El Gobierno prepara un aumento de 100 mil pesos en tres cuotas para desactivar el conflicto. Las fuerzas de seguridad convocaron a una marcha para este lunes.

El documento al que accedió LPO habla de una entrega del control operativo, comercial y productivo a actores privados o extranjeros.

"Cuando el salario no alcanza, el crédito se transforma en una herramienta para sobrevivir", denuncian.

Afirman que el ministro busca trasladar el patrimonio de IOSFA a la Agencia de Bienes del Estado (AABE) para luego rematarlos.

Se trata de una actividad que el Gobierno quiere eliminar. La Prefectura los intimó a retomar el servicio.

La Armada lo detectó cuando se dirigía al Estrecho de Magallanes. "Debe haber recibido orden del Canciller", dijo una fuente de la Armada.

"Es otra muestra del abandono que estamos sufriendo", dijo a LPO una fuente del Ejército.

La Prefectura realizó una jornada con legisladores donde se atribuyó competencia de la Armada y alimentó el rumor. Enojo de Presti. "El clima está caldeado", dicen.

Entre las actividades permitidas figuran empleos en plataformas de reparto y servicios de seguridad privada.

Carlos Presti y el embajador de Estados Unidos firmaron un acuerdo que incluye apoyo logístico y acceso a tecnología de última generación.

José Mucio viene con un catálogo que incluye drones, aeronaves, radares, misiles, blindados y armamento liviano.

En un informe interno denuncian salarios de pobreza, desigualdad interna y crisis educativa.

En la Armada afirman que se quedarán sin helicópteros.

Fuentes militares afirmaron a LPO que el ministro está aislado en el gabinete y no puede resolver la crisis de Defensa.

El general de brigada Sergio Maldonado había asumido en febrero. Profundas diferencias con Carlos Presti y la muerte de un suboficial retirado habrían sido el detonante de la salida.

El decreto dispone que el 10 % de los ingresos generados sea destinado a equipar las fuerzas.

El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, participó del acto, pero los ministros de seguridad y defensa faltaron.

LPO accedió a documentos que confirman la contratación. El gerente cobrará 10 millones.

El documento oficial al que accedió a LPO propone retirar propiedades y redefinir la titularidad de hoteles, delegaciones y centros recreativos. "Quieren pagar la deuda rematando el patrimonio", dijo a LPO un militar.