de gobernadores, los intendentes del conurbano, el kirchnerismo, etc.- sino también de construir al principal candidato de la oposición -Horacio Rodríguez Larreta- como adversario.

Pese a ello, tras la navidad, Alberto Fernández anunció una solución "técnica" para cumplir con el fallo de la Corte. Una solución tan técnica como salomónica: cumplir con el mandato judicial sin afectar los fondos coparticipables de las provincias ni comprometer el cumplimiento del acuerdo con el FMI. Una suerte de compromiso entre las demandas de la futura campaña, las necesidades del equipo económico y la salvaguarda de los funcionarios pasibles de acusación de desacato.

Para todos los involucrados, una solución con sabor a poco. Por un lado, para los 14 gobernadores que se habían expresado en duros términos, y para el kirchnerismo que veía en el fallo un nuevo despertar de la batalla contra la justicia. Pero, por otro lado, también para el propio Jefe de Gobierno porteño, que ve en la propuesta del gobierno una victoria pírrica, por lo que seguirá reclamando ante la justicia. Y, todo ello, para esperar que la justicia, difícilmente, entienda que de esta manera se esté cumpliendo con el fallo.

No puede hablarse de sorpresa. No es la primera vez que el presidente tiene un comportamiento errático, que hace y deshace, que dice y se deshice en muy poco tiempo. Un comportamiento que no es, claro está, la única causa del fracaso de su gestión, pero que sin dudas ha coadyuvado a horadar sistemática y progresivamente la imagen del presidente.