Mientras la Argentina sigue atravesando una fuerte tormenta que amenaza con convertir la crisis económica, política y social en una verdadera catástrofe de proporciones dantescas, no sólo una gran parte de la clase política argentina continúa procrastinando sino que, al ya complejo manejo de la economía, se suman nuevos actores que abren frentes de conflicto.

En un contexto de tensa calma en términos macroeconómicos, con un Massa que parece haber logrado algo de aire de la mano de una moderada expectativa de los mercados en su capacidad para morigerar la alta inflación, captar los esquivos dólares para recomponer las magras reservas del Banco Central y avanzar en el orden fiscal para cumplir con las metas del FMI, esta semana irrumpe en escena un tema que si bien tiene su epicentro en los tribunales de Comodoro Py, genera condiciones políticas con la potencialidad de provocar mayor incertidumbre e inestabilidad.

Hablamos de la causa que se le sigue a la vicepresidenta y a un grupo de funcionarios por la asignación de obra pública en la provincia de Santa Cruz, por la cual el fiscal acaba de solicitar una dura pena para la ex presidenta de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Como era de esperar, el peronismo reaccionó no sólo apoyando a la vicepresidenta, sino que lo hizo suscribiendo el argumento fundamental que ha venido esgrimiendo en todos los procesos judiciales que ha enfrentado, el de la persecución por parte del "partido judicial". Un argumento que, incluso, ha tenido en los últimos tiempos un desarrollo teórico bajo la figura del doctrina del lawfare. Por estas horas, está más que claro que la movida judicial tuvo, al menos en el corto plazo, el efecto de galvanizar a las diferentes líneas de un Frente de Todos que ha venido progresivamente, y forzado en gran medida por las apremiantes circunstancias, dejando atrás las crudas internas. Más allá de los esperables pronunciamientos, como el del Presidente, incluso sectores hoy enemistados con la vice, como la cúpula de la CGT, se manifestaron repudiando lo que consideran una acusación carente de pruebas. Lo mismo ocurrió con los bloques legislativos, en un pronunciamiento que incluyó tanto a los legisladores kirchneristas como a los que no están políticamente alineados con la vice, y con el comunicado de 500 intendentes.

A esta altura, no está de más, aclarar que se trata de una acusación por parte del fiscal, pronunciada en un duro alegato que tuvo amplia repercusión mediática, pero que deberá ser probada durante un juicio oral y público. Aquí es donde el tema se complejiza, y se cuela la inefable grieta que tiñe todo de crispación política. Quienes rechazan a la ex presidenta interpretan la acusación con una suerte de "sesgo de confirmación", quienes la apoyan dan por sentado la persecución. No parece haber término medio, ni espacio para el debate, ni reflexiones profundas sobre el impacto que pueda tener lo acontecido ya no sólo sobre la coyuntura política y económica, sino también sobre el futuro de las instituciones democráticas. No sólo sobre el repetido argumento de la "independencia" de los poderes, sino sobre el muchas veces relegado compañero de ese atributo republicano, el del "equilibrio" de los poderes.

En este marco, entre el conjunto de voces a favor y en contra de la acusación del representante del Ministerio Público Fiscal, se desatacó la de Sergio Massa, quien consideró que lo ocurrido sienta un "peligroso antecedente", en tanto -para el tigrense- resulta absurdo "plantear que el Jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el Derecho Penal y el encuadre del principio de responsabilidad". Curiosamente, va en la línea de lo planteado por el ahora referente de JxC y acérrimo crítico de Cristina, Miguel Ángel Pichetto, quien alertó sobre las dificultades probatorias de la acusación, razón por la que se recurrió polémicamente para este caso de la figura de la asociación ilícita, que transmite responsabilidades sin necesidad de que haya prueba documental.

En una Argentina en que todo es político o, mejor dicho, todo está teñido de política, resulta imposible no dimensionar las diversas consecuencias de la acusación en ese plano. En primer lugar, la posibilidad de que la activación de esta causa genere un estado de movilización permanente del kirchnerismo y otros sectores del peronismo. 

En segundo lugar, ante las evidentes dificultades probatorias, que se produzca una colisión entre la anticipada sentencia que ya emitió un sector de la opinión pública y el resultado del proceso judicial, exacerbando el clima de descrédito de la política y las instituciones. En tercer lugar, el riesgo de que un sector de la oposición opte por posicionarse políticamente apalancándose en este tema, algo que, también, contribuiría a seguir degradando el debate público, profundizando el descrédito y entorpeciendo la labor de la justicia.

Lo cierto es que, más allá de estas consideraciones, el timing de la acusación es también un asunto que no puede obviarse. En el marco del ajuste económico en que está enfocada la gestión de Massa, el hablar de corrupción y de los montos que se aluden, tiene un impacto mucho mayor en un clima de opinión negativo. Además, resulta inevitable pensar en las consecuencias concretas en un proceso electoral que ya se asoma en el horizonte.

Habrá que ver, en este sentido, cuál será la estrategia de la vicepresidente. La lógica indica que la estrategia de "victimización" que ya pusieron en marcha sus partidarios se complemente con un repliegue electoral hacia la provincia de Buenos Aires, donde -a pesar de la alta imagen negativa- podría encabezar una boleta de senadora nacional, buscando los codiciados fueros, a la vez que apuntalando una posible reelección de Kicillof que, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, se define en primera vuelta a simple mayoría de votos.

Mientras tanto, esta semana en la Mesa Nacional de JxC se comenzará a vislumbrar si el rechazo a Cristina Kirchner es un recurso suficiente para sostener una unidad cada vez más horadada por los recelos y la desconfianza mutua entre los principales socios de la coalición. Está claro que a poco más de un año para las elecciones hay muchos precandidatos, sin liderazgos definidos ni programas consensuados, y con muchos interrogantes pendientes.

Así las cosas, pareciera ser que si en algo coinciden el gobierno -sobre todo Massa- y la oposición, es llegar al Mundial, que tendrá su partido inaugural el 11 de noviembre. En un país adepto a los salvadores mesiánicos, no son pocos los que le prenden alguna velita al "Messias" para llegar a un 11 de diciembre -la final de Qatar- con un clima de expectativas distinto para comenzar la campaña electoral. Es que, en este país, todo, hasta el deporte, es política.