El Gobierno publicó un decreto mediante el cual pretende implementar el denominado Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA) que propone un nuevo esquema de financiamiento para las Fuerzas Armadas. 

El mismo  contempla la asignación de fondos provenientes de la venta y concesión de inmuebles estatales, así como de los procesos de privatización de empresas públicas contempladas en la Ley Bases.

El DNU dispone la asignación de fondos provenientes tanto de la venta de inmuebles estatales como de procesos de privatización y/o concesiones y dispone que el 10 % de los ingresos generados por la venta, locación, concesión, transferencia o cualquier otra forma de disposición de inmuebles del Estado será destinado al Ministerio de Defensa.

Sin embargo, la noticia generó malestar en la Armada porque considera que lo que eventualmente se recaude para equipar a las fuerzas no será suficiente y remarcan que están entregando un patrimonio histórico.

Un integrante de la Armada dijo a LPO que "arreglaron que de las ventas de los inmuebles militares, el 70% vaya para las Fuerzas Armadas y el otro 30% pasa al Tesoro Nacional. De todos los otros bienes que no sean de las Fuerzas Armadas, el 10% va para las Fuerzas Armadas y hay un poco de plata del FONDEF que también la van a usar para el reequipamiento". 

Los militares salieron a protestar en Mar del Plata porque el gobierno los dejó sin obra social

"Lo que pasa es que todos son puchitos, no te alcanza para comprar un submarino que, además, no podés comprar uno solo sino que tenés que comprar dos ideal tres se te van casi 3 mil millones de dólares", agregó. 

No sé si lo juntan todo eso vendiendo todo lo que tienen para vender. Si el 100% da 3 mil millones de dólares (porque lo que más tienen son inmuebles o terrenos en zonas no muy comerciales), entonces a lo mejor tienen bienes para vender por 100, 200 o 300 millones de dólares pero no hablo de empresas sino de inmuebles

Este militar activo afirmó que "si el 100% de lo que venían te da 3 mil millones de dólares (porque lo que más tienen son inmuebles o terrenos en zonas no muy comerciales), entonces a lo mejor tienen bienes para vender por 100, 200 o 300 millones de dólares".

La Base Naval de Mar del Plata podria quedar expuesta a una venta. 

"Pensar en repotenciar la defensa nacional con esto es irreal. Supongamos que vendés la exageración de 2000 mil millones en inmuebles, te corresponden 200 millones de dólares a lo mejor podes comprar una o dos fragatas usadas pero no compras submarinos ni aviones para la aviación naval. Es muy poquito", añadió.

Pensar en repotenciar la defensa nacional con el producido de la venta de inmuebles es irreal. Supongamos que vendés la exageración de 2000 mil millones en inmuebles, te corresponden 200 millones de dólares a lo mejor podes comprar una o dos fragatas usadas pero no compras un submarino ni aviones para la aviación naval. Es muy poquito en los términos de defensa así sería la cosa

El decreto hizo ruido en ciudades como Mar del Plata, que cuenta con una importante cantidad de inmuebles que dependen de las Fuerzas Armadas como el Complejo Turístico de Chapadmalal, el Instituto Unzué, la Delegación Naval Mar del Plata, el Faro de Mar del Plata, el Hotel Antártida, el Hotel Tierra del Fuego, la Base Aérea Militar y la Base de Artillería Antiaérea 601 (GADA).

En ese marco, el bloque de AM-MDF que lidera el concejal y ex intendente Gustavo Pulti, presentó un proyecto de resolución para solicitar a Javier Milei que se abstenga de impulsar cualquier decisión vinculada a la venta, concesión, cambio de uso, transferencia o modificación urbanística de la Base Naval Mar del Plata y otros bienes estratégicos alcanzados por el DNU.

"La regulación implementada abre un escenario de incertidumbre respecto del destino futuro de este patrimonio estratégico para la ciudad", señaló del bloque de Pulti. 

Justamente, LPO reveló en exclusivo que el ante el grado de desesperación para hacer frente a estos compromisos, Carlos Presti evalúa rematar 44 inmuebles militares para pagar la deuda. El documento oficial al que accedió esta redacción el pasado 23 de marzo, propone retirar propiedades y redefinir la titularidad de hoteles, delegaciones y centros recreativos.